Un acuerdo en un juzgado de Vigo puede dar la vuelta al tablero sobre el que hace años se dirimen las presuntas responsabilidades del gigante Cosentino y cientos de trabajadores que, al manipular sus encimeras de silestone, contrajeron silicosis sin saberlo. En el acuerdo, avanzado la semana pasada por la prensa de Galicia, el responsable de Cosentino acepta la pena de seis meses de prisión y pagar 1,1 millones de euros a cinco trabajadores de una empresa de instalación de encimeras, por su responsabilidad al no advertir del riesgo del material que manipulaban.

"Sobra sitio" en Castilla-La Mancha para instalar megaproyectos fotovoltaicos en terrenos ya degradados con mínimo impacto. En total, unas 300.000 hectáreas en toda la comunidad autónoma. Es el cálculo que han realizado diversas plataformas posicionadas en contra la instalación de grandes huertos solares en zonas con algo impacto ambiental, quienes han hecho público un informe conjunto

En rueda de prensa, la Plataforma ALIENTE en Guadalajara, la Asociación SOS Aurelia de Ontígola, la Asociación ARBA de Oreja, la Asociación Salvemos los Campos, la Asamblea para la Defensa del río Tajo de Aranjuez, así como representantes municipales de Esquivias, La Villa de Don Fadrique y El Viso de San Juan, municipios de la provincia de Toledo, han denunciado el Real Decreto-Ley del pasado mes de diciembre que permite que los proyectos puedan ser aprobados "sin más control" que el informe redactado por las propias empresas fotovoltaicas y que elimina y reduce los trámites de control ambiental.

La necesidad de una ley que proteja de represalias a las personas que destapan casos de corrupción fue la propuesta estrella de los programas electorales de todos los partidos para las generales de 2016. De todos menos del PP, que vivía acosado por los casos de corrupción y que terminó gobernando. El proyecto quedó en el olvido hasta el ciclo electoral de 2019, cuando de nuevo todos menos el PP se comprometieron a impulsarla. La negociación de una directiva europea sobre la misma temática y la pandemia volvieron a retrasar la norma, que este miércoles llega por fin a su última votación en el Senado.

España ha aprobado in extremis la Estrategia Nacional de Contratación Pública que la Comisión Europea llevaba años exigiendo al Gobierno. El Ejecutivo había prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023 y la responsable de aprobarla, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRESCON), le ha dado su visto bueno sobre la bocina.

La OIRESCON aprobó esa estrategia el 28 de diciembre, tres días antes de que expirase el último plazo comprometido a la UE. La entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda, acaba de colgar el documento en la plataforma de contratación del Estado, tras ser elevada al Consejo de Ministros para su envío a las Cortes.

Miles de hogares miran cada día de manera cercana la evolución del euríbor. De este índice depende su presupuesto mensual y el porcentaje de sus ingresos que se va a pagar la hipoteca. Pero no solo las familias ya endeudadas miran con preocupación la evolución de este coste, también aquellos que buscan adquirir una vivienda y que constatan cómo mes tras mes les es más caro endeudarse para comprarla. Así lo constatan las estadísticas del Banco de España, que apuntan a que el precio medio de las nuevas hipotecas alcanzó en diciembre su nivel más alto desde 2014.

El calendario ha hecho coincidir en el tiempo las negociaciones de las condiciones laborales y salariales de la gran mayoría de gigantes del comercio. Por un lado, las de Anged, en la que están integradas empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Leroy Merlin o Ikea. Por otro, las mesas de Inditex y H&M. Y, en paralelo, parte de los convenios provinciales del textil. Sin olvidar la nueva patronal del retail que puede llegar a cambiar toda la fotografía del sector en solo unos meses.

La reforma de pensiones acumula más de un mes de retraso, pero no logra salir de la situación de "impasse" o "bloqueo". La ampliación del periodo de cómputo es el principal foco de diferencias, pero el ministro José Luis Escrivá insiste en sacar adelante la medida, comprometida a Bruselas. Para intentar aprobar este último bloque de cambios al completo, el Ministerio analiza incorporar algunas de las demandas de los sindicatos y los socios parlamentarios del Gobierno, como una "cuota de solidaridad" para los salarios más elevados, una mejora de las pensiones mínimas y ahondar en la lucha contra la brecha de género, según fuentes de la negociación.

Renfe y Adif han confirmado este lunes el cese de sendos cargos por el error de los trenes que no caben en túneles de Cantabria y Asturias, tras el anuncio de “ceses inminentes” que hizo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado fin de semana.

Adif ha cesado al titular de su jefatura de Inspección y Tecnología de vía como medida preventiva, a la espera del resultado de la auditoría anunciada por la ministra, en relación con los problemas encontrados en los futuros trenes de ancho métrico para Cantabria y otras regiones del norte del país.

Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) ha iniciado la elaboración de un Plan Estratégico cuyo objetivo es la "reformulación de su modelo de negocio, optimizando el aprovechamiento de sus recursos, generando empleo y contribuyendo de manera efectiva" al desarrollo socioeconómico de la comarca de Almadén (Ciudad Real).

Desde la compañía han explicado así en un comunicado que el proceso de reflexión estratégica "con visión de futuro" era "necesario" para llevar a cabo la reconversión de las actividades productivas de MAYASA y la "reformulación de su negocio".

Las organizaciones de agricultores y ganaderos UPA y COAG denuncian que varias cadenas de supermercados, donde citan a Lidl y Dia, venden patata extranjera como si fuera española. También, "utilizan, presuntamente, nombres de variedades de patata que no se corresponden con la realidad", según asegura UPA a través de un comunicado.

Por ello, afirman, han instado al Ministerio de Consumo, a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura; y a la Dirección General de Consumo de la Junta de Castilla y León a que "actúen de forma inmediata y lleven a cabo las acciones pertinentes para abrir expedientes y sancionar" a quienes desarrollen estas prácticas.