Un juzgado de Madrid celebra desde el próximo miércoles el juicio a los 133 controladores a los que la Fiscalía acusa de un supuesto abandono de servicio público durante la huelga de diciembre de 2010, que llevó al cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas y afectó a 600.000 pasajeros.
Según fuentes jurídicas, todos menos el entonces portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, han llegado a un acuerdo -cuyos detalles aun se desconocen- con el Ministerio Público, que en su escrito inicial pide multas de entre 60.000 y 75.000 euros, y que indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a los viajeros en concepto de cancelación de vuelo y de otros gastos derivados que no se hayan reintegrado todavía.
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