El grupo León Benavente sacó su último disco Vamos a volvernos locos en 2019 y consiguió presentarlo en una extensa gira por 60 ciudades que terminó a principios de marzo, justo antes de que la vida se paralizase. Llevan desde septiembre sin tocar –la casi tregua del verano les permitió dar algún concierto– pero el pasado 9 de julio se lanzaron de nuevo a la carretera para volver a ponerse ante el público. 

Festivales como el Cruïlla en Barcelona o el Sonorama de Aranda del Duero son algunas de sus paradas si las iniciativas de ‘cultura segura’ funcionan y no hay que volver a las restricciones.

Pepa soporta el inmisericorde sol de Benidorm para pasear por sus playas repartiendo flyers a turistas y adolescentes con ganas de fiesta. Trabaja como 'relaciones públicas' de la célebre discoteca Penélope y gana muy poco, o por lo menos no lo suficiente como para mantener a su hija Leila.

Un día Pepa se ve en la calle y con Leila en brazos. Sin hogar, sin un trabajo digno y sin recursos, madre e hija asisten a una precipitada caída de piezas de dominó: todo lo que parecía estable deja de serlo.

La Corte Superior de Los Ángeles ha permitido este miércoles que Britney Spears pueda elegir a su propio abogado, un cambio sustancial en la tutela legal que controla su vida desde hace más de 13 años y que la cantante quiere poner fin.

A partir de ahora, Britney estará representada por Mathew Rosengart, un exfiscal que ha llevado casos de celebridades como Sean Penn o Steven Spielberg y que tendrá como primer objetivo sacar a Jamie Spears, padre de la artista, de la tutela.

Desde 2008, Britney estaba representada por Samuel Ingham, un letrado designado por la corte que recientemente solicitó retirarse del caso después de que su labor quedara en entredicho cuando la cantante dijo el pasado 23 de junio que nunca le dejó hablar en contra de la tutela y que tampoco fue informada sobre su derecho a pedir la finalización.

El mundo de la musicología y más específicamente quienes se dedican a la comedia musical española del siglo XIX, es decir, la zarzuela, vive estos días un debate en torno a la propiedad intelectual y a las interpretaciones de las sobras en dominio público, que son aquellas sobre las que sus autores ya no pueden reclamar la explotación de sus derechos: aquellas por las que ya no cobra nadie. Nadie, a no ser que se haya hecho una edición crítica que reactive la maquinaria de los derechos de autor para una persona viva que no es el autor original.

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de la nieta de Dióscoro Galindo, asesinado junto a Federico García Lorca en agosto de 1936 en Alfacar (Granada), para que se investigue su muerte y se localice la fosa común en la que yacen sus restos junto a los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, una decisión que ha causado gran "decepción" entre los familiares.

La nieta de Dióscoro Galindo había presentado este recurso de amparo tras la negativa de un juzgado de Granada y de la Audiencia Provincial a activar esta búsqueda, si bien la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha acordado no admitirlo a trámite "por no apreciar en el mismo la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere", según consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Aunque fueron escritas hace casi dos siglos y en muchos casos sus derechos de autor han entrado en dominio público, los montajes de zarzuelas que se representan en los pocos teatros españoles que le dan al género, no interpretan la partitura y el libreto originales, sino una edición de los mismos. Es un trabajo de actualización, revisión, transformación y arreglo que realizan los musicólogos, una labor a medio camino entre la filología, la historia musical y la interpretación. La última producción del Teatro de la Zarzuela ha sido El rey que rabió, de Ruperto Chapí.

Mata Mua de Paul Gauguin volverá en los próximos días al Museo Nacional Thyssen–Bornemisza con la aprobación del Consejo de Ministros del pacto firmado en enero entre Carmen Cervera y el exministro José Manuel Rodríguez Uribes. La responsable de la Fundación Thyssen que gestiona el museo público se beneficiará de un contrato de alquiler de 130 millones de euros, por orden del Gobierno de Pedro Sánchez, a razón de 6,5 millones anuales durante 15 años prorrogables durante 5 años más. Se trata de una operación inédita en las políticas culturales españolas, tanto por la cantidad como por la naturaleza del acuerdo.

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde al Real Decreto Ley en el que se autoriza al Estado a firmar el contrato de alquiler de la colección de arte de la baronesa Carmen Thyssen. Según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Cultura, el Consejo de Ministros ha aprobado la autorización para que el Estado firme el contrato con la aristócrata, que tendrá que ser ratificado por el Congreso y cuyos detalles se conocerán más adelante. 

La decisión se ha tomado en la reunión en la que Miquel Iceta se ha estrenado como titular de Cultura.

Según pasan las horas del nombramiento de Miquel Iceta al frente del Ministerio de Cultura, en el PSOE encuentran cada vez más razones a la decisión de Pedro Sánchez de prescindir de José Manuel Rodríguez Uribes. "El presidente conocía perfectamente la situación del Ministerio con el sector porque Iván Redondo despachaba cada dos semanas con agentes que le informaban del caos. Cultura era una herida que desangraba al PSOE y es un sector estratégico para la próxima campaña electoral.

"Una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades", escribía el cantante Miguel Bosé en su célebre hilo de tuits escritos en junio de 2020. "Pedro Sánchez 'El Salvador', en nombre del Gobierno de todos los españoles, acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista, como de costumbre sin el permiso de la ciudadanía. Sólo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo.