Como fogonazos de color sobre un mapa oscuro quedan reflejados los movimientos de los barcos que operan en el mar, una pista que los investigadores están cotejando con otros datos para destapar a los que pescan de forma ilegal.
La organización independiente Global Fishing Watch acaba de presentar esta semana en Roma, junto a la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros socios, un “atlas” mundial sobre el uso de una tecnología avanzada para controlar la actividad pesquera.
Por seguridad en la navegación, los grandes buques están obligados a indicar su posición mediante el Sistema de Identificación Automática (AIS) y, por cómo se mueven, un algoritmo determina si están “aparentemente” pescando.
Solo con esa herramienta no se puede saber con certeza lo que ocurre en el mar, donde muchas veces los barcos apagan el sistema para no dejar huella o sus señales sufren interferencias.
El director de Investigación de Global Fishing Watch, David Kroodsma, destacó en el acto de presentación que, pese a las dificultades, cada año aumenta el número de embarcaciones pesqueras dotadas con AIS mientras van comparando los datos para rastrear la pesca ilícita.
En 2017, más de 60.000 barcos pesqueros utilizaban dicha tecnología, de los que solo unos 22.000 podían encontrarse en los registros públicos disponibles.
Kroodsma reveló que en las zonas donde más se concentran esas señales también son mayores las capturas estimadas de pescado, en particular el noroeste del Pacífico y el noreste del Atlántico, donde las pesquerías están más industrializadas y el AIS, más adoptado.
CÓMO CONTROLAR LA PESCA
La pesca ilegal sustrae de la economía global hasta 26 millones de toneladas de pescado y 23.000 millones de dólares anuales.
Más de cien países han suscrito un tratado contra ese tipo de actividad, que exige a los buques extranjeros someterse a inspecciones en cualquier puerto de escala si las autoridades lo creen necesario.
La especialista de la FAO Alicia Mosteiro subraya a Efe la importancia de que los países compartan información, de modo que cuando los buques con un historial dudoso atraquen en puertos de otros países sus autoridades estén avisadas y puedan actuar.
Entre las herramientas para supervisar la flota, que está sujeta a la legislación del Estado de bandera, figuran el registro de buques, las licencias de pesca, el monitoreo por satélite, los programas de inspecciones, las patrullas en alta mar, el uso de drones o las aplicaciones móviles.
“Para que todo eso funcione se necesita la cooperación entre países”, enfatiza Mosteiro, segura de que si hubiera más transparencia de información sería menos costoso el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Para Daniel Schaeffer, investigador del centro Pew, se trata de un problema de “seguridad nacional” al que hace falta dar prioridad y recursos suficientes, sin escatimar los de tipo militar y de inteligencia.
Su organización está llevando a cabo un proyecto en la costa oriental africana, donde intentan que los países compartan imágenes satelitales y datos de barcos en tiempo real, a pesar de que muchos de ellos difícilmente pueden controlar su flota doméstica, cuanto más la extranjera.
UN MAR DE ABUSOS
Lo que tampoco suele aparecer en el radar son los trabajos forzados y la trata de personas en el mar. La Organización Internacional del Trabajo calcula que hay 21 millones de individuos atrapados en ese círculo, una parte importante en la industria pesquera.
La gran mayoría de casos de “esclavitud” se da en transbordos en alta mar. “A menos que las víctimas pasen un poco de tiempo en el puerto y sean capaces de encontrar a alguien que hable su idioma, no hay forma de saberlo”, apunta Rossen Karavatchev, experto de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).
Por lo general, dice, son migrantes que pueden pasar años sin pisar tierra, trabajando 20 horas diarias, al principio gratis para devolver el dinero que deben y luego por un mísero salario.
Las aguas internacionales se han convertido en un coladero para esa clase de actividades ilícitas. Ahora los países están negociando un nuevo acuerdo internacional que proteja la biodiversidad y su gestión sostenible en esas zonas, que suman más del 60 % de la superficie de los océanos.
La coordinadora de High Seas Alliance, una plataforma de ONG, Peggy Kalas, explica que los países que usan los recursos para explotar la alta mar tienen el conocimiento tecnológico para hacerlo y son minoría.
“No hay normas legales sobre todas las tecnologías que están emergiendo cada día”, declara Kalas, que insta a crear una red global de reservas protegidas y realizar evaluaciones de impacto ambiental en esas aguas.
Belén Delgado
