En esencia, el secretario general de Cultura, Javier García Fernández, responsable de la adecuación y redacción del nuevo texto (y creador de la de 1985), ha incluido las categorías de bienes que ya estaban recogidas en las leyes de patrimonio de todas las Comunidades Autónomas. De esta manera da entrada a todos aquellos patrimonios que en 1985 no se contemplaron, como son el patrimonio industrial, el subacuático y el cinematográfico y audiovisual. Cuando la Ley cruce por el resto de ministerios implicados, vuelva al Consejo de Ministros y de ahí pase a su tramitación parlamentaria (con las aportaciones de los grupos), el nuevo texto habrá definido qué es un Paisaje Cultural y habrá creado una nueva categoría: el Bien de Interés Mundial, que será una categoría superior a la de Bien de Interés Cultural (BIC) y que se aplicará únicamente a los conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Sin embargo, esta idea tiene un problema: son las Comunidades Autónomas las que tienen las competencias en la declaración. ¿Dejarán las Comunidades gobernadas por el PP, por ejemplo, que el Gobierno se exceda en sus competencias?

Precisamente será en la tramitación de la nueva norma donde se prevé una guerra cultural por la tauromaquia. En 2015, Joan Tardá (ERC) ya les dejó claro a los populares que con la creación de la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial sólo pretendían apropiarse de competencias para levantar la prohibición de las corridas de toros en Cataluña o en otras partes del país. En el anteproyecto del PSOE, tal y como ha podido saber este periódico, no aparece ninguna revisión de este punto, pero puede ser un apartado susceptible a modificar por los socios de gobierno, tanto ERC como Unidas Podemos. De hecho, una de las intenciones especificadas en este anteproyecto es “terminar la regulación del Patrimonio Cultural Inmaterial que la Ley de 2015 dejó con un tratamiento imperfecto”.

El patrimonio es una construcción social de la identidad, tan delicada que debe contemplar y conciliar las expresiones que reflejan cuestiones de lo más dispar. Para el PP, por ejemplo, las tapas son un Patrimonio Inmaterial digno de formar parte de la Lista de la Unesco. Para el PSOE, las tamboreabas y el tañido de las campanas. Por eso el patrimonio cultural no está al margen de los valores y los intereses políticos. Es más, a la sección de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura llegan solicitudes para que el mismo Dios sea declarado bien de Interés Cultural Inmaterial. Todavía está pendiente la creación de un catálogo estatal que recopile todos estos bienes declarados por las 17 Comunidades Autónomas.

Además, en la nueva ley se prohibirá a la Iglesia “enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Públicas”. Es una prohibición que existía en los bienes inmuebles eclesiásticos. También se prohibirá el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos. “Hasta ahora los detectores estaban prohibidos solamente en unas pocas Comunidades Autónomas”, apunta el texto.

Por otro lado, Javier García Fernández también ha protegido los márgenes de actuación de la Ley Estatal frente a las autonómicas, después del fiasco de la pretendida reforma de la Ley de Patrimonio del PP en Madrid, en 2013, paralizada por el Tribunal Constitucional al declarar ocho artículos inconstitucionales.

En el capítulo de prevención del deterioro del patrimonio se creará la figura de Planes de Salvaguardia para los monumentos, con la intención de “evitar catástrofes como el incendio de Notre Dame de París”. Estos planes ya estaban contemplados en los Planes Nacionales, creados en 1985. En esa línea, el Ministerio de Cultura quiere que la conservación preventiva de los bienes culturales sea obligatoria para impedir su deterioro.

Y en caso de lesión de los bienes, la futura ley habrá perfeccionado el régimen de infracciones y sanciones. “No siempre podían aplicarse bien”, asegura el borrador. “Con la reforma de la Ley los bienes culturales dispondrán de mejores medidas de protección, y al tiempo las administraciones culturales dispondrán de instrumentos más ágiles y más eficaces para proteger a esos bienes”, concluye el anteproyecto.