Más de 1.200 personas han sido detenidas esta semana en protestas contra el resultado oficial de las presidenciales que celebró Venezuela el domingo, según dijo este miércoles el mandatario Nicolás Maduro, proclamado ganador de los comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el lunes, sin que aún se hayan publicado las actas.

La cifra de detenidos dada por Maduro supera la de 1.062 indicada horas antes de este miércoles por el fiscal general, Tarek William Saab, quien también señaló que, durante las protestas, resultaron heridos 77 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado, 29 más que los que se registraban el martes, cuando también informó de la muerte de un sargento en la región de Aragua (norte).

“Estos son unos criminales, tenemos más de 1.200 criminales capturados”, dijo el jefe de Estado ante decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) en un sector de Caracas, según un video publicado por el líder chavista en redes sociales.

Asimismo, reiteró que esas personas fueron “entrenadas con tiempo” en Perú y Chile, y señaló que también en “Texas” y en “Colombia”, con el objetivo de ir a Venezuela a “atacar, a quemar, (...) eso es terrorismo”, indicó. Perú ya se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Maduro y ha calificado de lamentable que acuse al país andino de contar con “centros de entrenamiento” de manifestantes antigubernamentales que fueron supuestamente “capturados en los destrozos” de las protestas.

Previamente, en una rueda de prensa, Maduro dijo que “casi el 80 %” de los venezolanos que regresaron “en vuelos (de repatriación) de Estados Unidos están en el ataque criminal”, en alusión a las protestas, que se han extendido por varias regiones del país, especialmente después de que la oposición mayoritaria asegurase que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó por amplio margen las presidenciales.

La ONG Foro Penal ha documentado que, al menos, 11 personas han fallecido en el marco de las protestas, así como 429 detenciones. Organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos han condenado la represión y violencia, y han exigido a las autoridades garantizar el derecho a la protesta. Han mostrado su preocupación por las detenciones “arbitrarias” y la criminalización de la protesta, así como por “un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet”.

Entre las organizaciones firmantes del comunicado que recoge estas denuncias figura Amnistía Internacional. “Hacemos un llamamiento a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza”, exhortan, y exigen a esas mismas autoridades a “desescalar la conflictividad, hacer uso de medios no violentos, utilizar la fuerza de manera progresiva y diferenciada, y respetar el derecho a la participación política a través del proceso electoral”.

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela también ha mostrado su preocupación por la “nueva ola de persecución contra los líderes de los partidos políticos de la oposición”. “Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos y su derecho a la participación política y la libre expresión de las ideas”, dice Patricia Tappatá, experta de la misión.

Las manifestaciones empezaron el lunes, cuando el CNE declaró ganador a Maduro por poco más de 704.114 votos frente a González Urrutia. Buena parte de la comunidad internacional, incluidos actores de peso de la izquierda latinoamericana, ha exigido la publicación de las actas antes de reconocer el triunfo del mandatario.

La oposición mayoritaria asegura disponer de más del 80% de las actas, las que –insiste– otorgan la victoria a González Urrutia por un amplio margen. Sin embargo, ningún organismo internacional ha validado su conteo.

La líder opositora de derechas María Corina Machado acusó este miércoles a Maduro de haber escogido el camino de “la represión” y “la mentira” tras “su derrota” en las presidenciales. “Le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica; sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira”, escribió en X Machado, principal valedora de González Urrutia.

Maduro dijo este miércoles que González Urrutia y Machado tienen que “estar detrás de la reja”, por supuestas acciones “criminales” en los últimos días. “Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo que esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela”, dijo el jefe de Estado en rueda de prensa.

El Centro Carter, que participó como observador en las presidenciales, manifestó este martes que el proceso “no se adecuó” a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que “no puede ser considerada como una elección democrática”.

Maduro aseguró este miércoles que el informe de la entidad estaba ya escrito desde hace un mes y que lo que le faltaba –dijo– era “picantico”. “Todos los que vinieron del Centro Carter a Venezuela traían el informe ya escrito, lo tenemos desde hace un mes, tenemos el informe del Centro Carter ya escrito, lo que les faltaba era pincatico que le pusieron ahora, porque se desnaturalizaron, ya no es Jimmy Carter quien lo dirige, solo lleva su nombre, lamentablemente”, dijo en una rueda de prensa. 

El Centro Carter formaba parte de los observadores internacionales que habían sido invitados por el Gobierno de Maduro para fiscalizar los comicios. Desplegó 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, con equipos en Caracas, Barinas, Maracaibo y Valencia, donde se reunieron con “una amplia gama de actores, incluyendo el CNE, candidatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil”, entre otros.

La organización destacó en su comunicado que el ente electoral no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que “constituye una grave violación de los principios electorales” y que el proceso “se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación”. El centro concluyó que no puede “verificar o corroborar la autenticidad” de los resultados de la elección presidencial declarados por CNE.