La llamada de atención en algunos casos sirve para la recuperación de estos bienes señalados. La iniciativa arrancó hace 15 años ante la falta de conciencia por conservar el patrimonio histórico y artístico heredado. Ahora Vox agarra la bandera del patrimonio, que había permanecido sin dueño ante otros fenómenos más populares como el cine y la gastronomía, abonados al PSOE y PP, respectivamente.
El diputado portavoz de Vox en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados es José Ramírez del Río y hace unas semanas, en el debate sobre políticas culturales organizado por ADEPI, aseguró que lo que su partido piensa es que se debe “invertir más recursos en patrimonio”. “Es imprescindible que la lista de Hispania Nostra deje de aumentar”, añadió. “Cuidar nuestro patrimonio artístico, porque ha sido olvidado. No puede suceder en un país del primer mundo”, dijo. Y explicó su visión sobre el turismo como salvador del patrimonio abandonado, pero conservado con dinero público. Es “imprescindible que le dediquemos mucha inversión a ese patrimonio para dar un salto en las zonas rurales [con el turismo]”.
No se recuerda ningún partido político que en campaña haya reivindicado Hispania Nostra, la conservación del patrimonio y la inyección de recursos económicos en su rehabilitación. Vox atiende a esa España que se desmenuza desde el programa con el que se presentaron a las anteriores elecciones generales, cuando mostraron que su fuerte sería, después de la creación de una ley de protección de la tauromaquia, la restauración y protección de los vestigios de aquella patria gloriosa.
Hace unos días, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, volvió a celebrarse un debate sobre políticas culturales en el que el diputado de Vox, Joaquín Robles, principal ideólogo del programa cultural del partido de ultraderecha, aseguró que para ellos es “primordial la defensa de la cultura nacional, del patrimonio nacional, de las tradiciones nacionales”. Al tiempo, insultó a los creadores contemporáneos, a los que llamó “paniaguados” por recibir subvenciones destinadas a ayudarles en la creación.
El patrimonio forma una parte esencial en su recreación identitaria de la buena España y el buen español. Y está inspirado en la Sección de Ordenación de Ciudades de Interés Artístico Nacional, creada en 1950 por el franquismo, cuya labor fue ensalzar poblaciones relacionadas con la historia de España. Sobre todo, las vinculadas con los Reyes Católicos y el descubrimiento de América. Toledo, Arévalo (Ávila), Sos del Rey Católico (Zaragoza), Santa Fe (Granada) o Albarracín (Teruel), entre muchas.
En estos municipios, el franquismo planteaba un enfoque de ordenación urbanística con fines turísticos, con intervenciones historicistas “grandilocuentes, folkloristas y ordenaciones escenográficas”, señalaron los historiadores Hernández Martínez y Castro Fernández en un artículo de 2013 titulado Patrimonio monumental y turismo. La idea era convertir aquellos monumentos y sitios en identidades y experiencias, transformados en atracciones turísticas desvirtuadas.
El régimen franquista hizo del turismo una actividad económica de primer orden. El imparable impulso del sol y playa tuvo un reflejo menos llamativo pero igual de provechoso en el interior. Las relaciones entre patrimonio y turismo se estrecharon. Fue un “proceso de turistización estatal asentado en la gestión del patrimonio cultural”, afirma el historiador Jesús Nicolás Torres en el libro La turistización patrimonial del franquismo.
Manipularon los elementos de los monumentos y la memoria de los mismos para adecuarlos a su idea de nación. Como explica Jesús Nicolás Torres, el franquismo usó las reconstrucciones patrimoniales como “objetos de propaganda política e ideológica”. Los totalitarismos italiano, alemán y portugués hicieron lo mismo: usaron el pasado para asentar las bases ideológicas que los sustentaban. Los garantes de los orígenes eran los hechos legendarios, las fiestas populares y los monumentos.
El franquismo hizo del patrimonio el testigo de los tiempos gloriosos. Vox usa la misma estrategia y añade la lengua a ese patrimonio nacionalista. Joaquín Robles aseguraba en el Círculo de Bellas Artes que “los restos del imperio hablan español”. Y, en nombre del partido ultra, declaró estar en contra de la cultura “cuya finalidad es acabar con la identidad de España”. Es la Marca España de Vox, el patrimonio nacionalista usado para polarizar a la población.
