Una madrugada de finales de febrero la policía antiterrorista de Ankara irrumpió en el domicilio del periodista y activista de derechos LGTBI, Yildiz Tar. Tras pasar un día aislado en las dependencias policiales sin acceso a un abogado –igual que otras cincuenta personas detenidas en la misma operación–, Tar fue sorprendido con un interrogatorio sobre su pasado.

La Fiscalía turca disponía de unos audios obtenidos ilegalmente durante unas reuniones de temática feminista y LGTBI, a las que el periodista asistió en el año 2012, cuando apenas empezaba su carrera en el mundo de la comunicación. De las escuchas telefónicas se desprende que acudió para informar, aunque la Fiscalía las emplea como prueba incriminatoria de supuestos vínculos terroristas.

“El hecho de que unas escuchas telefónicas se conviertan en objeto de acusación 13 años después es algo que ningún abogado puede aceptar”, señaló ante la prensa Tora Pekin, miembro de la defensa de Tar.

El arresto de Tar forma parte de la última oleada de detenciones contra opositores al Gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Miembros de partidos de ideologías diversas, periodistas, activistas, trabajadores humanitarios y del sector cultural han sido arrestados en las últimas semanas, acusados en su mayoría de vínculos con organizaciones terroristas.

Incluso un miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Estambul, Ferit Epözdemir, ha sido detenido por unos comentarios sobre la muerte de dos periodistas kurdos en un ataque aéreo turco en Siria. “Su detención forma parte de la ola de arrestos arbitrarios que venimos presenciando desde hace meses”, señaló el presidente del órgano colegiado, Ibrahim Kaboglu. 

En concreto, la operación policial contra Tar y otro medio centenar de personas tenía como objetivo miembros destacados del Congreso Democrático de los Pueblos (HDK, por sus siglas en turco), una organización paraguas de formaciones de izquierda, feministas y ecologistas a favor de los derechos de los kurdos.

Tras la petición de Abdullah Öcalan, el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) —considerada organización terrorista por la UE y EEUU— anunció el fin de semana pasado un alto el fuego y un futuro desarme con una serie de condiciones. Sin embargo, los días previos al anuncio fueron especialmente duros.

La Fiscalía cree que el HDK actúa como organización fachada del PKK –considerada organización terrorista por Turquía y la Unión Europea– y pretende ilegalizarla. Los detenidos han sido acusados de “organizar protestas de apariencia legal, [emitir] comunicados de prensa, manifestaciones y eventos” siguiendo las instrucciones del grupo armado. Bajo la misma acusación, decenas de alcaldes, periodistas, miembros de la sociedad civil considerados críticos con el gobierno han sido detenidos en los últimos meses

Un abogado cercano al caso señala a elDiario.es que se trata de la punta del iceberg de un proceso judicial que podría afectar a más de 4.000 personas. “Aún es pronto para conocer el alcance de la investigación, pero se basa en actividades de miembros del HDK de la última década. Cada vez son más habituales los casos judiciales por cuestiones que hace diez años no eran delito, pero que ahora un fiscal de repente cree que sí lo son”, explica el abogado, que prefiere permanecer anónimo.

“Es una forma de presionar a la oposición, porque a nivel legal las pruebas que se aportan no constituyen ningún delito, a veces no sabemos ni cómo defenderlas. La justicia actúa de forma arbitraria y no están claras las líneas rojas”, añade.

En la primera declaración de los detenidos ante el juez, la policía bloqueó los accesos al palacio de justicia e impidió una protesta de partidos opositores. “Durante los últimos 100 días hemos estado en los juzgados a diario. Venimos cuatro días a la semana para protestar, cada vez hay una nueva decisión ilegal”, declaró ante la prensa Özgür Çelik, presidente provincial del principal partido opositor, el socialdemócrata CHP.

Uno de los casos que ha generado más revuelo es el de Ayse Barim, una manager de actores detenida después de que fuera acusada de corrupción en redes sociales. El caso dio un giro durante el interrogatorio, cuando le preguntaron por su participación en las protestas del parque Gezi del año 2013, una acción ecologista que se transformó en un amplio movimiento social en contra del creciente autoritarismo del entonces primer ministro Erdogan. Barim ingresó en prisión preventiva acusada de intento de derrocar el Estado.

Poco después fue intervenida una alcaldía del partido prokurdo DEM, detenidos varios periodistas de canales críticos con el Gobierno y llamada a declarar una figura importante de la mayor asociación empresarial del país. En total, más de 300 personas fueron arrestadas la última semana de febrero. Poco después, Erdogan aseguró en un acto de su partido que la oposición “envenena la democracia” y que Turquía “necesita librarse de su bilis, especialmente del azote del terrorismo”.

