Marine Le Pen no se quedó hasta el final para escuchar el resto de la sentencia. Una vez el tribunal anunció que las penas de inhabilitación contra los acusados en el juicio por el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional se ejecutarán con carácter inmediato —es decir, sin esperar a que se agoten todos los recursos— la líder de la extrema derecha francesa sabía que su suerte estaba echada.

En vista de las pruebas y los testimonios, la mayoría de medios franceses consideraba como muy probable el veredicto de culpabilidad contra Le Pen y los otros acusados. El punto crucial de la sentencia estribaba en si el tribunal condenaba a los acusados a una pena de inhabilitación con carácter inmediato, como reclamaba la Fiscalía, o si esta quedaba en suspenso mientras los acusados agotan los recursos (un proceso que previsiblemente llevará años).

La decisión del tribunal de condenar a Marine Le Pen este lunes a cinco años de inhabilitación con carácter inmediato supone, a día de hoy, que no puede ser candidata a ningún cargo público hasta 2030. Eso significa que no podrá presentarse ni a las próximas legislativas ni a la próxima elección presidencial prevista para 2027.

Dos vías se le abren a Marine Le Pen para cambiar su situación jurídica: la anulación de la sentencia o una decisión excepcional del Consejo Constitucional. En la primera vía, su candidatura sería posible en caso de que uno de los recursos que presentarán los acusados consiga la anulación de la sentencia y/o la absolución. Una hipótesis considerada difícil antes de 2027, a la vista del calendario judicial, las pruebas presentadas, los testimonios y la solidez de las pruebas detalladas por el tribunal de primera instancia.

La otra posibilidad — incierta, aunque más plausible— es la presentación de un recurso ante el Consejo Constitucional (equivalente francés al Tribunal Constitucional español). En una decisión reciente, dictada el 28 de marzo, el Consejo reafirmó el principio de aplicación provisional de las penas de inhabilitación, considerando que corresponde al juez “apreciar el carácter proporcionado de la infracción que esta medida puede causar al ejercicio de un mandato en curso y a la preservación de la libertad del elector”.

No obstante, esa decisión se refería a políticos locales y no a candidatos potenciales para elecciones nacionales. En realidad, el Constitucional francés nunca se ha pronunciado sobre la ejecución provisional de una sentencia de inelegibilidad en un caso relacionado con la más alta función del Estado.

“La elección presidencial es una elección particular, tanto que el Consejo Constitucional podría considerar que es preferible que sean los electores los que decidan el destino de Marine Le Pen”, analizaba este lunes Mathilde Philip-Gay, constitucionalista de la Universidad de Lyon 3, en una intervención en la cadena France Info. “Es una posibilidad”.

Esa opción ya está provocando múltiples especulaciones en Francia por el hecho de que el actual presidente del Consejo Constitucional, el macronista Richard Ferrand, fue confirmado en el cargo en una reciente votación parlamentaria muy ajustada en la que la abstención del partido de Le Pen fue decisiva.

La jurisprudencia del Consejo Constitucional en este sentido dicta que la pena de inhabilitación provisional no conlleva la pérdida del escaño. De manera que Le Pen podrá seguir siendo diputada mientras se agotan los recursos. Una hipótesis más compleja es la posibilidad de ocupar un cargo de ministra o dirigir un gobierno.

La ley impide a una persona con una pena de inhabilitación en vigor ejercer un cargo público (en francés fonction publique). Ahora bien, los expertos en Derecho están divididos sobre la interpretación de este término y si incluye a los ministros que, según la Constitución francesa, son nombrados directamente por el presidente. A día de hoy, el Consejo Constitucional nunca ha tenido que pronunciarse en este sentido.

El candidato natural es el actual presidente del partido, Jordan Bardella. Bardella cuenta a su favor con los resultados históricos logrados en las pasadas elecciones europeas y en las legislativas que siguieron, en las que fue la figura más visible.

De hecho, incluso antes de conocerse la sentencia, algunas voces apuntaban a que Bardella —más popular en las encuestas, especialmente entre los jóvenes— podría ser un mejor candidato que Le Pen. No obstante, una parte de los pesos pesados del partido, en particular algunos diputados, discute su capacidad de liderazgo y su falta de experiencia. Las declaraciones de Le Pen en este sentido en las próximas horas serán decisivas.

La noticia de la condena de Marine Le Pen ha dividido a las fuerzas políticas. Una parte, incluyendo el secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, y la líder ecologista, Marine Tondelier, han llamado a “respetar el Estado de derecho”, a “aceptar las penas” y han recordado la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

También las declaraciones de una parte de los diputados macronistas han ido en este sentido, aunque ha habido voces discordantes en el partido que se han pronunciado en contra de la inhabilitación, incluyendo el actual ministro de Justicia Gerald Darmanin, que hace unos meses (antes de ocupar el cargo) afirmó que “no vería normal” la inhabilitación de Le Pen.

De hecho, buena parte de la clase política francesa —de ideologías distintas— se inquieta sobre las consecuencias para la imagen ante los ciudadanos de que un tribunal impida presentarse a la candidata de un partido votado por millones de electores. En este sentido, Le Figaro se hace eco este lunes de unas declaraciones del primer ministro, François Bayrou: “Si Marine Le Pen no puede presentarse, existe el riesgo de un shock en la opinión pública”.

“La decisión de destituir a un representante electo debe ser tomada por el pueblo”, afirmó Jean-Luc Mélenchon en X. El líder de Francia Insumisa señaló que algo así no sería posible con la reforma Constitucional que él propone. “Para eso serviría el referéndum revocatorio en una Sexta República democrática”.

El tribunal ha tenido que resolver un dilema temporal: Marine Le Pen ha sido juzgada por hechos que se remontan a su anterior mandato como eurodiputada, pese a que actualmente es diputada francesa y potencial candidata a las próximas elecciones nacionales. No obstante, como señaló la Fiscalía en su escrito de acusación, han sido los propios acusados los que han dilatado el proceso judicial durante diez años. En opinión de la Fiscalía, “para ser eficaz y significativa, una condena debe imponerse en un plazo razonable tras la comisión de los hechos”.

Le Pen y el resto de acusados se sentaron en el banquillo, durante el juicio celebrado el pasado mes de diciembre, por haber puesto en marcha un “sistema de apropiación indebida” de las dotaciones asignadas por la Unión Europea a cada miembro del Parlamento para pagar a asistentes parlamentarios. Estos asistentes en realidad trabajaron total o parcialmente para el partido en Francia.

Como han confirmado los testimonios de varios protagonistas, la que fuera presidenta del partido entre 2014 y 2024 habría dado consignas explícitas a los eurodiputados para que contratasen un solo asistente y que el resto del presupuesto fuera transferido y gestionado por el partido de forma centralizada. Por tanto, Marine Le Pen desempeñó un “papel central” en dicho sistema, según el tribunal.

Tras anunciarse la sentencia, varios líderes de extrema derecha de todo el mundo han mostrado su apoyo a Le Pen. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, ha sido uno de los primeros con un mensaje en redes sociales en el que decía “Je suis Marine” [yo soy Marine]. En España, Santiago Abascal, líder de Vox, ha publicado un mensaje similar en francés: “Je soutiens Marine” [yo apoyo a Marine].

El líder de extrema derecha de Países Bajos, Geert Wilders, también se ha referido al caso: “Estoy sorprendido por el veredicto increíblemente duro. Confío en que ganará el recurso y se convertirá en presidenta de Francia”. Por su parte, el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, ha declarado el fallo como “una declaración de guerra de Bruselas”.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha calificado la sentencia de “activismo judicial de la izquierda”.