El Gobierno mexicano debe mandar 114 restos humanos del caso de Ayotzinapa a laboratorios para su análisis, a casi cinco años de los hechos, exigió este martes el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
En declaraciones a medios, tras participar en un foro en la Ciudad de México, González Pérez afirmó que el Gobierno federal no tiene excusa para no ordenar el análisis de los restos óseos seleccionados por la CNDH, de entre un total de 63.000 hallados en el supuesto lugar del crimen, en el sureño estado de Guerrero.
"El Estado mexicano señaló y las autoridades gubernamentales han señalado que no habrá restricción presupuestal para conocer la verdad.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala.
En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.
Pero un grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó el caso y sostuvo que no era posible que los 43 cuerpos fueran quemados en el basurero y desveló que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.
El Gobierno de López Obrador, en la Presidencia desde el 1 de diciembre de 2018, ha reabierto el caso y establecido una comisión especial, brindando nuevas esperanzas a los familiares de los desaparecidos.
En este sentido, Gónzalez Pérez pidió al Gobierno mexicano cumplir su promesa de acatar la recomendación emitida por la CNDH en noviembre pasado, en la que, además de clasificar los restos óseos, propusieron 220 líneas de investigación y 120 sugerencias específicas.
"Ahí hay restos. ¿Por qué no se perician más allá de reuniones que podamos tener, más allá de las líneas de investigación que se logren trazar? Períciense esos datos para ver. A alguien corresponden esos restos", manifestó.
En noviembre del 2015, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) envió algunos de los restos humanos al laboratorio de Innsbruck (Austria), que en diciembre de ese año identificó a Alexander Mora, uno de los desaparecidos, y en septiembre de 2016 a el estudiante Jhosivani Guerrero, otro de ellos.
El titular de la CNDH rechazó comentar si al Gobierno actual le falta voluntad política para resolver el caso, pero demandó acelerar la investigación del crimen, como también lo pidieron los padres de los desaparecidos en una reunión con el presidente a principios de mes.
"Quiero pensar que el tiempo de conocimiento, de interiorización de la averiguación previa, pues haría que todavía no los hubiesen mandado, pero ya estamos en el momento en que ya no hay tiempos para dilatarnos más en enviar esos restos", argumentó González Pérez.
