El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, actuó de acuerdo con la legalidad cuando decidió suspender temporalmente el Parlamento hasta pocos días antes de la salida de la Unión Europea (UE), según ha dictaminado este miércoles el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia).

El juez Lord Raymond Doherty ha afirmado que la acción del Gobierno "no contraviene la ley", porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes "es un poder reservado al Ejecutivo".

El caso lo inició un grupo de 75 parlamentarios contrarios a la decisión del primer ministro de suspender la actividad parlamentaria entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre.

El objetivo, dicen, era dejar sin tiempo a los diputados para que no pudiesen aprobar una ley que impidiese una salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Se espera un recurso y otros tribunales de Inglaterra e Irlanda del Norte se pronunciarán sobre casos similares.

Otros diputados opositores a la maniobra de Johnson introdujeron este martes una moción de emergencia para frenar un Brexit duro y eludir así la estrategia de Johnson con el cierre parlamentario. El proyecto de ley se votará este miércoles (ya recibió el apoyo de la mayoría parlamentaria el martes) y el primer ministro ha amenazado con buscar unas elecciones anticipadas si el proyecto sale adelante.