La última ley aprobada en el Parlamento Europeo de la legislatura 2019-2024 fue la NZIA. Una normativa para impulsar la industria cero en emisiones netas de gases de efecto invernadero. Una directiva medioambiental que, según el grupo de Los Verdes, salió del gran hemiciclo aguada como ya ocurrió con la normativa sobre pesticidas, sobre el vehículo eléctrico o las condiciones ambientales para la Política Agraria Común. Una dinámica parecida a la que afectó a una de las grandes apuestas de la Unión Europea para el ciclo que ahora acaba: la ley de Restauración de la Naturaleza que se ha visto torpedeada en todo su camino desde los partidos de ultraderecha primero y derecha tradicional, después.

Porque si la legislatura comenzó con el Pacto Verde Europeo como la bandera que enarbolaba la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, la presión de la ultraderecha y el miedo a perder votos ha hecho que las medidas inspiradas en ese pacto se hayan diluido, retrasado o modificado a la baja. 

Un estudio del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales publicado con vistas a los comicios continentales ha calculado un fuerte giro a la derecha en la Unión Europea en el que la agenda verde ha ocupado un papel central. “Que los partidos populistas de ultra derecha ganen votos tiene consecuencias especialmente en las políticas medioambientales. Es previsible que la nueva mayoría se oponga a una acción ambiciosa para atajar el cambio climático”, describe el trabajo. “Es probable que domine la coalición anticlimática”, afirma uno de sus autores, Kevin Cunningham. 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmaba en 2019 que “el viejo modelo de crecimiento basado en los combustibles fósiles y la contaminación está caducado”. El futuro, decía, pasaba por “el Pacto Verde Europeo”. Y cuando se diseñaba la estrategia para salir del shock del Covid-19 en 2020, Von der Leyen aseguraba que ese Pacto Verde Europeo era “nuestro salvavidas”. 

Cuatro años después, tras ver tractoradas de protesta en Francia, Alemania, España y Brusleas, la misma presidenta declaraba en febrero de 2024 en la sede parlamentaria: “La propuesta [sobre la reducción de pesticidas] se ha vuelto un símbolo de la polarización. Ha sido rechazada por el Parlamento y no se está consiguiendo progresar en el Consejo. Por eso he decidido retirar esta propuesta”. Era la confirmación del giro antiverde que se ha acelerado a medida que se acercaban las elecciones europeas.

La victoria de marzo de 2023 en Países Bajos del Movimiento Campesino-Ciudadano –un partido populista de centro-derecha que protestaba contra las medidas ambientales– encendió las alarmas en los grandes partidos europeos. Entonces empezaron a mirar con temor las protestas agrarias que se iban multiplicando. Y el medio ambiente pagaría el pato.

El malestar de los productores del sector primario había constituido un campo abonado para los partidos de ultraderecha que han inflamado las protestas con proclamas incendiarias. Basta fijarse en cómo resumía su estrategia el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, en una sesión plenaria en Estrasburgo: “Ustedes deberían estar pidiendo perdón por el Pacto Verde Europeo. Por supuesto que vamos a derogar su Pacto Verde Europeo y, por supuesto, vamos a borrar de la historia su diabólica Agenda 2030. Han devastado el sector primario, condenando a miles de explotaciones agrarias al cierre, condicionando las ayudas de la PAC, inundándoles de burocracia, restricciones y prohibiciones”, según recoge el Diario de Sesiones. “Votamos en contra de su PAC, votamos en contra del Pacto Verde Europeo, votamos en contra de sus estrategias y de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y, por supuesto, lo vamos a derogar”, remataba el ultraconservador. 

Pero si el frente antiverde había estado liderado (y alentado) por formaciones netamente de ultraderecha, a partir de la victoria electoral del Movimiento Campesino-Ciudadano, la derecha tradicional viró sus posturas en la idea de que podían padecer una sangría de apoyos por ese flanco. La principal víctima fue la normativa ambiental que debía sostener el, considerado hasta entonces, crucial Green Deal. A partir de entonces, las votaciones sobre medidas ambientales comenzaron a cambiar. 

El rumbo lo marcó el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que se ha opuesto a sacar adelante la ley de Restauración de la Naturaleza. En las primeras fases parlamentarias, Weber trató de hacer descarrilar la norma con una especie de enmienda a la totalidad. “No es el momento de aprobar ahora una ley que llevará a una menor producción agrícola. Necesitamos una nueva propuesta que tenga en cuenta estas preocupaciones”, dijo en junio de 2023. 

Su estrategia no salió vencedora, pero los mimbres para socavar la regulación se habían colocado. Y terminarían surtiendo efecto cuando este proyecto terminó bloqueado por un grupo entre los que estaban Italia, Hungría, Austria o Finlandia.

Cuando unos meses después –en una mañana de enero de 2024– una tractorada desfiló por las calles de Bruselas, la protesta agraria llegaba a la capital comunitaria. La manifestación centraba sus proclamas contra la agenda verde de la Unión Europea. Al desfile se apuntaron varios eurodiputados de ultraderecha. Aunque la participación era menor que las de otras manifestaciones parecidas en Francia o Alemania, portaba el simbolismo de realizarse en el corazón de la Unión. Y producirse solo seis meses antes de los comicios para el Europarlamento. En ese momento –y con el miedo electoral instalado en los grandes partidos, especialmente el Partido Popular Europeo– se aceleraron las grietas en el Pacto Verde.

