Sentado en su despacho de paredes verde pistacho y columnas de mármol rosado, Adam Bodnar cuenta que, antes de instalarse en este ministerio, no sabía que sus salones eran tan majestuosos. Una de sus primeras decisiones nada más asumir la cartera de Justicia fue volver a colocar en su oficina la bandera de la Unión Europea junto a las insignias rojas y blancas de Polonia. Ese mismo día, en un golpe de timón, firmó una solicitud de adhesión a la Fiscalía Europea.

El ministro dirige la mirada a una pared. Ahí, señala con el dedo, su predecesor dejó un crucifijo. “Lo quité, no era el lugar para ese tipo de símbolos”, dice en una conversación con elDiario.es. Ahora hay un póster con la inscripción ‘Konstytucja’ [Constitución, en polaco], un diseño que se popularizó en las protestas en defensa del sistema judicial. “Es muy importante para mí y también uno de los símbolos de mi lucha por el Estado de Derecho. Debe estar aquí”, apunta.

Bodnar, un reconocido y veterano abogado de derechos humanos que fue Defensor del Pueblo, define sus primeros meses en el puesto como “intensos” y “muy exigentes”. Está a cargo de una tarea monumental: revertir la erosión del sistema judicial polaco tras ocho años de gobierno ultraconservador, un plan estrella del primer ministro Donald Tusk. 

A orillas del río Vístula soplan vientos de cambio, pero desmantelar el profundo legado de Ley y Justicia (PiS) no está resultando fácil. Tusk cogió las riendas del Gobierno en diciembre con la promesa de deshacer el retroceso democrático, despertando grandes expectativas. Pasados los primeros meses, algunos polacos no están contentos con el ritmo de cumplimiento. Otros, en cambio, piensan que aún es pronto para sacar conclusiones. “Ha pasado poco tiempo”, dice Artur, un ingeniero aeronáutico de 45 años, en una estación de metro cerca del emblemático Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia. “Tenemos esperanzas de que las cosas cambien. Ganara quien ganara, limpiar todo el caos del Gobierno anterior iba a ser una tarea difícil. Exige decisiones poco populares”.

Aupada por una participación récord, la oposición, con el centroderecha liderado por Tusk a la cabeza, se hizo con la mayoría parlamentaria para formar una coalición gubernamental y desalojar a los ultraconservadores del poder ejecutivo en las elecciones del pasado octubre. Sin embargo, a la hora de avanzar con el proceso de reformas para pasar página, el nuevo Gobierno tiene la manos atadas a nivel legislativo: en la cúspide de los obstáculos está el veto a cualquier ley que puede ejercer el presidente Andrzej Duda, aliado del PiS. 

“No tenemos posibilidades de que ninguna ley preparada por este Gobierno sea firmada por el presidente”, dice Bodnar. Repasa los recursos que sí tiene a su alcance como los decretos y ordenanzas, mientras insiste en que no va a tomar “atajos”. “Intento aprovechar esas posibilidades para demostrar a la gente que el cambio se ha producido de verdad. Podemos conseguir muchas cosas usando la legislación vigente, sin cambiar la ley”, explica, en referencia a algunas medidas, como el fin de los procedimientos disciplinarios contra los jueces críticos o la cancelación de los nombramientos de varios presidentes de tribunales designados por sus predecesores.

El Gobierno está navegando por lo que algunos expertos llaman el “campo de minas legal” dejado por PiS, que llenó instituciones y organismos clave de leales y ahora acusa a Tusk de violar la ley con sus medidas. “Polonia está viviendo una fase de postpopulismo en la que hay que volver a establecer los fundamentos del Estado a través de un verdadero campo de minas legal”, dice Jaroslaw Kuisz, analista político. “Es como atravesar el barro. Tras 2015, todos los cambios se hicieron ilegalmente. El Tribunal Constitucional está lleno de gente que no debería estar ahí. Así que hay que utilizar el poder ejecutivo de una manera muy astuta pero limitada”, agrega Kuisz, redactor jefe de Kultura Liberalna. 

Desde su despacho en el ministerio, Bodnar traza cómo era el engranaje creado por el Gobierno ultranacionalista: basado en “politizar” las instituciones – además del Constitucional, “la Fiscalía, los servicios secretos, la Policía y los medios de comunicación públicos”– y concebido “para durar para siempre”. “Construyeron una especie de sistema iliberal, con características de una democracia típica pero con todas las instituciones al servicio de los que controlan Polonia”. Tampoco había rendición de cuentas, ya que estas mismas instituciones “encubrían” los abusos cometidos, añade.

