En Guatemala o Malaui, a los agricultores que cuidan con mimo sus semillas apenas les llegan los beneficios derivados del intercambio y uso de esos recursos a nivel internacional, como estipula un tratado vigente.
Sergio Alonzo, gerente de una asociación de la Sierra de los Cuchumatanes (oeste de Guatemala), ha visto la repatriación de maíz a los bancos comunitarios de la zona, el desarrollo de nuevas variedades y la recuperación de otras diez especies raras que se habían perdido.
También en Malaui los pequeños productores participan ahora más en ferias y en la selección de semillas, cuyo acceso y almacenamiento ha mejorado en los últimos años, según William Chadza, director del Centro local de Política Ambiental.
"Todo eso está muy bien pero el siguiente paso es el mecanismo para compartir los beneficios y abrir espacios de diálogo con los agricultores", precisó en Roma.
Ambos compartieron esta semana sus experiencias en la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en medio del debate entre gobiernos sobre cómo lograr una mayor redistribución de los beneficios por las semillas intercambiadas a nivel global.
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Desde que entró en vigor en 2004, el conocido como "tratado de las semillas", adoptado por 145 países y la Unión Europea, reconoce la contribución de los agricultores a la diversidad de cultivos y establece un sistema para que productores, mejoradores y científicos puedan acceder a los materiales de 64 cultivos básicos.
Junto a ese mecanismo, con el que cada día se transfieren unos mil tipos de semillas, desde hace diez años funciona un fondo de distribución de beneficios multilateral que ha ayudado a un millón de personas con proyectos financiados con más de 20 millones de dólares (unos 18 millones de euros) en 55 países en desarrollo.
Sin embargo, sus fondos provienen básicamente de las contribuciones de los países y no tanto de las empresas que deberían compartir las ganancias obtenidas por utilizar esas semillas en la mejora de plantas o en la biotecnología.
El experto de la FAO Francisco López reconoció a Efe que se necesitan nuevas vías de financiación para ayudar a los agricultores a manejar las semillas y que, aunque la mayoría de los acuerdos internacionales intentan que "haya un beneficio derivado del uso" e incentivos a la innovación, se deben continuar conservando esos recursos.
El secretario del tratado, Kent Nnadozie, confirmó que, entre las propuestas presentadas por los países, está la de que los usuarios (empresas) paguen también por "la información digital de las secuencias", esto es, los datos de las plantas que se emplean en tecnologías avanzadas de edición genética.
¿A QUIÉN PERTENECEN LAS SEMILLAS?
Los agricultores tienen el derecho de conservar sus semillas como han hecho siempre, adaptándolas a las condiciones ambientales, aunque muchas veces chocan con las normas de propiedad intelectual a las que se acogen las compañías para reclamar pagos por el uso de patentes.
Tradicionalmente las semillas se han considerado bienes comunes, pero el Protocolo de Nagoya, adoptado en 2010 y en vigor desde 2014 en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas, reguló el acceso a los recursos genéticos con fines de investigación científica, promoviendo la soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos.
Los países en desarrollo, que antes no defendían la protección de las plantas, comenzaron a hacerlo conforme iban firmando acuerdos comerciales y actualmente solo un 40 % de ellos se acoge a la posibilidad de excluir las patentes sobre las plantas, aseguró el director del Centro del Sur, Carlos Correa.
Ante problemas crecientes como las plagas o los efectos del cambio climático, las grandes multinacionales están acelerando sus investigaciones centradas en la información genética de las plantas para lograr variedades más resistentes.
En Estados Unidos, la mayoría de esas invenciones deberían ser patentables si difieren de lo que ocurre en la naturaleza, consideró Margo Bagley, de la Universidad Emory (EEUU).
Ese país y China son los países que más patentes están registrando por el mejoramiento avanzado de plantas basado en la alteración de los rasgos de los cultivos mediante la edición de su genoma.
Mientras las autoridades debaten sobre el alcance de las patentes y los pagos correspondientes al fondo, la experta de la Universidad belga de Amberes Christine Frison consideró que lo que hay es un "problema de gobernanza".
"Han creado un sistema multilateral de intercambio basado en la comercialización y apropiación de semillas, que refuerza su propiedad y debilita los derechos colectivos de los agricultores", afirmó.
Belén Delgado
