Una comisión asesora formada por 27 especialistas en materia energética, política y jurídica se reunió este martes para sentar las bases de la posición de Paraguay en la renegociación del tratado de Itaipú, que establece las condiciones de explotación de la presa hidroeléctrica compartida con Brasil.

Se trata de la primera reunión de los expertos que aconsejarán al Gobierno paraguayo en la revisión del Anexo C del acuerdo que vencerá en el año 2023, cuando se haya cumplido medio siglo de la firma del documento.

Este epígrafe establece, entre otras cuestiones, que Paraguay tiene derecho a usar la mitad de la producción eléctrica generada por Itaipú, aunque está obligado a vender su excedente a Brasil a precio de coste.

Entre las autoridades citadas al encuentro en la Cancillería paraguaya estaba James Spalding, quien dirigió entre 2013 y 2018 el lado paraguayo de la central hidroeléctrica y que aboga por avanzar en las negociaciones para que puedan estar concluidas en un período máximo de dos años.

"Algunos creen que para el 2023 falta aún mucho, pero tenemos que tener en cuenta que cualquier revisión del anexo C deberá pasar por el Congreso brasileño y paraguayo", expresó el exdirector a los medios.

Spalding vaticinó que para ese año, Paraguay ya habrá terminado de pagar la deuda de la construcción de la presa, que actualmente se encuentra en menos de 7.500 millones de dólares, lo que le ofrecerá una ventaja en la negociación de la tarifa de la energía con Brasil.

"Con ese hecho, se genera un espacio de aproximadamente 2.000 millones de dólares al año en el presupuesto de Itaipú, que es el 60 % del presupuesto", agregó.

Según los datos ofrecidos por el exdirector de la entidad, Itaipú cuenta con "una tarifa muy competitiva" a nivel mundial, establecida en 35 dólares por megawatio a la hora.

Entre los asistentes también figuran voces críticas contra la creación de la comisión, como la politóloga Cecilia Vuyk, quien ha presentado una petición al ministro de Exteriores, Antonio Rivas, para que cree una comisión negociadora y no asesora.

"No puede instalarse una comisión asesora con gran parte de los mismos técnicos de siempre, vinculados a los negocios de Itaipú", lamentó Vuyk a los medios.

Entre los detractores también figura el expresidente de Paraguay Federico Franco (2012-2013), quien puso en duda la integridad de los expertos convocados por el Gobierno, antes de sumarse a la reunión.

"Acá hay gente que estuvo comprometida con la entrega de Itaipú", expresó el exmandatario, en referencia a la polémica acta de contratación de energía de Itaipú del mes de mayo que supuso la peor crisis del Gobierno paraguayo en su primer año.

Además, al menos cuatro personas de las que habían sido convocadas a la comisión han declinado la invitación.

"La línea negociadora que ha aplicado el Gobierno actual, hasta el presente, no ha sido revisada a profundidad para encontrarse en coherencia con los principios constitucionales", afirmó en un comunicado la docente universitaria Mercedes Canese, una de las desertoras.

Aunque no acudió a la cita, en el equipo asesor también se encuentra el economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien desde 2012 aconseja al Gobierno en materia energética, así como en políticas de salud, educación o infraestructura.

La comisión ha marcado una agenda reuniones que se celebrarán cada martes y en las que se irán estableciendo grupos de trabajo, en función de los perfiles de los expertos.