La Universidad de Harvard aseguró este lunes a la Administración Trump que no aceptará sus demandas para evitar el recorte de fondos, que “invaden libertades universitarias reconocidas desde hace mucho tiempo por el Tribunal Supremo”.

El Gobierno ha decidido congelar 2.200 millones de dólares (unos 1.940 millones de euros) en fondos federales para la Universidad de Harvard después de que la institución rechazara la demanda de la Administración de que ponga a fin a sus programas de diversidad y vigile la orientación ideológica de sus estudiantes extranjeros y tras ser acusada de no hacer los suficiente para combatir el antisemitismo en su campus.

Donald Trump ha declarado que Harvard “debería perder su estatus de exención fiscal” y que debería “ser gravada como una entidad política” si continúa, en sus palabras, promoviendo “enfermedades políticas, ideológicas y de inspiración o apoyo terrorista”. El expresidente añadió que “el estatus de exención fiscal depende totalmente de actuar en el interés público”.

La mayoría de las universidades, incluida Harvard, están exentas del impuesto federal sobre la renta porque se consideran entidades que proporcionan un bien público.

Esta nueva escalada se produce después de que la administración Trump decidiera recortar 2.000 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a Harvard, tras la negativa de la universidad a ceder ante lo que el presidente ha presentado como un esfuerzo para combatir el antisemitismo en el campus.

Sin embargo, muchos educadores consideran que la lista de exigencias del gobierno es, en realidad, un intento apenas disfrazado de restringir las libertades académicas.

El expresidente Barack Obama elogió a Harvard por “dar ejemplo a otras instituciones de educación superior” al resistirse a lo que calificó como una intromisión federal en sus prácticas de gobernanza.

“Ningún Gobierno debería dictar a qué puede enseñar una universidad privada, ni a quién deben admitir o contratar, o qué áreas de estudio o investigación se pueden perseguir”, indica el presidente de Harvard, Alan Garber, en una nota a los miembros de la universidad. “La prescripción de la Administración va más allá del poder del Gobierno federal. Viola los derechos de la Primera Enmienda de Harvard y excede los límites estatutarios de la autoridad del Gobierno en virtud del Título VI. Y amenaza nuestros valores como institución privada dedicada a la búsqueda, producción y difusión del conocimiento”.

Abogados de la universidad enviaron una carta a los miembros del “Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo”, creado por el presidente Trump mediante orden ejecutiva, en la que describen la universidad está dispuesta a erradicar el antisemitismo pero “no está preparada para aceptar demandas que vayan más allá de la autoridad legal de esta o cualquier administración”.

La carta es en respuesta a otra que envió el Grupo de Trabajo informando que la universidad y sus filiales podrían perder 9.000 millones de dólares en subvenciones federales, bajo el argumento de que ha permitido que florezca el antisemitismo sin control.

Harvard es la segunda universidad blanco de este Grupo, que ya había cortado –con el mismo pretexto– 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, tras lo cual este centro aceptó una serie de requisitos del Gobierno para no perder la financiación.

“La Universidad ha estado participando en discusiones con el Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo”, ha explicado en una carta este martes Claire Shipman, presidenta Interina de Columbia: “Hemos intentado abordar denuncias de antisemitismo, acoso y discriminación en nuestros campus, y ofrecer un camino para restaurar un acuerdo con el gobierno federal que apoye nuestra vital misión de investigación, al tiempo que proteja la integridad académica y operativa de la Universidad y su independencia. Esas conversaciones no han concluido, y no hemos llegado a ningún acuerdo con el gobierno hasta el momento. Algunas de las solicitudes del gobierno coinciden con prácticas que consideramos importantes para avanzar en nuestra misión, en particular para proporcionar una comunidad universitaria segura e inclusiva. Otras ideas, incluyendo solicitudes excesivamente invasivas sobre nuestra gobernanza, cómo conducimos el proceso de selección y la diversidad de opiniones, no están sujetas a negociación”.

En cuanto a la decisión de Harvard, la persidenta de la Universidad de Columbia explica: “Leí con gran interés el mensaje de Harvard rechazando las exigencias del gobierno federal para modificar políticas y prácticas que afectarían el corazón mismo de la misión de esa universidad. En este momento, una conversación pública sobre el valor y los principios de la educación superior es enormemente útil. Me preocupa especialmente que muchos estadounidenses hayan perdido la fe y la confianza en la educación superior”.

Dentro de sus esfuerzos para combatir el antisemitismo, la universidad “ha realizado y seguirá realizando cambios estructurales, políticos y programáticos duraderos y sólidos para garantizar que la universidad sea un entorno de aprendizaje acogedor y de apoyo para todos los estudiantes”, indica la misiva de Harvard.

Recalca que tras un cambio en ciertas políticas, han logrado cambiar ciertas dinámicas y por ello “es desafortunado que su carta ignore los esfuerzos y en su lugar presente demandas que, en contravención de la Primera Enmienda, invaden libertades universitarias reconocidas desde hace mucho tiempo por la Corte Suprema”.

El pasado viernes, la Asociación Americana de Profesores Universitarios y su capítulo de Harvard presentaron una demanda con miras a evitar que el Gobierno de Trump “exija que la Universidad de Harvard restrinja la libertad de expresión y reestructure sus operaciones principales” o enfrentará los recortes de fondos.

Advierten en la misiva que la universidad “no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”.

“Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada puede permitirse ser intervenida por el gobierno federal. Por consiguiente, Harvard no aceptará las condiciones del Gobierno como un acuerdo de principios”, finaliza la carta.