“Al intervenir en todas las áreas de la sociedad civil, Erdogan en realidad está construyendo una nueva era. Es como si estuviera diseñando la oposición a su medida”, describe a ElDiario.es Sirin Payzin, periodista y exreportera de Halk TV, una de las emisoras más afectadas por la oleada de detenciones. Por su parte, la líder del HDK y diputada del partido prokurdo DEM, Meral Danis Bestas, cree que el objetivo es dividir a la oposición en un momento de grandes cambios internos en el país. “Nosotros interpretamos el escenario actual como un intento de dispersar a la oposición, impedir que se mantengan unidos”, señala a elDiario.es. “Toda esta presión contra abogados, contra partidos, contra alcaldes, ocurre en medio de un posible proceso de paz”, advierte Bestas. 

Uno de los motivos que habría empujado al Gobierno turco a negociar con el PKK es su intención de cambiar la Constitución para que Erdogan pueda prolongar su mandato, que se agotará en 2028 tras más de dos décadas al frente del país como primer ministro, primero, y jefe de Estado, después. La coalición de su partido (el islamista AKP, que gobierna junto a la ultraderecha) necesita 37 votos más en el hemiciclo para aprobar una enmienda de la carta magna mediante referéndum.

Los analistas apuntan a que podría obtener el apoyo del partido prokurdo DEM si lograran un acuerdo en el marco del proceso de desarme del PKK. Sin embargo, algunas encuestas señalan a un político opositor más popular que Erdogan. “El mayor problema de Erdogan en este momento es Imamoglu”, explica la periodista Payzin, en alusión al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, miembro del principal partido opositor CHP, que podría ser un posible candidato a la presidencia del país.

Imamoglu ganó al AKP en las elecciones locales de 2019 y en una repetición electoral, después de que el Gobierno impugnara los resultados. En 2024 renovó su cargo al frente de Estambul y, por primera vez, su partido ganó más municipios que el AKP de Erdogan. En los últimos meses, Imamoglu y su formación también han sido objeto de presiones judiciales.

El alcalde acumula siete cargos por “insultos” a la Fiscalía y otros cargos por corrupción que podrían suponer hasta 23 años de prisión y la prohibición de participar en política. “Está claro que el Gobierno está dispuesto a manipular el sistema legal para mantenerse en el poder”, declaró Imamoglu sobre los intentos de Ankara de “utilizar el poder judicial como arma”, en palabras del alcalde. El CHP ha convocado elecciones primarias a finales de marzo para elegir a su candidato para la presidencia –los comicios están previstos para 2028–, en un intento de presionar al Ejecutivo.

“Los métodos desarrollados para reprimir al movimiento kurdo, como por ejemplo la intervención de alcaldías, se están empezando a aplicar al ala turca de la oposición”, explica a elDiario.es Kerem Dikmen, abogado y coordinador del programa de derechos de KaosGL, una organización afectada por las recientes detenciones. 

Al menos dos alcaldías del CHP han sido intervenidas por el Gobierno en el último año, mientras que más de una veintena de funcionarios del partido que trabajaban en diferentes distritos de Estambul han sido encarcelados. La policía también detuvo a cinco periodistas por entrevistar a un perito experto del juicio contra Imamoglu y otros alcaldes del CHP. “(Erdogan) no solo busca dividir a la oposición, quiere diseñar a la oposición. La situación actual debería verse como un paso más en el autoritarismo, lo que llamamos la 'consolidación autoritaria'”, explica a elDiario.es Hürcan Asli Aksoy, directora del Centro de Estudios Aplicados de Turquía (CATS). “Esto brindará a la alianza gobernante del AKP la oportunidad de cambiar la Constitución, para que Erdogan se pueda presentar a un tercer mandato”, añade. 

“El punto de tensión en el próximo período será ver si la oposición entenderá sus diferencias como diversidad o no, si logrará desarrollar una estrategia común contra los riesgos comunes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la agenda global”, describe Dikmen. Por su parte, la periodista Sirin Payzin advierte de que Erdogan se podría beneficiar de la tendencia global de gobiernos autoritarios que se respaldan mutuamente. “Si hay algo que en estos momentos beneficia a Erdogan es la coyuntura internacional. En esta crisis entre Estados Unidos y la Unión Europea, en las tensiones en Oriente Próximo, Erdogan se considera un afortunado”.