Al calor de las protestas que estallaron en defensa de la independencia judicial, Paulina Kieszkowska-Knapik y otros tres abogados fundaron Tribunales Libres para luchar contra los ataques contra el Estado de Derecho. “Cuando el PiS tomó las instituciones y las cambió contra la Constitución, viramos a un sistema autoritario. Sus medidas buscaban controlar totalmente la sociedad. Es un milagro que hayamos revertido esto”, dice la letrada. Ahora, Kieszkowska-Knapik asegura que puede ver la luz al final del túnel. “La prioridad debe ser limpiar el sistema de falsos jueces que, según los tribunales europeos, no son independientes y no han sido elegidos adecuadamente. Esto requerirá una ley, que está en preparación. Va por buen camino”.

Las controvertidas reformas del poder judicial estuvieron en el corazón de la larga disputa con Bruselas, donde la deriva de Varsovia ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para los líderes europeos. El regreso de Tusk, expresidente del Consejo Europeo, ha sido recibido con alivio en las instituciones comunitarias. El pasado miércoles, la Comisión Europea dio carpetazo definitivo al procedimiento sancionador del artículo 7 contra Polonia, que podría haberle dejado sin derecho a voto, al considerar que ya no hay un “claro riesgo” de agresiones al Estado de Derecho.

El Ejecutivo comunitario también ha desembolsado los primeros fondos del plan de recuperación que tenía bloqueados por las dudas sobre la independencia judicial. Lo hizo alentada por el plan de acción que presentó Bodnar en un intento de reparar la relación con Bruselas y corregir sus preocupaciones. “Hay mucho escepticismo sobre si ha cambiado algo importante mientras que la UE despeja tanto dinero, que son fondos que este país necesita para la transición hacia un futuro más sostenible. ¿Qué ha cambiado? Lo principal es la adhesión a la Fiscalía Europea”, dice Piotr Maciej Kaczyński, experto en la UE. “Y no somos el mayor problema de Europa de momento, este es el gran cambio. Polonia no solo está de vuelta: está asumiendo una posición de liderazgo. Tusk es en 2024, de facto, el político más importante del Partido Popular Europeo”, añade.

Bodnar dice que su equipo ha estado en comunicación con Bruselas desde el primer día. “Independientemente de los cambios que hemos hecho, hemos logrado un nivel de confianza diferente. Tal vez ayuda que no solo hablamos, sino que tenemos cierta credibilidad. No intentamos hacer trampas”. Su intención, explica, es que varias leyes relativas a la judicatura presentadas a la UE se aprueben antes de finales de año. 

Pero el ministro reitera que la magnitud de los cambios requerirá más tiempo. La coalición gobernante tiene en el punto de mira las elecciones presidenciales de 2025 –a las que Duda no puede presentarse– y confía en tener mucho más margen para actuar si logra una victoria en las urnas. Sin embargo, este escenario no se da por descontado, ya que hay grandes interrogantes sobre estos comicios. “El PiS sigue siendo fuerte, lo vimos en las últimas elecciones locales de abril [en las que bajó la participación y fue la fuerza más votada]. El partido está en reconstrucción y preparándose para las futuras elecciones. Va a ser una batalla dura”, anticipa Bartłomiej Biskup, politólogo de la Universidad de Varsovia.

El primer gran campo de batalla del intento de Tusk de resetear Polonia fue la cadena pública de televisión TVP, considerada ampliamente una máquina de propaganda del anterior partido gobernante. Y fueron días convulsos. Despidos de la alta dirección, canales que dejaron de emitir, partidarios del PiS atrincherados en la sede, un proceso de liquidación... El Gobierno rápidamente emprendió una cruzada –en fechas navideñas– con el objetivo declarado de restaurar el equilibrio informativo en los medios públicos, pero algunas medidas despertaron dudas legales. “Si lo hubiésemos hecho nosotros, la Comisión Europea habría solicitado a diario procedimientos de infracción”, afirmó un diputado del PiS.

