Quedan ocho semanas para el 31 de octubre, la (pen) última fecha marcada para la retirada de Reino Unido de la UE. Y en Londres no sólo no se ha aprobado el acuerdo alcanzado por Theresa May y Bruselas, sino que aumenta el caos, con la hipótesis de unas nuevas elecciones sobre la mesa. 

Ante este escenario, la Comisión Europea ha aprobado este miércoles un "último llamamiento" a la ciudadanía ante un "posible" Brexit sin acuerdo.  "A la luz de la continua incertidumbre en el Reino Unido con respecto a la ratificación del Acuerdo de Retirada y la situación política interna general, un escenario de 'no acuerdo' el 1 de noviembre de 2019, sigue siendo posible", afirma la Comisión en su comunicación.

Así, Bruselas ha publicado una checklist para las empresas que comercian con el Reino Unido a realizar sus preparativos finales "para reducir al mínimo las perturbaciones" y tener presentes "los trámites necesarios en el comercio transfronterizo".

Por último, la Comisión ha propuesto que el Fondo Europeo de Solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se pongan a disposición de las empresas, los trabajadores y los Estados miembros más afectados por un escenario de retirada sin acuerdo. Las propuestas deben ser aprobadas tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo.

El 11 de abril de 2019, el Consejo Europeo (artículo 50) amplió el período del artículo 50 al 31 de octubre de 2019 a petición del Reino Unido. A la luz de esta ampliación, la Comisión ha propuesto este miércoles introducir algunos ajustes técnicos en medidas específicas de contingencia para tener en cuenta el nuevo calendario del artículo 50. Estos ajustes afectan a tres ámbitos principales: transporte –incluida la conectividad aérea básica–, las actividades pesqueras, y el presupuesto de la UE –la Comisión ha propuesto ampliar el Reglamento de contingencia sobre el Presupuesto de 2019 para que el Reino Unido y los beneficiarios del Reino Unido seguirán teniendo derecho a participar en los programas con cargo al presupuesto de la UE y a recibir financiación hasta finales de 2020 si el Reino Unido acepta y cumple las condiciones del Reglamento de contingencia de 2019, paga sus contribuciones presupuestarias para 2020 y permite que se lleven a cabo las auditorías y controles necesarios–.

En relación con el transporte áereo, Bruselas da casi siete meses más a Iberia para adaptarse a un Brexit sin acuerdo, tal y como adelantó El Confidencial.  La Comisión, así, propone extender la prórroga concedida a las aerolíneas extranjeras para que se adapten a la legislación comunitaria desde el actual 30 de marzo de 2020 hasta el 24 de octubre, "reflejando la lógica y la duración de la regulación original".

En un escenario de Brexit sin acuerdo y sin el plan de contingencia europeo, Iberia, del grupo IAG, perdería la capacidad de operar vuelos entre dos ciudades de la UE porque más del 50% de sus acciones pertenecerían a un grupo del Reino Unido, que ya sería un país tercero.

No obstante, un acuerdo entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo del pasado mes de febrero concedía a las aerolíneas que no cumplan con las normas como consecuencia de un Brexit sin acuerdo un plazo de seis meses para cumplir los requisitos de propiedad y control de la UE, periodo que ahora se prorroga casi siete meses más.

Iberia debe reestructurar su accionariado para que más de la mitad de sus acciones estén en manos comunitarias y no de terceros países, requisito para poder operar vuelos entre dos ciudades de la Unión Europea.

También en el área de transporte, Bruselas propondrá extender la regulación para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías y de viajeros por carretera hasta el 31 de julio de 2020, siguiendo así mismo la línea de la legislación inicial.

En su cuarta Comunicación sobre la preparación del Brexit, de 10 de abril de 2019, la Comisión anunció que podría facilitarse ayuda técnica y financiera de la UE en determinados ámbitos para apoyar a los más afectados por un escenario de salida sin acuerdo. Además de los programas e instrumentos existentes, la Comisión ha propuesto ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para cubrir la grave carga financiera que puedan sufrir los Estados miembros en un escenario de salida sin acuerdo, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Además, ha propuesto garantizar que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización esté disponible para apoyar a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que sean despedidos como consecuencia de un escenario de salida sin acuerdo, bajo determinadas condiciones.

En el sector de la agricultura, se ofrecerá toda la gama de instrumentos existentes de apoyo al mercado y ayuda financiera directa a los agricultores a fin de paliar los peores efectos en los mercados agroalimentarios. Para una ayuda más inmediata, por ejemplo, a las empresas más pequeñas con una gran exposición al Reino Unido, las normas sobre ayudas estatales de la UE ofrecen soluciones flexibles en materia de medidas nacionales de apoyo.

La Comisión e Irlanda siguen colaborando en el contexto de la situación singular en la isla de Irlanda y su doble objetivo de proteger la integridad del mercado interior y  evitar una frontera física a fin de determinar tanto medidas de contingencia para las consecuencias inmediatas de una retirada sin acuerdo como una solución más estable para el período posterior.

"El mecanismo de salvaguarda o backstop previsto en el acuerdo de retirada es la única solución que preserva el Acuerdo del Viernes Santo (Belfast), garantiza el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho internacional y mantiene la integridad del mercado interior", afirma la Comisión.

En un escenario de retirada sin acuerdo, el Reino Unido pasará a ser un tercer país sin disposiciones transitorias. A partir de ese momento, todo el Derecho primario y derivado de la UE dejará de aplicarse en el Reino Unido.

No habrá un periodo de transición como el que se contempla en el acuerdo de retirada. Obviamente, esto conllevaría grandes perturbaciones para los ciudadanos y las empresas y tendría un importante impacto económico negativo, que sería proporcionalmente mucho mayor en el Reino Unido que en los Estados miembros de la UE-27.

Hasta la fecha, la Comisión ha presentado 19 propuestas legislativas, todas las cuales ya han sido adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión también ha adoptado 63 actos no legislativos y ha publicado 100 comunicaciones de preparación. La Comisión no prevé adoptar nuevas medidas antes de la nueva fecha de retirada.

Como afirmó el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ante el Parlamento Europeo el 3 de abril de 2019, si se produce un escenario de retirada sin acuerdo, se espera del Reino Unido que aborde tres cuestiones principales vinculadas a la separación como requisito previo para que la UE pueda contemplar el inicio de conversaciones sobre la relación futura: protección y defensa de los derechos de los ciudadanos que hayan ejercido su derecho a la libre circulación antes del Brexit; cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas por el Reino Unido como Estado miembro; y mantenimiento en letra y espíritu del Acuerdo del Viernes Santo y de la paz en la isla de Irlanda, así como de la integridad del mercado interior.