En España, un real decreto limita la circulación de ciudadanos en su territorio a partir de este lunes. Supone una suspensión temporal de los artículos 13 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan la libertad de movimiento, manifestación y reunión pacífica, entre otros. Las cifras justifican la excepción: España es el segundo país del mundo con más nuevos casos, con 9.191 infecciones, 329 muertos y 540 recuperados. La tasa de letalidad es de un 3%. Muchos se preguntan si el gobierno podría hacer lo mismo para vigilar el cumplimiento del Estado de Alarma decretado por el Gobierno el pasado sábado, para el que se contemplan sanciones de prisión y multas de hasta 600.000 euros.
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