Como cada sábado, decenas de mujeres participan en el taller de bordado en la Casa de Memoria José Domingo Cañas, uno de los 60 lugares de memoria protegidos por la ley chilena para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, pero las puertas del recinto hoy están excepcionalmente cerradas. Entre las asistentes, que bordan una arpillera para la conmemoración del 14º aniversario de la recuperación del sitio, la conversación gira en torno a la grave crisis de financiamiento que afecta a una parte de los espacios como este.

El Gobierno de Gabriel Boric hace cuatro meses que adeuda los recursos comprometidos en el Programa de Sitios de Memoria (PSM) iniciado en 2023, lo que ha dejado en la estacada a 13 memoriales del país. Además, el Ejecutivo anunció que cambiará la modalidad de entrega de los fondos, que pasarán a otorgarse por concurso y no de forma directa, como hasta ahora. “Como trabajadores y trabajadoras nos hemos enfrentado a condiciones de inestabilidad, inseguridad, incertidumbre y por la falta de financiamiento del Estado”, apuntaron los sitios afectados en un comunicado. 

“Estos lugares tienen un valor muy importante para nuestra sociedad, son alertas para recordar lo que sucedió, para que nunca más suceda. No puedo entender que se puedan llegar a perder”, dice a ElDiario.es Cecilia Ramírez, de 55 años, una de las asistentes al taller de bordado. Su compañera y coetánea Sol Queupil, que tiene un suegro detenido y desaparecido por la dictadura, recuerda la importancia de “no perder la memoria” en un momento de “auge del negacionismo”. 

En la Casa Memoria José Domingo Cañas, un antiguo centro de detención y tortura que hoy lleva el nombre de la calle donde se ubica, cerca del centro de la capital, trabajan cuatro personas, un par de becarios y varios voluntarios. “El año pasado éramos un equipo estable de ocho, pero la mitad tuvo que ser despedida por la inseguridad de los recursos”, explica Paulina Acevedo, encargada del área de Educación. 

Otros espacios no pudieron resistir el abandono económico y tuvieron que cerrar temporalmente sus puertas, como el Museo Neltume, en la Región de Los Ríos, al sur del país, dedicado a resguardar la memoria de la resistencia a la dictadura y las víctimas que dejó en ese territorio. 

“Al no tener otro tipo de financiamiento, queda todo un equipo de trabajo sin sueldos y el espacio queda sin la posibilidad de seguir operando, por lo que no hay otra alternativa que cerrar puertas”, apunta la presidenta de Neltume, Angélica Navarrete. 

“Para toda la red de sitios de memoria, esta situación es un golpe muy duro que no solo pone en juego la viabilidad de las instituciones afectadas, sino que da un mensaje de que este es un tema que no interesa ni a este Gobierno ni a la sociedad en su conjunto”, dice Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

Javiera Bustamante, investigadora en Memoria Histórica de la Universidad Alberto Hurtado, subraya que “son sitios ya de por sí frágiles y vulnerables, tanto en su materialidad como en cuanto a sus capacidades de gestión, en recursos humanos y económicos” y recuerda que los 13 memoriales afectados fueron seleccionados por el PSM por estar “en evidente riesgo de deterioro, desaparición, afectación y agravios”. 

Navarrete lamenta que no exista una ley que proteja un financiamiento para los sitios de memoria “de forma continua e independiente del Gobierno que asuma”, para evitar la “pelea de cada año por el presupuesto”. 

Hasta antes de 2023, cuando se implementó el PSM, los sitios de memoria sobrevivían como podían, “entre rifas, eventos para recaudar fondos y aportes personales”, aunque algunos también recibían recursos (más limitados) para proyectos específicos, explica Ana Becerra, presidenta de la fundación a cargo del sitio Rocas de Santo Domingo, un popular complejo residencial costero durante el Gobierno de Salvador Allende convertido luego en centro tortura por el régimen. 

En su primera cuenta pública como presidente, en junio de 2022, Boric se comprometió a “recuperar y revalorizar” los lugares de memoria, pero su compromiso duró un año. En 2024 su financiamiento se ha ido postergando y, tras las últimas reuniones, el Programa de Sitios de Memoria, vinculado al Ministerio de Cultura, prometió que los recursos llegarán en mayo, pero sin retroactividad. “No resuelve nuestra situación, porque no sabemos qué va a pasar en estos tres meses previos”, critica Acevedo. “Además, si los fondos son concursables nos obligará a competir entre nosotros, lo que es muy perverso”, añade. 

Los trabajadores de los memoriales afectados dicen sentir “tristeza, rabia y decepción”, además de considerar “una falta de respeto a la memoria y a las personas desaparecidas”, en palabras de Paulina Acevedo. 

Claudio Nash considera “inconcebible” la actitud “indolente” de un Gobierno integrado por partidos que sufrieron la represión y que siempre habló de los derechos humanos como parte esencial de su agenda. Para él, lo ocurrido “se acerca más a un acto de traición que a un acto de desprolijidad o abandono”. 

Trabajadores del sector han mostrado su apoyo en público y, a nivel internacional, la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) y la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que agrupa más de 370 sitios en más de 70 países, emplazaron al Gobierno chileno a “ofrecer una solución inmediata” a los lugares perjudicados. 

Más allá de las soluciones que el Ejecutivo ofrezca en el corto plazo, la antropóloga Bustamante opina que esta crisis “demuestra la deuda histórica (del Estado) con las políticas de memoria en Chile y las tareas pendientes en verdad, justicia y reparación”. 

Convencida de que la Casa de Memoria José Domingo Cañas “resistirá” este impasse, Paulina Acevedo lo resume así: “Es el Estado el que tiene la obligación ética y moral de mantener estos sitios porque fue el que en su momento violó los derechos humanos de miles de personas”.