Apenas habían transcurrido dos horas después de que decenas de turistas bajasen del avión de la compañía aérea Ryanair para visitar Dajla, una de las ciudades ocupadas por Marruecos en el Sáhara Occidental, cuando la familia de Lahbib Ahmed Aghrishi denunciaba una vez más su desaparición.

La tienda está situada en una de las calles principales de la ciudad, próxima a la playa y al mercado. La mayoría de la gente que camina cerca de ellos parece ignorar la protesta, salvo los tímidos acercamientos de algún conocido. Es una parte de la trastienda a donde Marruecos no quiere que lleguen esos turistas que aterrizan en Dajla sin mucha información de la carga simbólica de su viaje. Al otro lado de la ciudad, se levanta el decorado a donde Mohamed VI sí intenta dirigir a sus visitantes: un escaparate de ofertas turísticas de hoteles, playas, surf y dunas que utiliza el Gobierno de Marruecos para intentar seducir al visitante extranjero. El impulso de Dajla como reclamo para viajeros oculta las denuncias de secuestros, abusos policiales y persecución denunciados por la población saharaui residente en los territorios ocupados de la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

Nada más llegar a la ciudad costera, los turistas se encuentran con una enorme bandera marroquí desplegada en el aeropuerto, donde también un cartel les da la bienvenida: “Bienvenido al destino turístico de Dakhla Oued Eddahab”, reza el rótulo, escrito también en inglés, francés y árabe. Distintos símbolos a lo largo de las calles reivindican la supuesta marroquinidad de la zona ocupada, desde cárteles en los que se muestra el territorio de Marruecos y el Sahara Occidental unidos como un solo país, a las avenidas bautizadas con los nombres de los antiguos reyes de la dinastía alauí, como el boulevard Hassan II o Mohamed V. La imagen del actual monarca, Mohamed VI, es omnipresente.

Entre los viajeros se percibe cierto desconocimiento por todo lo que rodea de la región. Varios destacan el precio del viaje como una de las principales razones para animarse a conocer el lugar —menos de 60 euros ida y vuelta, aunque hay ofertas de hasta por 14,99 euros solo la ida—. Un turista finés comenta que pasará un par de noches en Dajla, aprovechando el bajo coste del vuelo, para después visitar Marrakech. “No conozco nada de la ciudad”, dice antes de embarcar en referencia a la localidad saharaui. En el trayecto hacia el avión, una pareja colombiana explica ilusionada que ha reservado unas noches en un bungalow levantado en el desierto tras encontrar una buena oferta. Otra pareja, en este caso española, sí muestra algo de preocupación. Les ha llegado la noticia de la expulsión de un periodista español. Pero, reconocen, eligieron este destino por una razón: “Salía barato”.

La apuesta de Marruecos por la turistificación de Dajla, que ya cuenta con más de 20 hoteles y residencias vacacionales, busca convertir a la ciudad ocupada en una suerte de Benidorm. La inversión en este intento de nuevo paraíso para el viajero pasa por delante de familias como la de Ahmed.

Naama Ahmed Aghrishi, hermano del saharaui desaparecido, tiene grabada una fecha: lunes 7 de febrero de 2022. Fue la última vez que supo algo de él. “Hasta el momento solo sabemos que está desaparecido. No sabemos si está vivo o muerto. La policía afirma que un testigo que ese día paseaba por la playa lo había matado antes y, luego, se había suicidado, pero el informe de la autopsia demuestra que el testigo fue asesinado después de ser torturado”, sostiene.

Ahmed, cuya madre y su abuela vivieron en la antigua colonia española y tenían DNI español, asegura que la policía lleva todo este tiempo impidiendo y ocultando cualquier prueba que esclarezca lo ocurrido. La familia todavía mantiene la esperanza de encontrarlo, vivo o muerto. A pesar de las presiones constantes, Ahmed no se plantea irse del Sahara Occidental: “No, no, aquí hasta la muerte. Nuestra casa está aquí, nacimos aquí”.

Ser activista saharaui, dice Enna Mohamed Salek Hbibi, también conlleva impactos en su formación y economía. La mujer cuenta que ha sido privada de una beca universitaria tras obtener el bachillerato en 2014. “En 2015, me fue negada la beca en la Facultad de Ciencias debido a mi activismo estudiantil y a mis publicaciones en Facebook”, denuncia. Ella y sus hermanos han sido señalados como “hijos de una familia separatista”, explica la activista. Esa identificación, explica, supone arrastrar un arrastrar una marca que les cierra el acceso a trabajos y provoca acoso, vigilancia estricta y un sinfín de interrogatorios cada vez que viajan por el territorio.

