El órgano de negociación de sus trabajadores es la Comisión de Condiciones Laborales, en la que están presentes CCOO, UGT y CSIF. CGT no está presente en ella, algo que ha reclamado judicialmente cuando a finales de 2019. Ganó en primera instancia pero perdieron en el recurso y actualmente ha interpuesto un recurso de casación.
Las movilizaciones vienen de atrás y han sido respaldadas también por otros sindicatos. CSIF y la Federación de Enseñanza de CCOO han convocado un paro de media hora semanal entre octubre y diciembre de este año. Desde CGT informan que, tras reunirse en Asamblea, el personal local consideró que precisaban de una acción más contundente, por lo que optaron por convocar la huelga que tendrá lugar este viernes.
En el sindicato reivindican que los salarios deberían revisarse cada año de acuerdo con los presupuestos generales de cada país y su cambio de moneda. "Esto es lo que había ocurrido hasta 2009. En 2010 se dijo que se mantenía la situación del contexto del año pasado y no hubo cambios hasta 2019", declara Gurbindo. Según la resolución de la Comisión Internacional de Retribuciones a la que ha tenido acceso este medio, la crisis económica fue el motivo con el que se alegó la no actualización de la retribución del personal laboral en el exterior, dado que esta "determinó la necesidad de adoptar medidas de contención de los gastos de personal de las diversas administraciones públicas".
"A este personal no se le aplicó la reducción en sus retribuciones del 5%, establecida en el Real Decreto-Ley 8/2020 por el que se adoptaban medidas extraordinarias para la reducción del déficit público", añade el informe. Gurbindo describe como "alucinante" que este sea el argumento que, doce años después, siguen utilizando para continuar sin actualizar los sueldos a excepción de 2019, en la que hubo una leve subida que consideraron insuficiente porque "no se escuchó a los sindicatos y fue un poco forzada por aumento de la conflictividad". En 2020, 2021 y 2022 los salarios han seguido congelados. La última resolución, correspondiente al pasado 28 de septiembre, volvió a denegarlo.
Según ha informado a elDiario.es, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, se mantendrá al margen de la convocatoria, pero afirma que "comprende perfectamente las reivindicaciones salariales, porque conoce de primera mano la dificilísima situación en el exterior". El responsable indica que "ha intentado a través de los diferentes mecanismos que ofrece la Administración Pública la revisión o mejora de dichos salarios".
En una entrevista con este medio el pasado mes de junio, García Montero afirmó que "con más presupuesto", potenciaría "la acción cultural española en el exterior" porque es "la mejor manera de defender la verdadera sociedad española es divulgar su cultura".
Gurbindo apunta que la congelación de los salarios es una situación que "no tiene ni pies ni cabeza en ciertos países del exterior. En algunos se cobra como si en España fueran 60.000 euros, pero en otros todo lo contrario". Actualmente hay centros Cervantes en cinco continentes, por lo que se trata de un colectivo de trabajadores con mucha disparidad en sus condiciones de vida.
De todos los territorios en los que están presentes, Reino Unido es el peor parado. "Están que no pueden más", asegura, "su caso es el más grave porque ahora que han salido de la Unión Europea, se les hace pagar los impuestos y seguridad social de allí, y les quitan el 25% del dinero". "Mucha gente tiene otros trabajos para poder mantener a su familia", lamenta.
La actualización salarial es el primer punto a negociar recogido en el comunicado de la CGT. Su petición es que esta subsane la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los empleados, con una subida equivalente a la inflación acumulada en cada país de destino en el período que va de 2009 a 2022. Igualmente definen como relevante desarrollar un acuerdo que establezca una "estructura salarial objetiva" que se adapte a las necesidades de cada uno de los países en los que está presente el Instituto Cervantes.
Su segundo punto a tratar es lograr la implementación de una "clasificación profesional que permita el establecimiento de funciones claras atribuidas a cada puesto de trabajo". De tal forma que existan retribuciones justas y homogéneas adaptadas a cada categoría. Igualmente, reclaman la retribución del 100% en las bajas por incapacidad laboral. "Este derecho no se ha podido recuperar desde que se perdiera en 2012", advierte Gurbindo.
Además, solicitan que la posibilidad de teletrabajar tres días a la semana, tal y como recomienda el Gobierno en el plan sobre medidas de ahorro y eficiencia energética. Por el momento han conseguido que haya pasado de un día a dos de la semana. "Dicen que el sello del Cervantes en el exterior es la presencialidad y no admiten el teletrabajo", advierte la representante augurante la dificultad para conseguirlo. Desde la institución, García Montero indica que "se siente mucho más cerca de los sindicatos cuando luchan por derechos salariales, que cuando hacen exigencias gremiales como la extensión del teletrabajo en la Administración Pública, dejando a la ciudadanía a la merced de una videoconferencia en un hospital o de una clase de español".
Otro de los puntos a negociar es la "suscripción de seguros médicos para el personal y sus familiares dependientes en países con sistemas sanitarios muy deficientes", de tal forma que las condiciones de los empleados se igualen al personal sujeto a la legislación española. La representante indica que estar sería una forma de "compensar" la no subida de sueldos y como medida de proyección.
En la CGT son prudentes a la hora de valorar las expectativas sobre el seguimiento de la huelga el viernes día 18. "Es complicado", describe Gurbindo, aunque anticipa que siendo "los más afectados el personal de los países de Europa Occidental con sueldos peores respecto al nivel de vida", esperan que sea en estos donde su repercusión sea mayor. "2.800 euros en Marruecos es mucho, en Estocolmo no dan para nada", señala.
