El banco neerlandés ABN Amro ha llegado este lunes a un pacto con la Fiscalía de Países Bajos para poner fin a una larga investigación por “graves deficiencias” en la lucha contra el blanqueo de capitales y ha aceptado el pago de una multa de 480 millones de euros, en un gesto visto como un “reconocimiento de estos errores”, según informa EFE.

La Fiscalía, que abrió esta investigación en 2019 cuando empezó a sospechar que la entidad neerlandesa no había informado de las transacciones sospechosas a tiempo, acusa a ABN Amro de “años de violación estructural de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo” en sus actividades en Países Bajos, lo que se hizo de “tal manera que el propio banco está también acusado de lavado de dinero”.

“¿Ya pasó la tercera ola?”, se preguntaba el diario económico Handelsblatt a principios de esta semana. Lo hacía al dar cuenta de que la incidencia se encontraba a finales de la semana pasada en 110,4 nuevos casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. Ese número estaba precedido por unos datos claramente superiores, por encima de 130. Pero, a finales de esta semana, sin ir más lejos, la incidencia media del país era ya de 160 nuevas infecciones por 100.000 habitantes en la última semana, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia federal de prevención y control de enfermedades.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo plan de estímulo de 1,9 billones de euros cuando llegó a la Casa Blanca, tras el plan de 1,2 billones de Donald Trump. En Europa –con 100 millones más de habitantes– sólo España se atrevió a pedir 1,5 billones, y al final, en verano de 2020, los líderes de la UE pactaron 750.000 millones (800.000 en precios actuales). Pero cada vez cunden más dos preocupaciones: si acaso, en la línea de lo decidido por Biden, harán falta más estímulos; y que aún ni siquiera se han puesto en marcha los fondos europeos que, además, su tramitación se ha detenido por las dudas del Tribunal Constitucional alemán.

El negocio de las aseguradoras no cerró en 2020 el mejor de sus años. La pandemia provocó un desplome de sus ingresos, que cayeron más de un 8% frente al ejercicio anterior, afectados por el freno de la actividad económica. Muchas de sus líneas de negocio se desplomaron por culpa del freno económico que provocó la pandemia. Aunque no todas. Precisamente, en un contexto de crisis sanitaria, los seguros privados de salud vivieron un nuevo año al alza. Un crecimiento que venía de años anteriores pero que se ha acelerado en el último ejercicio, al tiempo que se reproducían las olas de la COVID-19.

La banca ha sufrido en sus resultados el año de la pandemia debido a las provisiones que ha tenido que hacer o el freno en algunas de sus líneas de actividad habituales por el parón económico que provocó la cuarentena. Pese a ello, no todo el sector ha notado el impacto de igual manera. En un contexto en el que el sector camina hacia la concentración, el recorte de empleo y el cierre de oficinas, son las entidades que se ubican en las localidades más pequeñas y en regiones más despobladas las que han obtenido, sin embargo, mejores datos económicos.

¿Seguiría trabajando un año más cumplida la edad de jubilación? Si es así, ¿sabe qué cuánto aumentaría su pensión? La reforma de las pensiones que negocia el Gobierno pretende impulsar una fórmula poco conocida en España: la jubilación demorada. Es decir, la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. En la actualidad, España es uno de los países de nuestro entorno europeo que menos premia esta opción. El responsable de la Seguridad Social pretende impulsarla a través de una mayor difusión, pero también mediante un aumento de las ventajas económicas existentes hasta el momento.

Despidos eventuales, expedientes de regulación, recortes salariales, cambio de condiciones de trabajo… "Están destruyendo una empresa pública mientras el Gobierno mira hacia otro lado". Así lo explica Fernando González, trabajador de la empresa EBHI y uno de los cuatro estibadores que hace casi un año se encerraron en las instalaciones de la compañía para llevar a cabo una huelga de hambre que se extendería 37 días. El objetivo, como hoy: defender los derechos de los trabajadores. Desde entonces la situación no ha mejorado.

Un contrato adjudicado a una oferta que llega una semana fuera de plazo, otro que adolece de "falta absoluta de control interno", prórrogas ilegales, escasa transparencia... son otras de las irregularidades detectadas en la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ha destapado "incumplimientos graves" de la normativa de contratación en Correos, la mayor empresa pública de España, en la etapa de Mariano Rajoy en Moncloa.

La lista de irregularidades recogidas en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es, de más de 100 páginas, va mucho más allá de las que los auditores del Ministerio de Hacienda dedican a la adjudicación a una consultora fundada por Miguel Marín, entonces directivo de FAES (la fundación de José María Aznar) para ayudar al grupo a "ahorrar" en sus gastos de limpieza.

Una de las reformas que prepara el Ministerio de Trabajo, y que considera de las más importantes, afecta a las Políticas Activas de Empleo (PAE), a las que España va a destinar más de 3.500 millones de euros este año. Para aquellos que las desconozca, buscan facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y hasta el momento han tenido una eficacia bastante limitada. En un país de cuatro millones de personas en paro, su relevancia no es menor. En el rediseño de las PAE, en vías de diálogo con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, Trabajo propone dar un paso innovador: condicionar una importante parte de los fondos a resultados.

Todos miran de reojo a Karlsruhe. Pero, mientras el Tribunal Constitucional alemán decide sobre la legalidad de la fórmula para emitir 800.000 millones de deuda comunitaria para financiar el fondo de recuperación, los Gobiernos de la UE y la propia Comisión Europea intentan hacer sus deberes en paralelo. No hay plan B.

Así, de aquí al 30 de abril, deberían enviarse todos los planes de recuperación nacionales a Bruselas. "Estamos terminando algunos flecos para aprobarlo lo antes posible y enviarlo a Bruselas", ha explicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras la reunión del Eurogrupo y antes del comienzo del Ecofin de este viernes.