El coste de la prórroga que provocó el retraso beneficia a la actual contratista, que recibe la cantidad sin convocatoria y a su libre disposición. Y por un mecanismo extraordinario, la convalidación, que está reservado a causas imprevisibles o emergencias sociales para atender el pago inmediato de las facturas presentadas por el proveedor. Las convalidaciones no se crearon para habilitar el pago del gasto generado por un fallo en la convocatoria de un concurso público. Era una cuestión que estaba prevista por el equipo precedente y que la oposición advirtió a la consejera en noviembre de 2019. Sin embargo, el Consejo de la Comunidad de Madrid se ha visto obligado a aprobar cada dos meses, fruto de la negligencia en la gestión del concurso, un millón y medio de euros para que los Teatros del Canal no echen el cierre hasta que el concurso se resuelva. En total serán aprobados más de cinco millones de euros sin sostén jurídico.
A finales de junio, medio año después de la conclusión del contrato, el Gobierno regional adjudicó el concurso a la UTE formada por las empresas imesAPI y Salzillo, por 19,9 millones de euros (cantidad similar a la anterior). Clece impugnó el resultado por falta de transparencia, que acaba de resolverse a favor de la nueva concesión. La empresa de ACS queda por tanto fuera del futuro de los Teatros del Canal pero durante siete meses ha asumido la tarea de mantener abierto el centro, con la consiguiente carga económica mientras la unidad recuperaba su normalidad presupuestaria. En su día Clece declinó hacer cualquier consideración sobre la negociación del presupuesto extraordinario que presentaría a la Consejería, consultados ahora por la prolongación de esta situación no han querido hacer ningún comentario. Por su parte, el equipo de Marta Rivera de la Cruz negó a este periódico la información sobre el valor de estas facturas mensuales, con la falsa excusa de que "no son datos públicos". Además, en junio aseguraban que "las facturas se encontraban en tramitación", a pesar de que ya se habían pagado hasta dos mensualidades. Ahora sabemos que el coste al erario público supera los 700.000 euros mensuales.
Para la portavoz de cultura de Más Madrid en la Asamblea, Jazmín Beirak, esto es "un fallo en la planificación de la gestión de los recursos públicos" y una coda al fenómeno de un teatro público explotado por una empresa privada. "Lo más grave es que no hay un proyecto de teatro público. Da igual Clece o Salzillo, porque son empresas que van a explotar un recurso. Es una pérdida de oportunidad para llevar adelante un proyecto de teatro público", añade. También señala el déficit de independencia que causa que la dirección artística y la programación se entregue a dedo y no por concurso público. "Hay ejemplos que demuestran que los concursos públicos enriquecen las direcciones de los centros", dice Beirak en referencia a la directora de Teatros del Canal Blanca Li, nombrada por Rivera de la Cruz sin seguir un código de buenas prácticas.
El nuevo contrato permite a la dirección artística de los Teatros del Canal recuperar la integridad de la programación. Durante once años fue Clece la que se hacía responsable de los montajes de cinco meses al año. Ahora Marta Rivera de la Cruz recupera la programación, pero no ha adjudicado nuevo presupuesto, es decir, con el dinero que antes se creaba el cartel de seis meses (los que gestionaba la Comunidad) ahora se hará para once. El crecimiento alarmante en el precio medio de la entrada al centro público no se ha hecho esperar: para el estreno de Pina Bausch en septiembre solo dos filas tienen un precio de 9 euros, el resto (más de 25 filas) a partir de 25 y hasta 40 euros.
