La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia disparó el asedio contra opositores en Nicaragua, según mostró este lunes un estudio sobre las incidencias de la crisis sociopolítica en el país, que se ha extendido por 19 meses.
De acuerdo con el informe, elaborado por el Equipo de Monitoreo Azul y Blanco, en los primeros diez días de noviembre se registró un promedio de entre 5 y 6 incidencias diarias en el marco de la crisis, pero desde la renuncia de Morales la media se elevó hasta 18 incidentes cada día, entre asesinatos, agresiones, amenazas, heridos y detenidos.
Aunque las estadísticas del Equipo de Monitoreo no identifican el origen de las agresiones ni a las víctimas, sus reportes pueden ser comprobados con las denuncias públicas de las personas agredidas, que casi en su totalidad son atacadas por policías, paramilitares o grupos oficialistas.
Los movimientos opositores Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, han advertido que el Gobierno del presidente Daniel Ortega teme una segunda revuelta popular en su contra, tras la ocurrida en abril de 2018, que fue controlada con la "Operación Limpieza", en la que cientos de manifestantes fueron asesinados, capturados, o desaparecidos.
El mismo Ortega, quien se mantiene en el poder desde 2007, gracias a una interpretación de la Constitución y a reelecciones señaladas por los opositores como "fraudulentas", ha calificado la renuncia de Morales como "una prueba de fuego".
El monitoreo refirió que en los primeros diez días de noviembre ocurrieron 54 incidencia relacionadas con la crisis, pero otras 265 se reportaron en los 14 días posteriores.
En cuanto a los arrestos de opositores ejecutados por la Policía de Nicaragua, el estudio reportó 13 poco antes de la renuncia de Morales, y 71 desde entonces, para elevar el número de "presos políticos" a más de 160.
La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua es la peor desde los años 1980 a 1990, también con Ortega al frente de la Presidencia.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Gobierno de Nicaragua ha cometido crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis, entre los que incluye 328 homicidios, aunque órganos locales cuentan hasta 651 muertos, y Ortega admite 200, alegando ser víctima de un "golpe de Estado fallido".