El Gobierno investigará también a Wizzair y Transavia por cobrar a los pasajeros por las maletas de mano. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado el procedimiento en Bruselas, donde ha participado en un acto de la Organización Europea de Consumidores (BEUC) sobre las prácticas abusivas de las compañías aéreas, a las que ha definido como “un sector poderoso” que está usando “todos sus recursos” para combatir la legalidad.

Bustinduy no ha ofrecido detalles sobre los plazos y las cuantías de las multas a las que se enfrentan esas dos aerolíneas bajo la premisa de que se trata de un procedimiento en curso. Consumo incluye a esas compañías de bajo coste en el procedimiento por el que España multó con 179 millones a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por prácticas abusivas, que incluyen también las políticas relacionadas con los asientos para menores acompañados, las personas con movilidad reducida o las tarifas por imprimir la tarjeta de embarque.

“Están siguiendo el mismo procedimiento que las otras”, ha dicho Bustinduy. El anuncio del ministro se ha producido en el marco de un acto con las organizaciones de consumidores europeas, que han iniciado una batalla legal contra las prácticas abusivas de siete compañías aéreas. En concreto, 16 organizaciones de doce países dela UE (entre ellos España) denunciarán ante las autoridades nacionales a esas compañías (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian Airlines, Volotea, Transavia y Wizzair) por cobrar por el equipaje de mano.

Según esas organizaciones, la obligatoriedad de pagar para llevar la maleta de mano en la cabina supone una “tarifa adicional abusiva que vulnera la legislación europea y los derechos básicos de las personas consumidoras”. Bustinduy ha reprochado, además, que las compañías cobren por ese servicio cuando ni siquiera tienen responsabilidad sobre el mismo, como sí ocurre, por el contrario, en el caso del equipaje que se factura y que viaja en la bodega del avión.

El Tribunal de Justicia de la UE se pronunció sobre la normativa española y avaló a las compañías aéreas para cobrar por el equipaje facturado, pero concluyó que el de mano era indispensable y, por tanto, no podía ser objeto de suplemento de precio siempre y cuando cumpliera con las exigencias de peso y dimensiones en lo relativo a las exigencias de seguridad.

En base a esa sentencia, el Gobierno inició los expedientes para sancionar a esas compañías. “Todas las compañías deben respetar la ley. No hay exepciones”, ha dicho Busitnduy que ha recordado que el sector de la aviación ha contado “siempre con apoyo público”, como quedó patente durante el rescate a las aerolíneas durante la pandemia.