Ya hay plan de teletrabajo, o de trabajo no presencial, para los funcionarios y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) durante la llamada nueva normalidad. Los sindicatos CSIF y UGT han adelantado algunas de las condiciones del acuerdo sobre las condiciones laborales de este personal a partir del 22 de junio, tras el fin del estado de alarma. Incluye un mínimo de cuatro días de teletrabajo para "colectivos priorizables", es decir, aquellos considerados "vulnerables" al coronavirus así como los empleados que tengan a su cargo menores de 14 años y a mayores o dependientes afectados por los cierres de servicios residenciales o de día.

Así figura en el borrador del acuerdo alcanzado este martes por la tarde entre los sindicatos y el Ministerio, que ha podido consultar este medio. Fuentes de Función Pública explican que la previsión es que el acuerdo se suscriba esta mañana y advierten de que informarán con el texto definitivo que surja de la firma.

Según el borrador, el trabajo presencial será el ordinario en la nueva normalidad, por el que los empleados presten sus servicios en los centros de trabajo. Esta modalidad podrá compaginarse con el trabajo no presencial (también llamado teletrabajo), que tendrá carácter voluntario y "podrá ser reversible" por razones de carácter organizativo y de necesidades del servicio, entre otros motivos.

Las condiciones del teletrabajo distinguen dos supuestos. Como se decía, para los "colectivos priorizables" se regula que "hasta un 20% de la jornada semanal" será presencial. En las jornadas habituales, de cinco días laborables, esto supone que los trabajadores deberán hacer un máximo de un día de trabajo en su centro de trabajo. Tendrán cuatro días de teletrabajo.

Los colectivos "priorizables" son tres: las personas de los grupos "definidos en cada momento por las autoridades sanitarias competentes como grupos vulnerables para la COVID-19", los empleados que tengan a su cargo menores de hasta 14 años y aquellos trabajadores "que tengan a su cargo personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectados por el cierre de centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día".

El segundo supuesto alcanza al resto del personal, aquellas personas que no estén dentro de los colectivos vulnerables al virus ni tengan menores de 14 años ni mayores o dependientes a cargo. Para estos trabajadores se acuerda que "un mínimo de un 20% de la jornada semanal" será presencial. Es decir, que en una jornada de cinco días a la semana, al menos uno de ellos tiene que ser presencialpresencial.

"Para el conjunto de trabajadores se podrá acordar que tengan que ir más de un día en oficina, lo que se establece es ese mínimo de un día a la semana en el centro de trabajo. En cambio, para los trabajadores priorizables se establece ese día como máximo", explican desde los sindicatos.

Fuentes sindicales celebran el resultado de la negociación con Función Pública, que indican que ha sido más garantista para el conjunto de los empleados de lo que planteó el Ministerio en un inicio.

El texto incluye varios supuestos que condicionarán el acceso al teletrabajo según los servicios que presten los trabajadores. Por ejemplo, se establece que la prestación de servicios en modalidad no presencial se habilitará "en aquellos puestos de trabajo cuya naturaleza lo permita y siempre que se garantice la correcta prestación de los servicios".

Además, en el caso de que ambos progenitores o responsables de un menor, mayor o dependiente a cargo sean personal de la AGE en activo "no podrán disfrutar de esta medida de forma coincidente", recoge el borrador.

El acuerdo también recoge las garantías de las personas que trabajen a distancia, como que tendrán los mismos derechos y deberes que el resto del personal que preste sus servicios en los centros de trabajo y que no sufrirá ninguna modificación en su salario ni sus opciones de promoción profesional.

También se establece que el teletrabajo "no supondrá menoscabo de la jornada y horario de cada empleado o empleada pública, debiéndose respetar en todo caso el descanso necesario".

Desde CSIF esperan que este acuerdo tenga "su continuación en la futura regulación del teletrabajo, que se empezará a negociar en julio con el equipo de la ministra Carolina Darias", así como en los acuerdos sobre trabajo a distancia que se acuerde en otras administraciones públicas.

La Administración General del Estado emplea a más de 231.000 personas, personal de los ministerios y de sus organismos, sin contar al personal de Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Administración de Justicia, según los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.