Hace meses que la presidenta de la Comisión Europea no participa en una reunión del Grupo Popular Europeo. Es una crítica que sale del propio PPE contra Ursula von der Leyen, la dirigente alemana de la CDU que se hizo con la jefatura del ejecutivo comunitario en 2019 impulsada por Angela Merkel y gracias a un pacto con socialistas y liberales, que avalaron su nombre en detrimento de Manfred Weber, el elegido inicialmente por la familia conservadora. Ahora, cuando se acerca el fin del mandato y, por tanto, la fecha de elegir un nuevo spitzenkandidat, en el PPE comienzan a tomar posiciones.

El Gobierno de España ha extendido a los últimos 94 ciudadanos nicaragüenses a los que les ha sido retirada su nacionalidad, la oferta de nacionalidad española. Así se lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha explicado que el titular de la cartera. José Manuel Albares, se lo ha trasladado así al escritor y político Sergio Ramírez, quien se había dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta oferta se suma a la realizada días pasados a las 222 personas expulsadas Nicaragua y a las que se retiró la nacionalidad nicaragüense, a quienes el ministro Albares ya ofreció públicamente nacionalizarse como españoles.

La Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Hacienda que desarrolla la ley que recoge el gravamen temporal para las empresas energéticas y bancos.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha resuelto en un auto la primera petición de medidas cautelares solicitada en el recurso de Repsol contra los modelos 795, 796, 797 y 798 sobre el pago anticipado del gravamen temporal establecido por la mencionada Ley.

El Tribunal considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos.

La Audiencia Nacional ha rechazado la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Hacienda que desarrolla la ley del gravamen temporal para las empresas energéticas y de crédito.

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha resuelto en un auto la primera petición de medidas cautelares solicitada en el recurso de Repsol contra los modelos 795, 796, 797 y 798 sobre el pago anticipado del gravamen temporal establecido por la mencionada ley.

El tribunal considera que rechazar la suspensión no supone un perjuicio irreparable puesto que, en caso de estimarse finalmente el recurso, se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos.

España es de nuevo el primer país en recibir el visto bueno de la Comisión Europea a otro tramo del plan de recuperación y resiliencia. ¿Y qué significa? Pues que Bruselas avala las reformas que ha hecho el Gobierno para recibir el tercer desembolso de los fondos europeos, que asciende a 6.000 millones de euros. Con esa cantidad, que ahora tienen que autorizar formalmente los 27, las arcas públicas españolas habrán recibido 37.036 millones de euros, lo que supone el 53% de las transferencias totales planeadas hasta 2026.

La Inspección de Trabajo ha sancionado a Ryanair por no aplicar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) tras una denuncia que USO presentó en septiembre de 2021, una multa que oscila entre los 751 y los 7.500 euros.

Como ha informado este viernes el sindicato, USO denunció los contratos de pago por horas y sin salario base que Ryanair y sus agencias de contratación aplicaban a los TCP.

Inspección de Trabajo ha analizado la documentación aportada por el sindicato y considera que, al no especificarse si se trata de contratos a tiempo completo o parcial, están obligados a considerarlos a tiempo completo, por lo que deberían percibir el SMI.

Perú ha hecho un "uso excesivo y letal de la fuerza" impulsado por un "marcado sesgo racista" contra una población mayoritariamente indígena y campesina, según ha concluido Amnistía Internacional (AI), tras una investigación sobre más de dos meses de protestas antigubernamentales que se han cobrado al menos 60 vidas.

La organización ha denunciado que, durante las protestas antigubernamentales en Perú, ha habido "ataques generalizados" hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la "grave crisis de derechos humanos" que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.

"¿Compraste un coche entre 2006 y julio de 2013? Puedes recuperar entre el 10% y el 15% del precio que pagaste por él. Calcula tu indemnización. Nosotros solo cobramos si tú cobras". Estos son algunos de los mensajes que se encuentran en cualquier buscador online si se intenta encontrar un despacho de abogados con el que reclamar a los grandes fabricantes de coches sancionados por formar un cártel que, a lo largo de varios años, engordó el precio de los vehículos.

Álex Hernández ha recuperado su libertad después de pasar 536 días en una cárcel de Nicaragua. El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidió liberarle el pasado 9 de febrero junto a otros 221 presos políticos para expulsarlos después a Estados Unidos acusados de "traición a la patria". Despojado de su ciudadanía nicaragüense, cuenta a elDiario.es desde un hotel de Washington que aún se siente "bastante aturdido", con una mezcla de alegría, incredulidad, ansiedad por el futuro y nostalgia por la familia y los amigos que ha dejado en su país, donde ha quedado inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública y donde aún permanecen encarceladas alrededor de 40 personas por razones políticas, según denuncian los liberados.

El líder de la patronal en España, Antonio Garamendi, está bajo el foco por su subida de sueldo. La CEOE ha regularizado su situación, pasando de facturar sus servicios como autónomo a contratarle en nómina con un salario de "casi 400.000 euros anuales", según la propia patronal. Su remuneración es unas siete veces superior a las de sus homólogos en los sindicatos mayoritarios, los secretarios generales de CCOO y UGT con los que negocia como agentes sociales, según la información facilitada por las centrales a consultas de elDiario.es.