La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado este miércoles que la alteración de las cuentas de 2011 se basó en un "concierto" entre el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y su número dos, Francisco Verdú, y las áreas de intervención y supervisión del grupo, que orquestaron "una carrera de obstáculos" para "evitar el afloramiento de deterioros".

Durante la exposición de su informe final, la fiscal Carmen Launa ha señalado directamente al interventor del banco, Sergio Durá, y al exresponsable de auditoría interna Miguel Ángel Soria, que trataron de "evitar la entrega de las tasaciones de activos inmobiliarios, de los inventarios y de los estados financieros", como mostrarían los correos intercambiados con el auditor externo, Francisco Celma.

En este sentido, Anticorrupción considera acreditado que Soria "fue una de las piezas fundamentales para seleccionar la entrega de documentación solicitada", mientras que Durá "conocía los deterioros existentes y coordinó la obstaculización de la labor auditora".

Una situación de bloqueo que tendría como objetivo hacer que no afloraran los deterioros que arrastraba el grupo financiero desde el momento mismo de la integración de las siete cajas en diciembre de 2010, prosigue Launa, que ha descrito cómo primero se produjo "una ausencia de entrega" de los datos solicitados, y más tarde "una aportación pausada con deficiencias en la elaboración".

Si en la sesión anterior la representante del Ministerio Público reprochaba a Celma, también acusado, por su falta de diligencia en las cuentas anuales de 2010 y en las del primer trimestre de 2011, en esta ocasión le ha eximido de cualquier responsabilidad en las posibles irregularidades en los estados a 31 de diciembre de 2011.

Y es que "se quejó del retraso, advirtió de incidencias que hacían que no se pudiera concluir sobre ellas, dijo que llevaban semanas intentando reunirse (con gente de la entidad) y que se habían recibido tasaciones desactualizadas".

Sin embargo, pese a ser conscientes de la realidad que atravesaba el banco, incluido el "espinoso problema de las operaciones refinanciadas", los entonces responsables de BFA-Bankia, liderados por Rato y Verdú, mantuvieron su estrategia, la misma por la que ahora se les acusa de estafa a inversores y falsedad contable.

Asimismo, ha incidido en la preparación académica y profesional que respaldaba a los miembros de los comités de auditoría de Bankia, quienes "tenían recursos intelectuales más que suficientes para entender las valoraciones expuestas por Celma".

Por estos hechos, la fiscal pide para Rato ocho años y medio de cárcel, pena sensiblemente superior a la que reclama para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el ex consejero delegado José Manuel Fernández Norniella, que se enfrentan a cinco y seis años de prisión, respectivamente.

El que fuera director de riesgos del grupo, Ildefonso Sánchez Barcoj, se enfrenta a dos años y medio de cárcel.

La acusación se hace extensible a otras diez personas -los propios Soria, Celma, Durá y Verdú, así como los exconsejeros del grupo con presencia en las comisiones de auditoría como el exministro del Interior Ángel Acebes- para los que solicita entre dos años y seis meses de prisión.