Si la justicia no lo impide, dos ciudadanos irlandeses, un polaco y un estadounidense tendrán que abandonar Alemania antes del 21 de abril. De no hacerlo voluntariamente, se expondrán a una deportación.

Las cuatro personas afectadas tienen algo en común: son activistas propalestinas que han participado en marchas, concentraciones y bloqueos dentro de Alemania contra la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, que ya deja más de 50.000 muertos. Las autoridades berlinesas retiran la libertad de movimiento dentro de la UE que tienen los dos irlandeses y el polaco por ser ciudadanos de Estados de la Unión Europea y revocan el visado de residencia al ciudadano estadounidense, según ha confirmado a elDiario.es un portavoz de la Oficina de Inmigración berlinesa.

El Senado berlinés –gobierno de la ciudad-Estado– cita expresamente los incidentes ocurridos en la Universidad Libre de Berlín el 17 de octubre del año pasado para justificar las cuatro expulsiones. “Un grupo de personas encapuchadas y dispuestas a emplear la violencia entraron por la fuerza en un edificio universitario. El resultado fueron importantes daños materiales, incluidas pintadas relacionadas con Israel-Palestina, así como otros delitos”, dice la nota de prensa que las autoridades berlinesas están enviando a todos los periodistas que preguntan por el caso. Esas mismas autoridades reconocen que las investigaciones están en marcha y se niegan a dar más información al respecto.

El abogado Alexander Gorski defiende a dos de los ciudadanos europeos que han recibido la orden de expulsión. “El motivo aducido por la Oficina Estatal de Inmigración es que nuestros clientes suponen una amenaza para la seguridad y el orden públicos, todo ello basado en varios procedimientos penales contra ellos. Hacemos hincapié en que no existen condenas firmes, ninguno de nuestros clientes ha sido condenado por un tribunal”, responde el letrado en una llamada telefónica con elDiario.es, en la que también asegura que ni él ni sus clientes han podido acceder a las actas de investigaciones judiciales.

Gorski también dice que los escritos que ordenan el abandono del país enviados a los tres ciudadanos europeos incluyen explícitamente la “razón de Estado” que el poder político de Alemania expresa en la defensa de la existencia del Estado de Israel. La “razón de Estado” respecto a Israel, basada en la responsabilidad histórica respecto al pueblo judío por el genocidio planificado y cometido por la Alemania nazi, no tiene base legal alguna y es simplemente una expresión de voluntad política, como coinciden expertos en legislación alemana.

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, las autoridades del país han justificado la represión de protestas propalestinas y contra la ofensiva israelí en la franja de Gaza aduciendo la lucha contra el “antisemitismo” y la mencionada “razón de Estado” respecto a Israel. Basta con que en una marcha haya una pancarta que rece “From the River to the Sea, Palestine will be Free” [Del río al mar, Palestina será libre] para que la policía reprima con contundencia las manifestaciones. En Alemania, buena parte de los representantes políticos interpretan ese eslogan como una apología de la destrucción del Estado de Israel y de lo que en Alemania se ha bautizado como “antisemitismo relacionado con Israel”.

El abogado Alexander Gorski ha confirmado a ElDiario.es la interposición de un recurso de urgencia ante el Tribunal Administrativo de Berlín contra las expulsiones. “Esperamos una decisión en las próximas semanas. Somos optimistas de que el Tribunal nos dé la razón”, dice Gorski.

En Alemania, las autoridades políticas encargadas de la seguridad interior –ya sean federales o regionales– sí tienen la potestad de retirar el permiso de residencia o denegar la entrada a ciudadanos extranjeros si los consideran una amenaza para el orden público y la seguridad nacional. Para ello, no necesitan la aprobación de un juez.

“En esa evaluación juegan un papel el riesgo que presenta la persona, su integración social, profesional y cultural, así como el objetivo y la duración de su estancia. Las posibles condenas penales se incluirán en esa evaluación. Sin embargo, no son un requisito previo para la adopción de las medidas correspondientes”, argumenta el Senado berlinés en el caso de los cuatro activistas propalestinos a los que quiere expulsar del país.

El medio estadounidense The Intercept, el primero en informar sobre el caso, asegura haber accedido a mails que demuestran un enfrentamiento entre el poder político berlinés y los funcionarios de la autoridad migratoria de la capital alemana. Según “The Intercept”, varios funcionarios de la autoridad migratoria objetaron la argumentación política de las autoridades berlinesas para justificar las órdenes de expulsión y pusieron en duda que tuvieran base legal. Pese a ello, las órdenes se acabaron emitiendo, lo que apunta a que la decisión política acabó imponiéndose.

En el pasado ya ha habido otros casos de expulsión de ciudadanos europeos con residencia en Alemania y sin condenas ni delitos previos en el país. Expertos en derecho coinciden, sin embargo, que estos casos tienen que entrañar una gravedad extrema para justificar esa medida administrativa preventiva.

El caso de la neonazi española Isabel Peralta es un buen ejemplo de esa gravedad: las autoridades alemanas la expulsaron del país en 2022 por sus repetidas proclamas antisemitas y por participar en actividades y marchas del partido neonazi alemán Der III. Weg. Además, Peralta intentó entrar a Alemania con un ejemplar de “Mein Kampf”, de Adolf Hitler. Por todo ello, le prohibieron posteriormente la entrada al país durante dos décadas.

El caso de los cuatro activistas propalestinos extranjeros, a falta de más información sobre las acusaciones presentadas ante la justicia alemana, no parece mostrar paralelismos con el ‘caso Peralta’. El alcalde-gobernador de berlín, el democristiano Kai Wegner, considera la decisión, sin embargo, “correcta y necesaria”. “Quien pone en entredicho la existencia a existir de Israel o glorifica la violencia antisemita cruza una línea roja”, dijo Wegner después de que la expulsión de los cuatro activistas propalestinos saliera a la luz pública.

“En mi opinión, estamos asistiendo claramente a una instrumentalización política de la ley de migración para acallar las voces incómodas”, responde el abogado Alexander Gorski, que continúa: “Eso es también exactamente lo que pretende Friedrich Merz. Las negociaciones de la coalición indican claramente que la ley de migración pretende restringir la libertad de reunión y otros derechos fundamentales de las personas sin pasaporte alemán”, dice Gorski sobre las negociaciones que mantienen actualmente los conservadores de la CDU-CSU y los socialdemócratas del SPD para formar el fututo gobierno federal de Alemania.