Maduro se enroca y resiste las crecientes presiones internacionales tanto de los observadores electorales invitados por su propio Gobierno, como de buena parte de la comunidad internacional, que se resiste a reconocer su victoria hasta que no se publiquen los detalles del escrutinio.

Cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, el organismo prometió que las actas con los detalles de los resultados mesa por mesa se publicarían en “las próximas horas”, tal y como exige la ley. Casi tres semanas después, las únicas actas que aparecen son las publicadas por la oposición, que dan a su candidato, Edmundo González Urrutia, una victoria aplastante contra el presidente, incrementando así las dudas sobre el recuento oficial.

Este viernes, 22 países –entre ellos España, EEUU y varios latinoamericanos– y la UE han firmado una declaración conjunta en la que piden al Gobierno de Venezuela la liberación de todos los detenidos y publicación de todas las actas originales y “la verificación imparcial e independiente de los resultados, preferiblemente por una entidad internacional”.

El grupo pide también que se permita el regreso de de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, suspendida y expulsada del país por las críticas a la represión del Gobierno.

Por su parte, los Gobiernos progresistas de Brasil y Colombia, principales mediadores en la crisis venezolana, también empiezan a mostrar señales de cansancio frente a la resistencia de Maduro y airean en público posibles alternativas. El influyente asesor para Asuntos Internacionales del Gobierno brasileño, Celso Amorim, afirmó este jueves ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que “está muy clara la impaciencia” del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con “la demora de las actas”.  “Si las actas no aparecen, no vamos a reconocer a ningún Gobierno”, dijo claro Amorim, quien aclaró que se está llegando “a un punto en que es preciso sentir una evolución real”. En una entrevista realizada el jueves, el presidente Lula afirmó que Maduro “sabe que debe una explicación a todo el mundo”.

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, comentó Lula –que ha confesado también que su relación con el dirigente venezolano era muy buena, pero “se ha deteriorado” por la situación política en el país–. Este viernes, el presidente brasileño ha ido un paso más allá, afirmando que Venezuela “vive un régimen muy desagradable con una tendencia autoritaria”.

Gustavo Petro, presidente colombiano, ha insistido en la convocatoria de nuevas elecciones y ha señalado la responsabilidad de Maduro en la crisis actual. “De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva”, escribió el presidente en la red social X. El Frente Nacional fue un pacto político en Colombia entre los partidos Liberal y Conservador, que estuvo vigente entre los años 1958 y 1974, y que sirvió para expulsar del poder al general Gustavo Rojas, quien quería perpetuarse como jefe de Estado.

Petro anunció el jueves los cinco pasos necesarios para poner fin al conflicto: “Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, amnistía general nacional e internacional, garantías totales a la acción política, un gobierno de cohabitación transitorio y nuevas elecciones libres”. Con la amnistía, Petro solicita eliminar los procesos judiciales contra Maduro en Estados Unidos, algo que han señalado varios expertos como una medida necesaria para incentivar su salida del poder.

El presidente colombiano y el brasileño hablaron el miércoles por teléfono sobre la situación en Venezuela y, un día más tarde, sus ministros de Exteriores se reunieron en Colombia —aunque después del encuentro eludieron mencionar la crisis de Venezuela—.

“Prácticamente todo el mundo está de acuerdo que la única salida a esta situación, que cada vez es más represiva y trágica. Eso incluye a Brasil, Colombia, Estados Unidos, la oposición venezolana... Incluye a todos menos a Maduro”, dice a elDiario.es Michael Paarlberg, exasesor principal para América Latina de Bernie Sanders, investigador asociado del think tank progresista Institute for Policy Studies y es profesor de la Virginia Commonwealth University.

“Lula y Petro tienen un papel único y están en una posición única para mediar en esas negociaciones y proponer una salida. Son los interlocutores más importantes de Maduro”, explica Paarlberg. “Ni Maduro ni la oposición están dispuestos a aceptar nuevas elecciones porque eso implicaría que ambos tendrían que aceptar la posibilidad de que no ganaron el 28 de julio. Para Maduro sería como aceptar que hubo fraude. Sin embargo, podemos ver esta propuesta como parte de una trayectoria de los aliados más importantes de Venezuela empezando a presionar más al régimen”.

La primera respuesta a la propuesta de nuevas elecciones ha sido contundente por parte del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que lo ha calificado de “estupidez”. “Aquí no se van a repetir elecciones porque aquí ganó Nicolás Maduro”.  Por su parte, la líder de la oposición, María Corina Machado, también ha rechazado una posible repetición electoral, alegando que ya han ganado a pesar del “fraude” cometido por el chavismo.