“Se nos prohíbe el acceso a los recursos del Sahara Occidental, que son saqueados; se nos niega el derecho a la educación, a la sanidad, a acceder a determinadas especialidades académicas y se nos impone un bloqueo económico. Nos enfrentamos al desplazamiento forzado, la prisión, la tortura y el asesinato”, alerta la activista.  La discriminación y dificultad para acceder a la formación profesional y la educación universitaria por parte del pueblo saharaui ha sido denunciada por el ECOSOC (Committee on Economic, Social and Cultural Rights). En el Sáhara Occidental hay un sistema que se organiza bajo las llamadas ‘kartiya’, unas ayudas mensuales que se otorgan a población sin recursos y que suelen ser de unos 200 euros aproximadamente. Sin embargo, entidades saharauis denuncian que estos recursos se utilizan por parte del estado marroquí para ejercer chantaje y presión sobre las personas que necesitan esta ayuda, “desincentivando o castigando su participación en protestas y movimientos sociales”.

El Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA), principal organización de activistas en el Sahara Occidental ocupado, manifiesta una “represión sistemática” por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. “La zona está cerrada y no se permite la entrada a los observadores internacionales. Desde 2014 hasta ahora, aproximadamente 350 observadores y periodistas han sido deportados por la policía marroquí”, declara Babouzeid Labbihi, miembro del grupo y antiguo presidente. “Se impide el paso a los manifestantes, se asedian las casas de los activistas de derechos humanos y los presos políticos y sus familias sufren una represión constante”, continúa.

En 2024, CODESA ha documentado en su informe anual 30 casos de “presos políticos saharauis” encarcelados por Marruecos, con condenas que van desde los diez años hasta la cadena perpetua. “Desde hace tres años la policía coge a muchos saharauis por nada. Por ejemplo, por trabajar pescando sin permiso, les piden cinco años de cárcel”, critica Ahmed.

Cuando preguntas a cualquier activista saharaui sobre su vida en los territorios ocupados del Sáhara es habitual que mencione haber sufrido alguna detención arbitraria durante sus protestas por la autodeterminación. En ellas, muchos mencionan haber sido víctimas de torturas o malos tratos. Un informe publicado recientemente por ACAPS y NOVACT indica que solo en 2023 se detuvo o retuvo ilegalmente a 10 hombres y seis mujeres.

Salamu Hamudi, responsable de Asuntos Políticos en la Delegación del Frente Polisario en España, explica que “Marruecos ha aplicado tres tipos de estrategias. La primera es la ocupación militar. Luego, ha impulsado una política demográfica con el objetivo de inyectar colonos en el territorio para intentar convertir a los saharauis en ciudadanos de segunda. La tercera es el fomento del turismo, la que está desarrollando ahora mismo”, explica. El representante del Polisario sostiene que su plan consiste en una “inversión económica agresiva” que pretende “facilitar a las empresas no pagar impuestos para hacer un lavado de imagen y convertir la ciudad de Dajla en una especie de Benidorm, en el que todo es bonito, las dunas, las olas, el surf, los hoteles cinco estrellas…”. 

El pasado octubre el Tribunal de Justicia de la UE ratificó que los acuerdos pesqueros y agrícolas de los Estados miembros y Marruecos eran ilegales. “Dajla es una ciudad ocupada militarmente de manera ilegal y el territorio goza del estatus jurídico que define que se trata de un territorio no autónomo en vía de descolonización, que todavía el pueblo saharaui tiene que tomar su decisión acerca del futuro sobre sus recursos naturales. Mientras tanto, la legalidad internacional es muy clara: no se pueden explotar los recursos naturales ni se puede realizar ningún tipo de relación comercial con Marruecos si esa actividad va a incluir el territorio del Sahara Occidental, lo contrario es una ilegalidad”, defiende. La apertura a principios de mes de enero de un vuelo directo de Madrid a Dajla por parte de Ryanair ha supuesto un canto de sirena para turistas, pero también ha provocado episodios de expulsiones de periodistas extranjeros, diputados y europarlamentarios que buscaban salirse del relato oficial marroquí.

“El dinero que se genera queda en manos de Marruecos. El ciudadano saharaui ni está disfrutando de sus recursos naturales, ni tampoco participa en la explotación, ni siquiera son contratados. La mayoría de gente que trabaja en los hoteles o en otro tipo de actividades son marroquíes”, alerta el representante del Polisario.

“Nosotros aconsejamos a los turistas que no se queden en esa zona de confort, en esa cortina de humo que genera Marruecos, sino que se den una vuelta por la ciudad, que hable con los ciudadanos de a pie, que entre en el mercado, que visite las tiendas más humildes, que vaya a los sitios más vitales e importantes. Así descubrirá que esto es un territorio ocupado militarmente y que ellos mismos, esos mismos turistas que han viajado hasta aquí, forman parte de un gran teatro y son, en cierta medida, cómplices de este régimen”, concluye.  

Nota: Asier Aldea, autor de esta información, es uno de los periodistas expulsados por Marruecos en su intento de informar sobre la situación de los saharauis en los territorios ocupados.