“Había muchos escenarios y ninguno era perfecto. La televisión pública funcionaba contra sus fundamentos constitucionales. Esto es parte de la historia populista, violaron la ley. La pregunta es, al intentar restaurar el Estado de Derecho, ¿violas una ley ilegal?”, pregunta Kuisz. TVP funciona, pero tiene dificultades para conseguir financiación y persiste el escepticismo sobre si podrá ser verdaderamente independiente. “No hay dinero procedente del regulador estatal”, indica el periodista Jacek Zakowski. “Antes teníamos una televisión gubernamental y ahora también. No han tenido éxito. La televisión pública no era tan influyente como creía la coalición de Tusk. Estamos en el siglo XXI, hay otras fuentes importantes de información para el público como las redes sociales”, afirma Zakowski, fundador del departamento de periodismo y nuevos medios de la universidad Collegium Civitas.

El Gobierno polaco ha sido blanco de críticas por cumplir solo una pequeña parte de las 100 políticas que Tusk prometió introducir en sus primeros 100 días en el cargo. Una de las mayores asignaturas pendientes es revocar la prohibición casi total del aborto que rige tras la vuelta de tuerca de la era del PiS. El estancamiento del debate parlamentario generó frustración a principios de año, pero en abril cobró un nuevo impulso cuando los legisladores votaron a favor de enviar a una comisión especial cuatro propuestas de los socios de coalición para relajar la restricción al aborto, incluidos dos que buscan legalizarlo hasta la semana 12. “Las mujeres fueron uno de los primeros grupos atacados por el PiS y despojados de sus derechos”, dice Robert Biedroń, eurodiputado polaco del grupo socialista. “Estamos trabajando en las reformas necesarias para garantizar por fin que en nuestro país se respete y proteja a todo el mundo, incluso ante su propio gobierno”. 

El debate sobre el aborto ha sacado a flote la otra gran dificultad que afronta Tusk: las diferencias dentro de la ecléctica alianza gobernante, formada por la liberal Coalición Cívica del primer ministro, los progresistas de Nueva Izquierda, y Tercera Vía (de centroderecha, que agrupa al conservador y agrario Partido Popular Polaco y Polonia 2050). Este último bloque, el ala derecha de la coalición, ha expresado opiniones más conservadoras sobre el derecho a interrumpir el embarazo: a diferencia de sus socios, solo aboga por un regreso al estatus existente antes del fallo judicial de 2020, cuando sí se permitía en caso de grave malformación del feto. Y, de nuevo, todos los caminos llevan al veto de Duda, quien, con toda probabilidad, se opondría a cualquier tipo de flexibilización. El presidente ya ha vetado una ley aprobada que permitía vender la “píldora del día después” sin receta a mayores de 15 años.

Los derechos reproductivos se han convertido en una prueba de fuego para el Gobierno. “La frustración está aumentando, a mí me pasa”, dice Mateusz Bieżuński, coordinador de incidencia internacional de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar, una organización que apoya desde hace años el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo. “Tusk ha declarado que apoya el aborto legal, el problema es que no tiene poder sobre su coalición. Recuperar la legislación de 2020 mejoraría la situación, pero no es suficiente. No queremos volver a lo de antes”.

Precisamente, parte de las raíces de la derrota del PiS se sitúan en el endurecimiento de la ley del aborto y las multitudinarias protestas que desató, explica el sociólogo Jacek Kucharczyk. “Ley y Justicia se valió de la polarización para ganar y gobernar ocho años, dividiendo a la sociedad entre ‘verdaderos patriotas’ y ‘élites’ e imponiendo narrativas sobre la familia y el catolicismo. Con la restricción del aborto quería demostrar que hacía lo que decía”, dice el director del Instituto de Asuntos Públicos. “Las mujeres jóvenes salieron a la calle y las protestas fueron reprimidas. Si nos fijamos en las encuestas, algo cambió en la sociedad. La sentencia sobre el aborto consolidó la oposición contra el PiS. Y Tusk se las arregló para adoptar esa agenda: las primeras protestas por el aborto fueron espontáneas, pero la última gran manifestación en Varsovia la organizó su partido”. Desde octubre, se ha hablado largo y tendido del papel de las mujeres y los jóvenes en el triunfo electoral de Tusk. “Si solo votaran los hombres, tendríamos un Gobierno del PiS y Confederación (extrema derecha). Si solo votaran las mujeres, la oposición al PiS tendría una mayoría más cómoda”, resume Kucharczyk.

