Marine Le Pen ha aparcado la estrategia de la normalización. La prioridad ya no es presentar a su formación como un partido de gobierno, ni proyectar una imagen de profesionalidad.

Desde que el lunes el Tribunal Penal de París anunciase su condena a cuatro años de cárcel y cinco años de inhabilitación —con carácter inmediato—, esa estrategia de la dédiabolisation del partido ha dado paso al retorno del viejo discurso contra las élites, el establishment político y el sistema judicial. También a una victimización de la líder de Agrupación Nacional (RN), que denuncia una persecución personal para frenar la ascensión al poder de la formación.

La comunicación de los representantes del partido —presentes estos días en casi todas las televisiones y radios francesas— se basa en la supuesta voluntad de la Justicia de descalificar a Marine Le Pen de la carrera presidencial. “El sistema ha sacado la bomba nuclear”, denunció Le Pen el martes en una rueda de prensa con sus diputados, “y si están utilizando un arma tan poderosa contra nosotros es, obviamente, porque estamos a punto de ganar las elecciones”.

Así, el objetivo a corto plazo ya no es conquistar a los electores de la derecha tradicional, sino movilizar a las bases y lograr que la opinión pública ejerza presión en contra de la sentencia. Y, de paso, lograr que el debate se centre en las consecuencias políticas y no en los hechos por los que se le ha condenado. La primera muestra de esta estrategia de presión se verá en las manifestaciones de apoyo que el partido ha convocado este fin de semana en toda Francia.

“Va a ser importante ver cómo los franceses perciben la condena, pero también la reacción de los simpatizantes RN”, señalaba el lunes el politólogo, Jérôme Fourquet, en una entrevista en BFM-TV. “Porque se trata de una cuestión de financiación del partido y aunque sea a través de asistentes del Parlamento europeo (una institución que no tiene buena imagen entre los simpatizantes RN) para un partido que siempre ha defendido el eslogan manos limpias, cabeza alta, la condena puede suponer un electroshock”.

Ante el seísmo político que ha provocado su decisión, el martes el Tribunal de París anunció su voluntad de que el recurso de la defensa contra la sentencia se resuelva en 2026, en teoría antes de la próxima presidencial. No obstante, los expertos consideran poco probable la anulación de la sentencia y no hay garantías de que el tribunal de apelación suspenda la aplicación provisional de la inhabilitación. En caso de que se mantenga la inhabilitación, Le Pen ha anunciado este martes a Le Parisien su intención de presentar un recurso ante el Consejo Constitucional.

“No voy a permitir que me eliminen así”, había advertido el lunes por la noche la líder ultraderechista, que por el momento ha evitado evocar toda posibilidad de que la formación pueda presentar otro candidato en 2027. No obstante, la decisión de la Justicia no limita en modo alguno a Agrupación Nacional a presentar un candidato (a condición de no estar inhabilitado) en las próximas citas electorales. De hecho, varios sondeos aparecidos en el último año sitúan a Jordan Bardella en números similares a los de su mentora.

En cualquier caso, ni Le Pen, ni Bardella ni el resto de figuras RN están cuestionando los hechos en los que se basa la decisión judicial. La utilización de más de 4 millones de euros de la dotación de los europarlamentarios para pagar trabajadores del partido y de la familia Le Pen —incluyendo mayordomo y chófer de Jean-Marie Le Pen— a su juicio supone solo una “diferencia administrativa” con Bruselas y no un “sistema de malversación de fondos públicos” como sostiene la sentencia.

Paradójicamente, la negativa de Le Pen de aceptar la comisión del delito es uno de los principales argumentos del tribunal para justificar la aplicación inmediata de la inhabilitación, dado el alto riesgo de reincidencia. Diez años después del inicio del proceso el tribunal considera en su escrito de 152 páginas que los condenados “no han mostrado ninguna conciencia de la violación de la ley ni de la importancia de la integridad”.

Más allá de los hechos y de la condena, la pena de inhabilitación protagoniza todos los debates. RN está intentando presentarlo como la pérdida de la libertad de voto de los ciudadanos a manos de una instancia judicial. Y en este punto, el partido de Le Pen está contando con aliados de circunstancias en todo el tablero político.

En este sentido el tribunal subraya en su escrito que se trata de la aplicación de la legislación en vigor. En particular, una ley aprobada en 2016 por el Parlamento que convirtió la inhabilitación provisional en habitual en los grandes casos de malversación de fondos públicos. Elaborada a raíz del caso Cahuzac, en el que el ministro de Hacienda de François Hollande tuvo que dimitir después de que Mediapart revelase sus cuentas en Suiza, la ley de 2016 fue aprobada por una amplia mayoría de diputados de diferentes partidos.

El contexto de aquellos años era la indignación popular y la pérdida de confianza en los políticos después de varios casos similares de corrupción. Muchas voces se elevaron entonces para pedir la “moralización” de la vida pública, una de ellas la de la propia Marine Le Pen que, en 2013, un año antes de ocupar la presidencia del Frente Nacional, reclamaba “la inhabilitación de por vida” para los políticos condenados por malversación de fondos públicos.

Pero el contexto político hoy está mucho más dividido. Por ejemplo, el primer ministro, François Bayrou, mostró cierto malestar sobre la sentencia. “Ocurre que el mero hecho de que exista la ejecución provisional de la inhabilitación significa que una decisión tan grave no es susceptible de recurso”, declaró Bayrou el martes en la Asamblea. El primer ministro apuntó además que los parlamentarios deberían “reflexionar” sobre esa aplicación provisional de la inelegibilidad, dando a entender la posibilidad de crear nueva legislación sobre la materia.

Bayrou está en una situación particular ante el caso Le Pen. Desde un punto de vista político, su Gobierno está expuesto a una futura moción de censura en la que la abstención de los diputados de extrema derecha podría ser decisiva. En el plano judicial, Bayrou y su partido están envueltos en un caso similar sobre asistentes parlamentarios (con una cuantía mucho menor). En primera instancia varios miembros de la formación MoDem fueron condenados, aunque el propio Bayrou fue absuelto por falta de pruebas, a la espera de que el caso vuelva a ser juzgado por el Tribunal de Apelación.

Por otro lado, varios diputados temen que la estrategia de victimización de Le Pen tenga éxito. “Hay un sector relativamente crítico con la condena, porque piensan que RN va a jugar muy bien la carta del juicio político y la deriva autoritaria del poder judicial”, dice a elDiario.es Arsenio Cuenca, estudiante de doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios en París y experto en extrema derecha.

Por el momento los partidos que más firmemente se están pronunciando en defensa de los jueces son el Partido Socialista, los Ecologistas y el Partido Comunista Francés. “La izquierda tiene que explicar claramente que en ningún modo ha sido un juicio político, en este caso ha actuado simplemente a favor del respeto de la ley”, explica Cuenca. “Y dejar claro que hay unas penas específicas que conllevan también la inhabilitación”.

No toda la izquierda está coincidiendo en esa defensa de la actuación judicial. Otro de los líderes que ha criticado la inhabilitación es Jean-Luc Mélenchon, que sostiene que “solo los votantes pueden revocar a un cargo electo”.

Mélenchon está implicado en dos investigaciones judiciales (de momento, ninguna se ha llevado a juicio) y ha denunciado en varias ocasiones la utilización del lawfare contra él y su movimiento. La primera, por la utilización de asistentes parlamentarios del entonces Partido de Izquierda (antecesor de Francia Insumisa) en el Parlamento europeo entre 2009 y 2017; la segunda, por la investigación de cuentas de campaña de 2017, que implicó un agitado registro de la sede de LFI en 2018.