El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga la aparición de una serie de documentos clasificados en las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement, que el presidente estadounidense, Joe Biden, fundó tras su tiempo como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

El caso, aunque según medios estadounidenses guarda pocas similitudes, recuerda al que llevó al FBI a registrar la residencia del expresidente Donald Trump (2017-2021) en Mar-a-Lago (Florida) en agosto pasado.

En un comunicado, la Casa Blanca ha asegurado que está cooperando con la investigación, que desarrolla la oficina de Justicia junto a los Archivos Nacionales, encargados de salvaguardar todos los documentos clasificados de las presidencias estadounidenses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga la aparición de una serie de documentos clasificados en las oficinas que ocupó el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde que abandonó la vicepresidencia de la Administración Obama en 2017 hasta que lanzó su campaña electoral tres años después.

Según la Casa Blanca, los documentos fueron encontrados el 2 de noviembre por los abogados del presidente cuando vaciaban su despacho en el Centro Biden por la Diplomacia y Participación en Washington. Inmediatamente después, explicó el asesor de Biden, Richarad Sauber, alertaron a la Casa Blanca y a los Archivos Nacionales, el organismo encargado de salvaguardar todos los documentos clasificados de las presidencias estadounidenses.

Brasil el día de después. Cómo amanece un país tras un asalto a sus instituciones democráticas. “Con ansiedad y desesperanza”, contesta Gabriela Santos, artista audiovisual de 22 años que durante la tarde del lunes sumó su grito al de decenas de miles de personas, hasta 70.000 según los organizadores, en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil. 

“Necesitaba marchar rodeada de personas que piensan, como yo, que esto no puede suceder. Y llenar las calles para decirles que a pesar de lo de ayer, podemos con ellos”, continúa con voz firme.

El Gobierno retrasa sin fecha la reforma de la tarifa regulada de la luz que le exigió Bruselas a cambio de autorizar la excepción ibérica, un cambio cuya oportunidad y efectos acaba de cuestionar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo regulador cree que el nuevo sistema de cálculo va a encarecer los precios y pide esperar para aplicarlo.

El Ejecutivo todavía no ha enviado al Consejo de Estado el texto que recoge la reforma de esa tarifa, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Ya van más de cinco nóminas sin cobrar y situaciones "de extrema gravedad" entre el personal de DLR Facility Services, del sector de la limpieza y compuesto sobre todo por mujeres. En la plantilla hay además "mucha rabia" porque asiste atónita a cómo el propietario de la compañía, el empresario Ángel de la Rúa, montaba un nuevo grupo mediático, el ultraconservador próximo a Vox 'Decisión Media'. Mientras, dejaba de pagar sus salarios, pese a que los organismos públicos que han contratado a DLR seguían pagando el servicio de limpieza mes tras mes.

Con su brutal caída de precios, el sector cripto ha dilapidado todo el crecimiento que acumuló durante 2021, el año de su explosión. El precio del Bitcoin oscila ahora en los 16.000 dólares, mucho más cerca de los valores que tenía antes de la pandemia (en torno a los 10.000 dólares) que al récord de más de 69.000 dólares que alcanzó en noviembre de 2021.

El debate ahora es si los precios que registró durante los confinamientos fueron una burbuja marcada por el contexto del auge de la digitalización, un choque de realidad que se ha llevado todo el sector tecnológico.

David Adler es un economista político de Los Ángeles especializado en América Latina y movimientos sociales internacionales. Ahora coordina la Internacional Progresista, una alianza de organizaciones de activistas y políticos de izquierdas por el mundo inspirada por Bernie Sanders. Adler fue el responsable de política exterior de la campaña del candidato demócrata y estos días está en Brasil asesorando al equipo de Lula. 

Durante la entrevista con elDiario.es desde São Paulo, cuenta que no le sorprendió el asalto al Congreso, el Tribunal Supremo y el palacio presidencial de Brasilia de este domingo ya que "el expresidente Jair Bolsonaro había llamado exactamente a este tipo de insurrección" y, aunque ya no sea presidente, "la tradición política que él representa y que él presidió en estos cuatro años no se ha ido".

"Tengo tres alternativas para mi futuro: estar preso, estar muerto o la victoria", dijo Bolsonaro en agosto de 2021. Faltaba más de un año para las elecciones en las que se iba a jugar la reelección y unos meses antes, el Tribunal Supremo había ordenado anular las condenas contra Lula da Silva, que ya sonaba como posible candidato y, de hecho, lideraba todas las encuestas.

Con la victoria descartada, el asalto del domingo de miles de radicales al Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto –sede del ejecutivo– ha sido el culmen de un largo camino de polarización y deslegitimación institucional alentada en gran parte por el bolsonarismo que, según los expertos, tendrá muy difícil una recuperación política.

Jair Bolsonaro no felicitó a Lula por su victoria electoral. Como tampoco lo hizo Donald Trump con Joe Biden hace dos años. Es más, Bolsonaro se fue de Brasil y se instaló en Tampa dos días antes de la toma de posesión de Lula, en el muy republicano Estado de Florida, en uno de cuyos hospitales se recupera de un dolor abdominal sobrevenido. Cerca de Disneyland, disfrutando de las buenas temperaturas y del privilegio concedido a un gobernante por parte de uno de los países más estrictos con la política migratoria.

Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes que protestan en el sur de Perú han dejado este lunes 17 personas muertas en la ciudad de Juliaca, varios de ellos por heridas de bala, con lo que el número total de fallecidos en las movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte se eleva a 46.

Según los informes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los 17 manifestantes fallecieron en los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, epicentro de las protestas que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones en este año y una asamblea constituyente.