Después de las palabras triunfalistas del presidente Donald Trump ante las dos Cámaras del Congreso –quien dijo que “esto acaba de empezar”–, llega la realidad con la amenaza inminente de un cierre de gobierno en EEUU.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Chuck Schumer, dijo este miércoles que su partido va a votar en contra del texto presentado por los republicanos, los cuales necesitan al menos ocho votos de los demócratas. Esto augura otra sesión de infarto que se prolongará hasta última hora del viernes en el Senado.

El pasado martes, el borrador logró pasar la votación en la Cámara Baja cuando los congresistas republicanos del ala dura en materia fiscal –que siempre se han mostrado reacios a apoyar presupuestos temporales– se tragaron sus objeciones en deferencia al presidente Trump. Con ello, el presidente de la Cámara de los Representantes, el republicano Mike Johnson, también logró marcarse un tanto. Desde que asumió el cargo, Johnson se ha apoyado repetidamente en la presión de Trump a los legisladores para salir airoso de las contiendas parlamentarias. 

Qué dice el proyecto de ley

El proyecto de ley que llega al Senado mantendría sin cambios los niveles de gasto del año pasado, ya que recortaría unos 13.000 millones de dólares (poco menos de 12.000 millones de euros) y aumentaría en 6.000 millones de dólares (unos 5.500 millones de euros) el gasto en defensa. Además, reduciría ligeramente el gasto en general, porque no incluiría fondos para ningún proyecto en los distritos o estados de los legisladores. Y obligaría a un recorte de más de 1.000 millones de dólares del presupuesto del distrito de Columbia para el resto del año fiscal. 

El texto también incluye una disposición que neutraliza la capacidad de los legisladores de forzar una votación para quitar el poder del presidente para imponer aranceles. Esto ayudaría a los miembros republicanos a evitar una votación políticamente polémica sobre la eliminación de los aranceles que Trump quiere imponer a Canadá y México a partir del 2 de abril. 

Aunque los republicanos aseguran que no aumentarán el gasto, lo cierto es que el texto prevé subidas en el presupuesto para algunas de las prioridades de la agenda de Trump. Por ejemplo, unos 485 millones de dólares adicionales para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ayudar a acelerar las deportaciones.

En su comparecencia del miércoles, Schumer recordaba que “financiar el Gobierno debería ser un esfuerzo bipartidista” y reprochaba a los republicanos elegir “un camino partidista” por haber elaborado unos presupuestos “sin ninguna aportación de los demócratas”. Por ese mismo motivo, su partido se opondrá, dijo. 

Una posición complicada para los demócratas

Ahora mismo, los demócratas están en una posición delicada: tener en sus manos la posibilidad de provocar un cierre de gobierno de la Administración Trump no es algo bueno per se. Las consecuencias son que se deje de pagar a muchos trabajadores federales y que otros directamente queden suspendidos de sus funciones. Eso, en medio del caos desatado por los despidos de Elon Musk y otras medidas para reducir el funcionariado, no haría más que empeorar la situación actual. 

Por contra, si finalmente decidieran evitar el cierre de gobierno, supondría volver a alinearse con la agenda republicana. Su apoyo a la Liken Riley Act, una ley para facilitar las deportaciones de Trump, ya les costó numerosas críticas. En medio de la parálisis ante el terremoto que ha desatado la nueva Administración republicana, los demócratas aún buscan la manera de recomponerse y hacer una oposición real a Trump. De ello depende que consigan recuperar posiciones de cara a las elecciones de medio mandato en 2026. 

Ni los republicanos ni los demócratas quieren ver un cierre de gobierno –de hecho, en anteriores ocasiones el voto bipartidista ayudó a evitarlo en el último momento–, por lo que en la recta final todos los escenarios son posibles: que los republicanos introduzcan cambios en el borrador para obtener los votos demócratas necesarios; que los demócratas cambien de postura o que se concrete el cierre. 

Qué implica un cierre de gobierno 

La última vez que Estados Unidos vivió un cierre de gobierno fue en 2018, durante la primera presidencia de Trump, y duró unos 35 días. Fue el cierre de gobierno más largo en más de cuarenta años en EEUU. Además, se trataba de la segunda vez que los republicanos fallaban a la hora de lograr los apoyos suficientes en el Congreso para pasar la ley. 

Durante los cierres del gobierno, a muchos empleados federales se les suspende temporalmente, aunque desde 2019, reciben su salario de forma retroactiva cuando se termina el cierre y vuelven a sus puestos. Los que ofrecen servicios esenciales, como el control del tráfico aéreo o las fuerzas de seguridad, continúan trabajando, pero sin recibir su salario hasta que el Congreso logre aprobar el presupuesto.

El cierre de gobierno afecta solo al gasto federal sujeto a renovación anual, que ronda el 25% del total. Otros programas, como el Medicare y la Seguridad Social, continúan en funcionamiento porque sus partidas presupuestarias son aprobadas por el Congreso y no requieren su renovación cada año. Aun así, los servicios ofrecidos en las oficinas de la Seguridad Social pueden verse limitados durante un cierre.

En el contexto de las suspensiones de empleados federales y recortes que ya ha iniciado la Administración Trump, un cierre de gobierno podría tener consecuencias mucho más dramáticas y caóticas.