Los hombres investigados por ataques contra Trump tienen un perfil que se repite en los implicados en tiroteos y un rifle de guerra promocionado como icono por los fabricantes de armas desde que el Congreso no renovó su veto hace 20 años
El FBI investiga el tiroteo cerca de Trump como un “posible intento de asesinato”
Un ingeniero solitario de 20 años que trabajaba en el comedor de un asilo a las afueras de Pittsburgh descrito como distante, inteligente, interesado en ordenadores y videojuegos y tal vez traumatizado por el acoso escolar.
Thomas Matthew Crooks, que disparó contra Trump en julio en un mitin y murió tiroteado por la policía, y Ryan Wesley Routh, detenido tras esconderse con un rifle de mira telescópica junto al club de golf del expresidente, responden a perfiles habituales entre los autores de tiroteos múltiples en Estados Unidos. Casi la totalidad son hombres -el 97% de los identificados desde 1966, según Violence Prevention Project, la base de datos más completa-, la mayoría son blancos -aunque los negros están sobrerrepresentados respecto a la población general- y tienen en común la agresividad, el aislamiento o la perdida de contacto con la realidad. Pero el factor determinante para Crooks y Routh, como para la mayoría de los autores de tiroteos, es la facilidad de acceso a las armas más mortíferas.
La prohibición pendienteTanto Crooks como Routh tenían en su poder rifles de asalto, metralletas consideradas de guerra y que en Estados Unidos son legales en la mayoría del país desde que caducó su prohibición en 2004 y el Congreso se ha negado a renovarla.
Desde entonces, ha crecido la oposición de los republicanos (en 2004, el entonces presidente, George W. Bush, decía que la apoyaría) y de parte de los demócratas. El último intento más serio, el del presidente Barack Obama en 2013, unos meses después del asesinato de niños de primaria en Sandy Hook, fracasó por el bloqueo del Senado. Se opusieron a renovar el veto 44 senadores republicanos, 15 demócratas y un independiente.
Nueve estados prohíben este tipo de rifles de asalto, pero estos no incluyen ni Pensilvania ni Hawai (donde vivía ahora Routh) ni Florida. En el caso de Crooks la edad mínima para comprar un arma de este tipo en Pensilvania es 18 años, así que con 20 podría haberla adquirido, aunque la que utilizó era de su padre, que tenía media docena de armas en casa de manera legal. En el caso de Routh, su largo historial de antecedentes por atrincherarse con un rifle en un edificio, robos y múltiples violaciones de tráfico y armas le podría haber impedido tener un arma de asalto.
Los primeros dos cargos presentados contra él este lunes están relacionados, de hecho, con la posesión del rifle: se le acusa de tener un arma habiendo sido condenado y tenerla con el número de serie borrado, que se consideran delitos federales penados con cárcel.
A menudo, el problema es comprobar el pasado del comprador antes de una venta. El Partido Republicano a través de leyes y denuncias en los tribunales ha bloqueado cualquier intento de expandir los requisitos para que los vendedores de armas hagan comprobaciones del historial, por ejemplo en ferias de armas.
“Los legisladores republicanos han hecho fácil para un hombre peligroso con una larga historia criminal tener acceso a una AK-47”, decía Shannon Watts, fundadora de la organización a favor del control de armas Moms Demand Action, en referencia al rifle de asalto de Routh. “El mismo perfil, las mismas alertas, la misma historia una y otra vez en Estados Unidos”.
Millones de armas de guerraEn Estados Unidos, uno de cada 20 adultos, es decir, unas 16 millones de personas, asegura tener al menos un rifle de asalto -el más común es el AR-15, como el que tenía Crooks-, según una encuesta de Ipsos para el Washington Post, que ha investigado a fondo el impacto de este tipo de arma (y ganó un Pulitzer este año por ello). En diez de los 17 tiroteos con más víctimas en Estados Unidos desde 2012, el asesino tenía al menos uno de estos rifles, según los datos recogidos por el Post.
