España se enfrenta a una multa de “casi diez millones de euros” por no retribuir el permiso parental de ocho semanas para el cuidado de hijos.

“Nos está costando la friolera de casi 10 millones de euros en lo que llevamos de plazo de incumplimiento”, apuntó hace unos días el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al ser preguntado por el permiso parental de ocho semanas aprobado en 2023, sin remuneración, y que ha supuesto que la Comisión Europea actúe contra España por incumplir la Directiva Europea de Conciliación, de 2019.

En Trabajo explican que, en febrero del año pasado, la Comisión Europea interpuso una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por este motivo, que incluye una propuesta de multa a tanto alzado que “tiene un mínimo de 6.832.000 euros” y que “a partir del 2 de julio 2024 se está incrementando a razón de 9.760 euros” al día. Así, por el momento, la sanción propuesta alcanza casi los 10 millones de euros. “El incremento diario de la multa pararía en el momento en que se transponga íntegramente la Directiva”, añaden en el Ministerio de Díaz.

La cifra difundida por Trabajo es por tanto la “propuesta de la Comisión”, indican en el Ministerio y explican que será la justicia europea la que resuelva si España incumple la normativa comunitaria con este permiso y, en caso afirmativo, la suma a pagar por esta vulneración. “Esta multa se haría efectiva en el momento de la sentencia, que es cuando el TJUE fija la cuantía”, responden a elDiario.es en el Ministerio de Trabajo, desde donde prevén que el fallo llegue “antes de verano”.

Si hay condena para España y no se aprueba la remuneración del permiso con agilidad, la sanción podría incluso aumentar más, advierten en Trabajo: “Se sumaría la multa coercitiva diaria de 43.920 euros por día de retraso en la transposición”, a contar desde la fecha en que dictase sentencia del TJUE hasta el momento de la transposición completa de la Directiva europea.

En el departamento de Yolanda Díaz sostienen que, durante el procedimiento judicial, la Comisión puede desistir en su solicitud de multa coercitiva si se produce la transposición completa antes del fallo. “Sin embargo, aunque se transponga antes de la sentencia, la Comisión no desistirá de la suma a tanto alzado”, indican estas fuentes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo destacó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado marzo que “las familias españolas están esperando” este permiso retribuido y, además, sostuvo que su demora es “ineficiente económicamente”. “Estos días que hemos debatido tanto sobre fiscalidad y no fiscalidad, ... 9.760 euros diarios de multa por no cumplir con una directiva”, destacó Yolanda Díaz, en un momento marcado por el debate sobre el pago de impuestos del salario mínimo.

La coalición progresista entre PSOE y Sumar se comprometió en el acuerdo de gobierno a “remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público”. Sin embargo, y aunque el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, competente en esta materia, anunció la retribución en el año 2024 –junto a la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a las 20 semanas– no ha llegado a aprobarse.

En este tiempo, desde los ministerios de Sumar han explicado que en la parte socialista del Gobierno han encuadrado la retribución del permiso parental dentro de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que la ministra de Hacienda no ha llegado ni a presentar por la falta de apoyos para sacarlos adelante.

En este contexto, en el que cada vez parece más probable la continuidad del mandato con unos Presupuestos prorrogados, en el Ministerio de Trabajo insisten en la necesidad de aprobar la medida aunque no haya nuevas cuentas públicas. “Si hay Presupuestos, ese es el lugar por excelencia para resolverlo, pero en el escenario no presupuestario, el Ministerio de Trabajo y Economía Social lo que tiene claro es que el programa de gobierno hay que cumplirlo”, sostuvo hace unos días Joaquín Pérez Rey.

“Está negro sobre blanco, escrito, no admite dudas”, añadió el 'número dos' de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, que subrayó que “esto no es solo una cuestión de oportunidad política, es también una obligación jurídica”, de cumplimiento de la Directiva europea de conciliación. “Sea en los Presupuestos o sea fuera de ellos, hay que cumplir con Europa y hay que cumplir con las obligaciones acordadas en el programa de coalición”, subrayó Pérez Rey.