La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) destacó este martes en su informe anual la condena de la ONU por la muerte de un campesino paraguayo tras el uso masivo de agroquímicos en cultivos y la falta de acción del Gobierno ante amenazas ambientales.

El informe refiere como una de sus preocupaciones en materia de derechos humanos "la vulneración de los derechos ambientales de la sociedad paraguaya, amenazados por varios caos ambientales".

"Esto determinó que este año el Paraguay haya sido el primer país del mundo encontrado como responsable -por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- de la violación del derecho a la vida, por el vertido indiscriminado de agrotóxicos", señaló la Codehupy.

Se refiere a la muerte de Rubén Portillo, en enero de 2011, tras sufrir una enfermedad causada por el empleo de químicos en los cultivos a escala en la zona que habitaba, en el departamento de Canindeýu. noreste del país.

El caso fue denunciado ante la ONU por organizaciones de derechos humanos y el organismo emitió una dictamen el 19 de agosto pasado en el que condena y exige al Estado paraguayo sancionar a los autores y reparar a los familiares del labriego.

Además, la Codehupy responsabiliza al Estado de la deforestación de más de 300.000 hectáreas este año en la región del Chaco por los incendios forestales desatados entre agosto y septiembre.

También se hace referencia al derribo de cientos de árboles nativos de un sector del Jardín Botánico, considerado pulmón de Asunción, para el trazado de un nuevo viaducto.

Y a las constantes inundaciones debido a la crecida del río Paraguay, que en conjunto "hablan de una enorme improvisación en materia ambiental por parte del Estado".

En la misma línea, el informe menciona como tema destacado del año el cuestionado pacto energético con Brasil sobre la hidroeléctrica compartida de Itaipú, que este año puso al borde del juicio político al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.

Ello después de que a finales de julio se conociera que Paraguay había firmado en mayo un acta de compra de energía con Brasil que la oposición calificó como una traición a la patria y una cesión de la soberanía energética al Gobierno de Jair Bolsonaro.

A partir de ese hecho, la Codehupy recuerda que la construcción de Itaipú, en 1973 "supuso la alteración del medio ambiente de una manera tal que hizo desaparecer los Saltos del Guairá, desplazó a mas de 35 comunidades indígenas, alteró la navegación del río Paraná".

Al respecto, Oscar Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy, dijo en la presentación del informe que la represa "generó una clase social y económica que ha tenido determinación para sostener la dictadura y prolongarse sobre los gobiernos sucesivos".

JUSTICIA PATRIARCAL Y MACHISTA

En otro orden, la coordinadora recuerda que este año se reportaron "sonados casos judiciales que muestran la falta de sensibilidad de género de ciertos agentes de la Justicia en hechos de violencia hacia mujeres, adolescentes y niñas".

Argumenta que todo ello responde a un "sistema de justicia patriarcal y machista" que aleja al país del cumplimiento de las leyes nacionales y los compromisos internacionales asumidos por el Estado respecto a la protección, prevención, sanción y eliminación de la violencia de género".

No obstante, se señala que los 32 feminicidios registrados por el informe entre enero y octubre de este año significan "una importante disminución" en comparación con el mismo periodo analizado en años anteriores.

En cuanto a las acciones positivas de las autoridades rescata la promulgación por decreto del "protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas", orientada a preservar sus territorios y formas tradicionales de vida.

En el mismo sentido, valora el fallo histórico de un tribunal en el primer juicio por asesinato de una persona trans, condenando el 1 de octubre pasado al autor a la pena máxima de 30 años tras admitir que hubo motivaciones de odio y discriminación.

La presentación del informe tuvo lugar en el Día de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, conmemorando el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.