A la vez que reconoce la presión por la “impaciencia” de los votantes por ver cambios de calado, el ministro Bodnar defiende que el cambio de tono y de atmósfera ha sido un paso significativo. “La forma de hacer las cosas también es importante. Por ejemplo, no criticar a los tribunales por sus sentencias”, dice. En este mismo ministerio recibió a finales de enero a representantes de organizaciones LGBTI y les pidió perdón por el daño causado por el Estado polaco durante años de ataques y retórica hostil. “Fue una sorpresa”, dice Annamaria Linczowska, responsable de contenciosos de Campaña contra la Homofobia (KPH), una de las presentes. “Fue un gesto muy simbólico y realmente conmovedor. Nos da esperanza de poder cooperar”. El Gobierno ha prometido introducir las uniones civiles para parejas del mismo sexo y ampliar la legislación sobre delitos de odio. “Lo más importante es que los cambios se consulten con la comunidad”, señala Linczowska.

“Definitivamente hay más voluntad de hablar con las organizaciones, pero el cambio es lento”, dice Miko Czerwiński, director de campañas de Amnistía Internacional Polonia. A su juicio, estos ocho años de ultranacionalismo se han traducido en un espacio “cada vez más reducido para los derechos humanos”. “El Gobierno tiene que garantizar que estos derechos están grabados en piedra y poner fin al odio y al acoso” contra los activistas, explica. “Seguimos viendo, por ejemplo, problemas con el trato de la policía en las protestas”, agrega Czerwiński.

También preocupa la situación en la frontera con Bielorrusia. Miles de migrantes y solicitantes de asilo han intentado cruzarla desde 2021 enfrentándose a abusos y devoluciones sistemáticas. Tusk se ha comprometido a fortificar más la zona y ha mantenido una retórica dura contra la inmigración, llegando a sugerir que es una amenaza contra “la supervivencia de la civilización occidental”. “No dista mucho del PiS, porque se dirige al mismo público. Es un círculo vicioso: cuanto más antimigración es el Gobierno, más antimigración es la sociedad, y viceversa. Me gustaría que el Ejecutivo deje de ser islamófobo”, dice Natalia Gebert, directora de Dom Otwarty, una pequeña ONG que ayuda a quienes huyen a Polonia. Mientras habla en su despacho, un grupo de niños de Ucrania, Bielorrusia y Chechenia recibe clases de matemáticas en la habitación de al lado. “Yo tenía algunas esperanzas en el cambio cuando llegaron al poder, pero desaparecieron con la primera muerte en la frontera. No confío mucho. Esto es herencia del Gobierno anterior, ya no confiamos en el Estado. Es una brecha que tardará años en repararse”.

Una cosa queda clara: Varsovia está viviendo algo más que un simple cambio de guardia de un gobierno a otro. No es raro escuchar comparaciones entre este periodo post-PiS y la transición tras el fin del comunismo, aunque no todo el mundo coincide en esta interpretación.

“Las diferencias son enormes. Polonia ahora está en la UE. Al mismo tiempo, hay aspectos que son más difíciles. Ley y Justicia tiene muchos más votantes leales que los postcomunistas, es un desafío mucho más serio para el actual Gobierno. Pero algunos retos sí son similares, como los medios”, dice el sociólogo Jacek Kucharczyk. El analista Jacek Zakowski, que ejerció de portavoz del movimiento Solidaridad en los 80, está convencido de que el momento actual es “mucho más difícil”. “Los comunistas cooperaban, no intentaban oponerse. Ahora, el anterior Gobierno no coopera y la sociedad no está preparada para esperar tanto”, dice. “Y ahora, la historia está del lado de la autocracia populista autoritaria”.

Polonia logró frenar la deriva ultraconservadora, pero el camino del nuevo rumbo sigue siendo cuesta arriba. Hay quienes ven en esta experiencia un aviso a navegantes para otros países del entorno, a las puertas de unas elecciones europeas en las que todo apunta a un incremento notable de la ultraderecha. “Esta es una lección universal para todos los países que se enfrentan al populismo. Es difícil librarse de él, pero no es menos difícil gobernar después, porque captura las instituciones como una hiedra. Hay que ser un jardinero paciente para restaurar las normas democráticas”, dice Kuisz, autor del libro La nueva política de Polonia.

Piotr Maciej Kaczyński aporta algunos matices: “Cada país es diferente. No solo los hemos derrotado aquí: también lo hizo Lula en Brasil o Biden en EEUU, demostrando que se necesitan líderes que son peces gordos. En países como España, Francia o Alemania la cuestión ahora es la prevención”. “No podemos retroceder en el tiempo”, subraya el eurodiputado Biedroń. “Pero podemos y debemos extraer una lección de ello: la democracia es un estado y no un concepto inmóvil. No podemos darla por sentado”.