La Comisión Europea ha tenido que echar marcha atrás. Después de constatar a finales de la semana pasada que no tenía mayoría suficiente para respaldar la reforma del Tratado de la Carta de la Energía, que el Ejecutivo comunitario sí defiende, Bruselas pedirá la retirada de la agenda de la conferencia del Tratado de la Carta de este martes el punto sobre la "modernización".

"El viernes hubo Estados miembros que no alcanzaron un acuerdo sobre la modernización del tratado de la Carta de la Energía", ha dicho la portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Miriam García Ferrer: "Solicitaremos que se elimine este punto de la agenda de la conferencia del Tratado de la Carta de la Energía, que se llevará a cabo mañana [por el martes].

37.300 millones en el período 2021-2027. Es el monto que recibirá España en fondos de cohesión del presupuesto comunitario "para acelerar la transición ecológica del país, financiar la innovación y la digitalización, aumentar la tasa de empleo y mejorar los servicios sociales locales", explica la Comisión Europea, que ha plasmado la estrategia y los detalles de estas inversiones en un Acuerdo de Asociación entre España y el Ejecutivo comunitario.

"La estrategia se centrará principalmente en las regiones menos desarrolladas", explica Bruselas: "Un 50% de los fondos se asignará a inversiones en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla.

El Gobierno y la Policía han desmentido oficialmente que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital haya sufrido un ciberataque. El periódico ABC había informado de ello a primera hora de este lunes, aludiendo a que la ofensiva había logrado acceso a "datos muy sensibles" del departamento de Análisis del organismo, que maneja información como las vidas laborales de los ciudadanos o documentación confidencial de las empresas. "Es absolutamente falso", aseguran fuentes del Ejecutivo.

"Ningún departamento del Ministerio de Asuntos Económicos ha recibido el ataque mencionado ni se ha abierto investigación por parte de la Policía Nacional.

El Gobierno no quiere que se repita la experiencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que sus propietarias, Iberdrola y Endesa, cerraron unilateralmente hace una década dejando en su piscina todo el combustible y endosando el problema de su gestión a la empresa pública Enresa.

A falta de cinco años para el arranque del apagón nuclear progresivo pactado en marzo de 2019 con las eléctricas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a consulta un nuevo reglamento sobre instalaciones radiactivas que sustituirá al vigente, de 1999.

España cerrará 2022 con la balanza por cuenta corriente en positivo (la diferencia entre las exportaciones, incluido el turismo, y las importaciones respecto al PIB) por undécimo año consecutivo. Y ocurrirá pese a la histórica escalada de la factura energética (por la subida del petróleo, el gas...). Esta fortaleza es muestra de la transformación de la economía desde la Gran Crisis Financiera de 2008. En esta crisis de inflación supone un motor clave para la resiliencia del crecimiento.

Incluso se puede considerar crucial para explicar la resistencia de la economía de nuestro país, la única de las cuatro grandes de la Unión Europea (UE) que esquivará la recesión técnica (dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad), según la mayoría de previsiones.

La recomendación del Gobierno de teletrabajar para ahorrar energía no ha calado en la gran mayoría de las empresas, evidencian las cifras de trabajo a distancia y confirman los sindicatos. Aunque esta modalidad de trabajo sigue muy por encima de los datos prepandemia, cuando era casi anecdótica, mantiene su evolución a la baja según los últimos datos de la EPA. El dato de las personas que trabajan a distancia de manera habitual y ocasional ha caído al 12%, el mínimo desde la COVID.

España ultima la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, un instrumento jurídico que será vinculante para todo el sector público y que la Comisión Europea lleva años exigiendo al Gobierno para aumentar la transparencia y la eficiencia en las compras del sector público. El Ejecutivo ha prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023.

La estrategia, prevista en la Ley de Contratos Públicos de 2017, está comprometida con Bruselas desde 2018, tras la aprobación de esa ley, que traspuso dos directivas europeas de 2014.

Pagar las facturas, hacer la compra o salir con los amigos a tomar algo. Natalia Alonso, zaragozana de 48 años, tiene que elegir cual de estas cosas dejará de hacer si quiere llegar a fin de mes. El poder adquisitivo que le garantizaba su sueldo de 20.000 euros anuales ha sido puesto en jaque por la subida de la inflación. El convenio de su trabajo —es jefa de equipo en un call center de la capital aragonesa— lleva sin actualizarse desde el 2015.

Este año se han cumplido 240 años desde que el rey Carlos III firmara en 1782 la real cédula que creó el Banco Nacional de San Carlos hasta nuestros días. Aquella institución comenzó siendo una concesión privada al conde de Cabarrús para realizar funciones tan variopintas como dar apoyo financiero a la corona o proveer de víveres y vestuario a las fuerzas armadas. Hoy ese organismo sigue existiendo. Ya no es privado, sino un organismo del Estado, y sus funciones han variado por completo.

A nadie ha de sorprender que Alemania, un país altamente dependiente del gas natural ruso, sea la economía europea más golpeada por la desconexión occidental del país de Vladímir Putin como consecuencia de la invasión contra Ucrania. No en vano, en 2021, el 55% del gas natural que importaba Alemania venía de Rusia. 

Consecuencia de esa desconexión económica de Rusia es que en Alemania haya temor a que este invierno haya carestía energética y a que se trabaje sin descanso en el Gobierno del canciller Olaf Scholz para encontrar alternativas a los hidrocarburos rusos y para desarrollar costosos –y cuestionados– programas de ayuda para salvar la economía del país.