La organización NOVACT (Instituto Internacional por la Acción Noviolenta) y la campaña “Fin al comercio de armas con Israel” han presentado este martes una queja formal ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Según los datos difundidos por las organizaciones, tras más de 18 meses de masacre israelí, más de 50.000 personas palestinas han muerto y el 80% de la población de Gaza ha sido desplazada forzosamente. Pese a este contexto, denuncian que España continúe “comprando, vendiendo y permitiendo el tránsito de armas a Israel, vulnerando tanto el derecho internacional como sus propios compromisos en materia de derechos humanos”.

Durante el acto de presentación de la queja ante el Defensor del Pueblo, celebrado este miércoles en Madrid ante la sede de la institución, las actrices Ana Fernández, Elisabet Gelabert e Irene Anula; la cantante Cristina del Valle; y los actores Iñaki Ardanaz, Raúl Prieto y Cristóbal Suárez, junto al periodista palestino Muath Hamed, leyeron el manifiesto titulado Desarma la complicidad con Israel: embargo de armas ya.

La campaña, respaldada por unas 600 organizaciones de la sociedad civil y por la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), reclama al Gobierno “la imposición de un embargo total de armas, el fin de la colaboración militar con Israel y la alineación de su política exterior con el derecho internacional humanitario”.

“El Gobierno sigue importando, exportando y permitiendo el tránsito de armas a Israel, y por ello está contribuyendo directamente al genocidio del pueblo palestino”, denunció Alys Samson, portavoz de NOVACT. “Pedimos al Defensor del Pueblo que actúe”.

Por su parte, Saeda Ghodaieh Curiel, de la Comunidad Hispano-Palestina, advirtió: “Lo que ocurra en Palestina sienta un precedente para el mundo entero. Si la comunidad internacional permite que Israel actúe con total impunidad, ¿qué mensaje se está enviando?”.

Davi Montesinos, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, instó al Ejecutivo a “detener de manera inmediata todas las exportaciones de armas a Israel, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), que prohíbe este comercio si existe riesgo de que se utilicen para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario”.

Este acto forma parte de la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel y movilización que exige al Gobierno español “coherencia con su discurso político y la aplicación efectiva del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo un embargo de armas inmediato y total a Israel”. 

En este marco, el día 10 de mayo convocan una manifestación en Madrid “para movilizar a la sociedad civil de todo el estado para exigir el fin del comercio de armas con Israel”. 

Las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han mostrado “su rechazo más rotundo a la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Hungría, propiciada por la invitación del presidente húngaro Viktor Orbán, pese a recaer sobre él una orden de detención internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad emitida por la Corte Penal Internacional (CPI)”.

“Cabe recordar que la CPI encontró motivos razonables para creer que B. Netanyahu (primer ministro) y Y. Gallant (ministro de Defensa) tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, explica el comunicado difundido por las dos entidades.

Y añaden: “Queremos poner de manifiesto que, ante el anuncio por parte de Hungría de no ser parte del Estatuto de Roma, que rige la CPI, la retirada no se haría efectiva hasta un año después de la notificación oficial, por lo que Hungría estaría obligada a detener a B. Netanyahu”.