La Comisión Europea (CE) decidió este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por dificultar la compensación de los daños y perjuicios que causa el Estado al adoptar legislación contraria al Derecho de la Unión.
En un comunicado, Bruselas señaló que la legislación española supedita la compensación a una serie de condiciones acumulativas, como que haya una sentencia del TJUE por la que se declare que un acto legislativo español vulnera el Derecho de la Unión.
La ley nacional también exige que la parte perjudicada haya obtenido, en cualquier caso, una sentencia firme por la que se desestime un recurso contra la decisión administrativa que causó el daño.
La parte perjudicada debe, asimismo, haber alegado la infracción del Derecho de la Unión durante dicho procedimiento de recurso.
La CE apuntó que, según la jurisprudencia consolidada, "estas condiciones hacen excesivamente difícil la concesión de indemnizaciones por parte del Estado por infracciones del Derecho de la Unión".
Además, el Ejecutivo comunitario consideró que las normas españolas establecen condiciones menos favorables en lo referente a la responsabilidad del Estado derivada de una infracción del Derecho de la Unión que en el caso de la responsabilidad fruto de infracciones de la Constitución Española.
A raíz de las denuncias recibidas sobre determinadas disposiciones españolas que regulan la compensación por daños y perjuicios causados por actos legislativos contrarios al Derecho de la Unión, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España el 14 de junio de 2017.
Tras enviar una carta de emplazamiento y un dictamen motivado a Madrid que no han permitido resolver la situación, la Comisión optó hoy por recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.