El Tribunal Supremo de EEUU ha ordenado este sábado al Gobierno de Donald Trump que suspenda de manera provisional las expulsiones de personas migrantes basadas en una ley del siglo XVIII.

“Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal”, indican en la orden.

La organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU) había presentado varios recursos de emergencia este viernes dirigidos al Supremo para impedir el traslado. En su escrito argumentaron que el Gobierno Trump está ignorando una decisión del Supremo al querer expulsar a los migrantes sin “notificar (a sus abogados) o darles una oportunidad de ser escuchados”.

En sus recursos, ACLU aseguró que, según la información entregada por familiares de los detenidos, el Gobierno buscaba enviarles a El Salvador este sábado. Concretamente, la orden afecta a los detenidos que se encuentran en el centro de detención de Bluebonnet, en Texas, a los que han acusado de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua.

“Es necesaria una intervención de emergencia para (...) prevenir un daño irreparable y permanente a los demandantes”, indicó la ACLU en el recurso ante el Supremo.

En el pasado mes de marzo, el mandatario norteamericano deportó a cerca de 250 personas a El Salvador bajo esta antigua ley sin un proceso judicial, todos ellos acusados de pertenecer a las bandas MS-13 y Tren de Aragua. Ante esto, el juez James Boasberg emitió una orden para detener esta expulsión y la Administración de EEUU hizo caso omiso.

El juez federal halló “causa probable” para declarar a Trump en desacato judicial por violar su dictamen a través de un escrito en el que acusaba al Gobierno de demostrar una “ignorancia deliberada” ante su orden del 15 de marzo.

Esto desató una batalla judicial para poder utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros en las deportaciones, que finalmente llegó a la última instancia. A finales de marzo, los abogados de la Casa Blanca presentaron un recurso de emergencia para solicitar que se levantara el bloqueo de Boasberg.

Tras esto, el pasado 5 de abril la misma corte consideró que la Administración Trump podía continuar usando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar migrantes venezolanos y aceptó levantar el bloqueo. Sin embargo, en su fallo establecían que los individuos a quienes se aplicara la norma tendrían derecho a una “revisión judicial” para comprobar si “efectivamente son 'enemigos extranjeros'”.

Antes del fallo de este sábado, el Supremo había pedido a Trump hace tan solo unos días que “facilitara” la vuelta del migrante deportado “por error” a El Salvador el pasado mes de marzo. El alto tribunal se decantaba entonces a favor de Kilmar Armando Abrego García, residente legal en el país y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación. Precisamente Kilmar fue uno de los cerca de 250 migrantes que se enviaron a la megacárcel CECOT de El Salvador.

Con esta resolución, la corte daba la razón al juez federal de Maryland que emitió una orden exigiendo el retorno de este hombre, a pesar de levantar el bloqueo del juez de Washington James Boasberg.