La vicepresidenta tercera y cabeza de lista del PSOE en Europa, Teresa Ribera, ha contado a elDiario.es que el discurso que ha unido el malestar agrícola y las medidas ambientales está basado “en la preocupación y el miedo a tener que afrontar cambios importantes en la manera que producimos y consumimos”. Justamente el objetivo que subrayaba Von der Leyen al presentar el Green Deal en 2019.

Y proseguía: “Hay quienes se sienten amenazados por un cambio en la estructura energética, quien se siente amenazado por una sequía prolongada que genera falta de agua o el riesgo de desertificación. Y el problema no es la agenda verde, el problema es la falta de agenda verde”. 

Sin embargo, a la oleada de agricultores cortando carreteras, atascando calles y concentrándose frente a sedes ministeriales también en España, la UE respondió relajando, entre otras cosas, las condiciones de salvaguarda del medio a las que se habían asociado parte de las subvenciones de la Política Agraria Común. La mayoría eran medidas para intentar frenar el avance de la desertificación y la pérdida de suelo fértil que amenazan a Europa en general y a España en particular. 

Las tractoradas abrieron la puerta a una batería de bulos como el de la destrucción premeditada de embalses o la culpabilización del lobo para explicar los problemas de la ganadería.

Finalmente, a finales de febrero de 2024, los Estados acordaron levantar la obligación (si se quería recibir fondos europeos) de mantener una mínima cobertura vegetal en los suelos agrícolas para impedir la erosión del terreno desnudo por la constante roturación. También flexibilizaron la necesidad de la rotación de cultivos para devolver nutrientes a los suelos y evitar así el uso más intensivo de fertilizantes –origen de la contaminación de las aguas subterráneas–. Una tercera medida que desapareció fue la de dejar una porción de campo sin cultivar para el barbecho u otros ecosistemas como lagunas o lindes con flores (que faciliten la presencia de insectos polinizadores). La Comisión también ha abierto una revisión del estatus legal del lobo que podría rebajar la protección de la especie como han pedido, precisamente, los grupos de presión de la ganadería. 

No terminó ahí la tendencia antiverde. En marzo de 2024 y después de que el Parlamento aprobara una versión afeitada de la ley de Restauración de la Naturaleza, todo el proceso quedó congelado. Y eso teniendo en cuenta que el 80% de los hábitats europeos están dañados y el objetivo de la directiva era recuperarlos para 2050 con una meta volante del 20% en 2030. 

En el momento en el que los estados debían dar visto bueno final, se conformó una minoría de bloqueo que impedía que el plan saliera adelante. Un grupo conformado por Hungría, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica e Italia. La base del bloqueo ha residido desde su inicio en que la regulación no moleste a la producción agroganadera. 

El PP español también vio aquí una oportunidad política y las 14 comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP (algunas de ellas en coalición con Vox) remitieron una carta al Gobierno español en la que pedían la paralización de esta ley por, decían, “arbitraria, poco rigurosa y errónea”. Una vez más, adujeron que ponía “en riesgo” al sector primario.  

A pesar de esta relación entre protestas agrarias, debilitamiento de la protección ambiental y horizonte electoral, algunos estudios muestran que la noción de que impulsar un retroceso en las políticas verdes ya es una tendencia que domina la opinión pública europea no responde al deseo general de la población. Un sondeo del Centro Jacques Delors (CJD) publicado en marzo de 2024 y realizado mediante 15.000 entrevistas a ciudadanos de Francia (la primera potencia agrícola de la Unión Europea), Alemania (la primera economía) y Polonia reflejaba que no hay un deseo generalizado por un retroceso en políticas ambientales, pero sí “una clara polarización entre partidos”. 

El líder del partido de ultraderecha alemán AfD, Lutz Jankus, ha dejado claro cómo alimenta esa división: “Los verdes son nuestro principal enemigo”. Y ha dado dos de sus ejemplos: “No queremos decir a la gente cómo deben calentar sus casas ni qué tipo de motor debe tener su coche”. Pero la macroencuesta del CJD contesta que, según sus datos, “una mayoría de votantes todavía desea políticas climáticas más ambiciosas y apoyarían un paquete de medidas concretas para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Y, sin embargo, en el último año, lo que se ha constatado es el debilitamiento en materia de impuestos a combustibles fósiles, en la regulación con vistas a una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, en las leyes para revertir la destrucción de hábitats e, incluso, en dar marcha atrás en la protección de especies en peligro. El diputado de Los Verdes Bas Eickhout aprovechó el final de la legislatura europea para desafiar a los conservadores y la ultraderecha sobre cómo han terminado por unirse para minar el Green Deal. “Me acuerdo de cuando, en 2020, esta Cámara declaró por una gran mayoría la emergencia climática. Incluso los conservadores dejaron muy claro que necesitamos una acción urgente. Pero, desde entonces, solo hemos visto como los mismos conservadores han presionado para aguar las leyes y ahora ofrecen falsas promesas”.

Texto publicado en el número 44 de la revista de elDiario.es, 'Qué ha hecho Europa por nosotros'.