Los fabricantes de armas hacen sus propias versiones de este rifle utilizado por el ejército de Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, y algunos extremistas abrazan el rifle como un símbolo que tiene sus raíces en los antiguos de los pioneros en los que insiste la Asociación Nacional de Rifle.
La industria también hace alusiones a la supuesta masculinidad asociada a estas metralletas en su publicidad con lemas como que ser propietario de un rifle así “te renueva el carné de hombre” o “sé un hombre entre los hombres”. Algunos de los asaltantes del Capitolio el 6 de enero de 2021 llevaban banderas con imágenes de este rifle.
Estrategia de la industriaLa transformación de un arma para el ejército en un icono de comercialización masiva “es un producto de un esfuerzo sostenido e intencionado”, según la investigación del Post basada en entrevistas con 16 ejecutivos del sector de las armas e informes internos. “El ascenso del AR-15 hasta el dominio de las últimas dos décadas ha sido provocado por un cambio radical de la estrategia de las mayores empresas de armas para invertir en un producto que muchos en el sector veían como anatema… La industria de las armas se puso a abrazar el significado político y cultural del arma como una ventaja de marketing mientras buscaba nuevos ingresos”, explica la investigación de periódico. En particular, la prohibición de las armas de asalto coincidió con el ascenso de la “glorificación militar” después de los atentados del 11-S y las invasiones de Afganistán e Irak.
En 2020, estos rifles de asalto representaban un cuarto de las armas fabricadas en Estados Unidos y la abrumadora mayoría de sus propietarios eran hombres blancos, según los datos de Ipsos. En febrero de 2023, un republicano de Alabama de la Cámara de Representantes, Barry Moore, presentó con el apoyo de otros republicanos (incluido el expulsado George Santos) una propuesta de ley para declarar este rifle como “el arma nacional de Estados Unidos”, aunque la idea no fue considerada para la votación.
La inacción políticaA menudo políticos y medios se centran en la búsqueda del “motivo” del hombre que dispara, si bien suele ser difícil establecer un elemento como causa-efecto. De hecho, dos meses después del atentado de julio contra Trump no se ha establecido una explicación clara de qué movió a Crooks. En el caso de Routh, en los últimos meses, parecía haber mostrado en redes sociales más antipatía por Trump que por Biden y Harris y, según los registros, había votado en las primarias demócratas en Carolina del Norte (que permite participar a votantes registrados como no afiliados), pero su trayectoria parecía errática. Había apoyado en público a Ucrania y contado en entrevistas que intentaba operaciones para reclutar para la legión extranjera, que advirtió en junio que no tenía ninguna relación con él y que el hombre estaba presentándose como reclutador cuando no lo era.
Mientras el posible motivo o la inclinación ideológica del sujeto protagonista suele centrar las preguntas sobre qué ha pasado, la atención en las letales armas utilizadas se suelen desvanecer a las pocas horas del tiroteo o el incidente.
Tras el atentado de julio, el presidente Joe Biden llamó otra vez a aprobar la prohibición de estas armas de asalto como la que existió durante una década.
La vicepresidenta Kamala Harris también defiende volver a intentar el veto, cuya necesidad comparte la mayoría de la población aunque no la mayoría de sus representantes en el Congreso. “Estoy muy convencida de que es coherente con la segunda enmienda decir que necesitamos una prohibición de las armas de asalto. Son literalmente herramientas de guerra diseñadas para matar a mucha gente muy deprisa”, dijo Harris hace unos días en una entrevista de la televisión local de la ABC en Pensilvania.
La mayoría de los estadounidenses apoyan la renovación de la prohibición de armas de guerra y otras medidas de control como límites para personas con historial de problemas de salud de mental, pero existe una brecha entre los votantes que se identifican como republicanos, más reticentes a algunas de estas medidas, y el resto. La mayoría sigue estando a favor de controles por el apoyo en especial entre quienes se identifican como demócratas o sin afiliación partidista.