Esa patria de exclusión que diseñan en sus ficciones está en contra de la nueva Bauhaus impulsada por la Unión Europea, que defiende una “ola de renovación” urbana. Ursula Von der Leyen comparó la nueva arquitectura sostenible con la escuela clausurada por los nazis, en 1933. Por supuesto, la nueva Bahuaus no se opone al patrimonio. En 2021 la Comisión Europea concedió un premio a los pisos Aprop, una creación en Barcelona, fabricados con contenedores de barco. Era una propuesta “bella, sostenible e inclusiva”, virtudes que también destacan en el rescate del patrimonio. En estos planes de la Unión Europea, la sostenibilidad pasa por la recuperación del parque inmobiliario abandonado. Porque podría suponer, además, la repoblación de las localidades abandonadas desde hace años.
En noviembre de 2020, en el Congreso de los Diputados, Pedro Requejo Novoa (Vox) presentó una alarma compartida por muchos partidos: la despoblación deteriora la conservación del patrimonio histórico y artístico. Y acusó a la administración autonómica de Castilla y León de desatenderlo, “desbordada por la magnitud del patrimonio a restaurar, conservar y proteger”. Según este diputado, la provincia cuenta con más de 2.000 iglesias románicas. Ese día desvelaron una de sus escasas posibilidades culturales políticas.
Para comprobar la realidad de sus promesas están los presupuestos destinados a protección del patrimonio en Castilla y León. En ellos encontramos que la inversión económica más significativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Vox en esta Comunidad Autónoma, es la destinada a la promoción del turismo y no la dedicada a recuperar el patrimonio. Si en 2021 se reservaron 29,8 millones para promocionar Castilla y León como destino turístico, en 2023 la ultraderecha apuesta por este área con 85,2 millones de euros. Más del doble.
La “puesta en valor del patrimonio histórico y cultural” de la ultraderecha es mucho menos significativa que la del turismo. En sus presupuestos para 2023, Vox y PP entregarán a la Cultura un total de 126,2 millones de euros. Supone un 0,9% de los presupuestos autonómicos (13.809 millones de euros). En 2021 (en 2022 no hubo acuerdo de presupuestos) la cantidad destinada a Cultura fueron 110,1 millones de euros (también un 0,9% del total).
A las políticas de promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico en 2021 se dedicaron 24,1 millones de euros. En 2023 se entregarán 27,6 millones de euros. Un aumento del 14,5%. También crece la partida de inversión en el patrimonio histórico, artístico y cultural: de 14,3 millones de euros asciende a 17,7 millones de euros. De esta cantidad, la provincia que más se beneficiará será León, que recibirá 4,7 millones de euros para proteger sus bienes. A Segovia la recortan la mitad, como a Ávila, Burgos y Salamanca.
La Dirección General de Patrimonio tiene para 2023 un total de 28,4 millones de euros, en 2021 fueron 24,8 millones de euros. Es decir, 3,6 millones más. Ha crecido un 14,5%. Y a pesar de las propuestas de Vox lanzadas desde la oposición, en Castilla y León invertirán menos en restauración de inmuebles del patrimonio histórico: el millón de 2021 se queda en 800.000 euros en 2023. También recortan lo entregado a familias e instituciones sin fines de lucro: de 2,6 millones de euros a 1,8 millones de euros.
La Comunidad de Castilla y León ha ofrecido a ICOMOS España una sede en Valladolid y 50.000 euros de presupuesto para celebrar su tercer simposio. Desde esta asociación patrimonialista vinculada a la Unesco se reconocen confusos ante el apoyo de la ultraderecha, porque “nadie estaba interesado en montar este evento para hablar sobre patrimonio”, aseguran desde ICOMOS.
A falta de conocer el destino de las partidas que componen estos presupuestos, el consejero de Cultura, Deporte y Turismo Gonzalo Santonja, avanzó en enero que Vox protegería 160 elementos de homenaje a los “caídos por España” como “testimonios fehacientes de la historia”, convirtiéndolos en Bien de Interés Cultural (BIC). Incluyen placas, escudos, lápidas, azulejos, monolitos, monumentos y cruces, entre otras cuestiones.
“Las memorias no se pueden borrar”, dijo entonces el consejero, que reivindicaba el paso jurídico dado por varios procuradores del partido de ultraderecha para reclamar la declaración y protección de estos homenajes al franquismo de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Para Santonja no fue una guerra civil, sino “incivil”.
Es la manera que han inventado para “evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas u otros elementos que transmiten información significativa sobre nuestro pasado histórico, adosados a edificios públicos o situados en la vía pública por ser considerados contrarios a la memoria democrática”. Para los ultraderechistas, las placas de homenaje al franquismo son “documentos históricos”. Al adoptar esta expresión, argumentan que los “documentos históricos” no atentan contra ninguna memoria, “sino que la acreditan”, añaden tratando de camuflar la verdadera motivación de estas placas que enturbian el patrimonio histórico y artístico.