Washington tampoco apoya la propuesta de Colombia y Brasil, ya que considera que el ganador fue Edmundo González y pide una “transición de vuelta a las normas democráticas”. Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prefiere esperar a la decisión del Tribunal Supremo venezolano y añadió que no ve “prudente” convocar nuevas elecciones.

“Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono”, respondió Maduro tras las propuestas de Colombia y Venezuela. Paarlberg cree que “si Maduro fuera inteligente reconsideraría su posición porque está con la espada en la pared”. “La contribución más importante de un país como EEUU, que no tiene la misma credibilidad que Colombia y Brasil, es preparar el terreno para una salida segura para Maduro. Es decir, poner la oferta de amnistía sobre la mesa. De lo contrario, no tiene incentivo para dejar el poder o terminar con la represión”, añade.

El Gobierno de Maduro no está dispuesto a ceder. Desde el día siguiente de las elecciones expulsó a todos los diplomáticos de siete países de la región que habían cuestionado su victoria. También ha criticado a las misiones de observación electoral que han destacado las carencias democráticas del proceso.

Después de considerar que el proceso electoral en Venezuela “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerado democrático”, Maduro lanzó un duro mensaje a la misión de observación del Centro Carter, señalando que está al servicio de EEUU y que ya tenían el informe escrito antes de la cita con las urnas.

Sin embargo, el Centro Carter tiene un largo recorrido en Venezuela y siempre ha gozado de respeto por parte del chavismo. Unos días antes de los comicios, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, recibía a los observadores y señalaba que su visita era muy gratificante. “Le damos la bienvenida al Centro Carter, que tiene un prestigio ganado en todo el mundo y no solamente en tareas de elecciones, sino incluso de democracia y soluciones de conflictos”, señaló el ministro. “Por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia es por la cual el CNE los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio”, añadió.

En citas electorales anteriores, la fundación prodemocrática estadounidense ha sido duramente criticada por la oposición venezolana por validar varios procesos e incluso considerar, en 2012, que “de las 92 elecciones monitoreadas, el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”. La organización también medió en las conversaciones entre Gobierno y oposición tras el golpe de 2002 contra Hugo Chávez.

Después de la publicación del informe de este año, la jefa de la misión del Centro Carter, Jennie Lincoln, señaló que la organización ha “analizado los números” y “confirma a Edmundo Gonzáles Urrutia como el ganador con más del 60%”. Maduro respondió entonces que la organización “no es autoridad constitucional ni institución en Venezuela”.

Lincoln desecha además la teoría del hackeo alegada por el Gobierno de Maduro para justificar la no publicación de las actas: “Empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio y no hubo una esa noche. La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital, y no por computadora. No han perdido data”.

Lo mismo ha ocurrido con el panel de expertos de la ONU, también invitado por el Gobierno, que ha destacado que los comicios carecieron de “transparencia e integridad”. El equipo de Naciones Unidas no reconoce al candidato opositor como ganador, pero sostiene que las actas publicadas por el antichavismo parecen tener todos los elementos originales de seguridad. De esta forma respondió el Gobierno de Caracas: “Los integrantes de este fingido panel de expertos sirven a los intereses golpistas de la ultraderecha venezolana” y “el informe preliminar difunde una serie de mentiras, violando en contenido y método los propios términos de referencia suscritos con el poder electoral venezolano”. 

“Propongo reformar las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver sobre las elecciones de Venezuela”, afirmó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. “Ese panel de expertos es un panel de basura”, añadió.

Las elecciones del pasado 28 de julio fueron la culminación de varios intentos fallidos por parte de EEUU de derrocar al Gobierno de Maduro. Tras las elecciones de 2018, y seguidos por Donald Trump, una larga lista de países reconoció a Juan Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela.

La estrategia fracasó y Maduro siguió controlando el país, ante lo que Washington y otros aliados organizaron una teórica misión humanitaria para tratar de romper los apoyos y la lealtad de las Fuerzas Armadas al presidente venezolano. Tampoco funcionó. Entonces apoyaron un conato de levantamiento militar instigado por Guaidó, que tampoco funcionó.

Poco a poco, la operación Guaidó se fue hundiendo, fracaso tras fracaso. Con el cambio de Administración en EEUU, Joe Biden apostó por la negociación y presionó, por un lado, para que el Gobierno de Maduro aceptase celebrar unas elecciones justas y que la oposición, por otro, volviese a la vía institucional. Como respuesta al Acuerdo de Barbados entre chavismo y oposición, Washington levantó las sanciones contra Venezuela que, según el think tank del Congreso de EEUU, “han exacerbado la crisis económica y humanitaria” en el país.

Hoy, casi un año después de aquel pacto, parece que la vía institucional tampoco ha funcionado y Maduro se enroca en sus posiciones con una fuerte represión y el señalamiento a todas las organizaciones críticas.