Hace poco más de dos años, la Unión Europea sacó a Andorra de la lista de los paraísos fiscales. Hasta ese momento se había considerado al país en un "régimen fiscal pernicioso" debido a su sistema de bonificaciones en el impuesto de sociedades. Esta bonificación es la que ha movilizado a youtubers, deportistas y coleccionistas como Carmen Cervera a residir en el país pirenaico. Para organizaciones como la ONG Oxfam Intermón, Andorra sí es parte de uno de los 73 países considerados paraíso fiscal por su baja presión tributaria. De hecho, en el seno del Gobierno también hay dos posturas enfrentadas al respecto que impiden el desarrollo de una ley contra el fraude fiscal, porque Podemos quiere que España reconozca Andorra como paraíso fiscal.
Con este traslado, los rendimientos de las sociedades de Cervera serán gravadas con un 5% por el Impuesto de Sociedades andorrano. Si la barcelonesa de 78 años hubiera regularizado su colección de arte offshore tributando en España, tendría que haberlo hecho al 25%. Desde hace más de cuatro décadas los beneficios que han generado sus propiedades artísticas han estado libres de este tipo de tasas. Era el modus operandi que mantenía con su marido Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza: cada nueva incorporación pictórica pasaba a ser propiedad de sociedades al margen de tributos. De hecho, cuando España compró al empresario holandés su colección de arte por 350 millones de dólares (288 millones de euros) el Gobierno de entonces, presidido por Felipe González, no puso pegas a la adquisición de obras de arte alojadas en una sociedad (Favorita Trustees) de las Islas Bermudas, un paraíso fiscal según la Agencia Tributaria española. Esa es la colección que forma la parte esencial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y que recorre el arte europeo en sus grandes hitos plásticos, desde la Edad Media hasta el siglo XX.
Cervera y su marido iniciaron su colección en los ochenta y continuaron hasta finales de los noventa, adquirieron cerca de mil cuadros, la mayoría en subastas internacionales, y compartieron la propiedad de todos. De esta manera aclaraban el reparto de la herencia con el resto de la familia Thyssen. El núcleo más sobresaliente del fondo Cervera que alquilará el Estado próximamente por 6,5 millones de euros al año (en 2020, el Ministerio de Cultura aportó 8,7 millones de euros al mantenimiento del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza) es una escisión de la colección Thyssen de más de 700 cuadros, que compró España en 1993. La pareja apartó 125 pinturas como herencia de Cervera.
El contrato de alquiler, que llevará la rúbrica de José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, garantizará la devolución de Mata Mua, de Paul Gauguin, al museo público, de donde Cervera se lo llevó a Andorra el pasado mes de junio, días antes de que el museo volviera a abrir su puertas tras el confinamiento decretado por el estado de alarma. Meses antes había hecho desaparecer de las salas dedicadas a su colección tres obras de Degas, Hopper y Monet. En Cultura no cuentan con que vuelvan a la colección, porque formaban parte del acuerdo al que Cervera y sus abogados (Ángel Acebes y José María Michavila, exministros de José María Aznar) llegaron con José Guirao, el anterior ministro de Cultura. Según este, el Estado alquilaría la colección con la condición de no excluir del trato Mata Mua, de Paul Gauguin. A cambio, en la decimoquinta renovación del préstamo, Cervera excluyó las tres pinturas para su venta. Caballos de carreras en un paisaje (1894), de Edgar Degas; El 'Martha Mckeen' en Wellfleet (1882), de Edward Hopper, y el Puente de Charing Cross (1899), de Claude Monet, salieron el 30 de enero de 2019 del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
Con la regularización de las propiedades de Cervera, el Gobierno de Pedro Sánchez no incumpliría con su propio programa, en el que se especificaba que se "evitará que se produzcan" vínculos entre las instituciones públicas y las empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como paraísos fiscales. "Ello exige no sólo atacar al corrupto, sino también mejorar los controles en la Administración, así como cambiar el comportamiento de los partidos políticos y de las empresas", puede leerse en el texto de 2019. El PSOE proponía "restringir las posibilidades de contratación directa con el sector público" de aquellas sociedades que se benefician de las ventajas tributarias en los paraísos fiscales.
