Producciones Rocknrock juntó en 2013 lo que en los años 80 habría sido un sueño: tres de las mejores bandas de heavy giraron por San Sebastián, Barcelona, Madrid y Santiago. La promotora era de Pierre Sabbag, que durante años trajo a los mejores grupos heavys a España. Según esta crónica sobre el bolo de San Sebastián, Europe hizo de “sparring con un sonido malo”. Whitesnake no merecía ese “deficiente e impropio sonido” y Def Leppard sí mostraron “compactos, profesionales y con una puesta en escena brillante”.
Lo que nadie sabía entonces es que, al terminar, arrancó una pelea judicial que dura ya una década. La SGAE, como hacía entonces, exigió al promotor el 10% de la taquilla en concepto de derechos de autor por comunicación pública: 115.398,40 euros. Este se negó, la SGAE fue a juicio y en primera instancia ganó.
Pero en ese tiempo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia sancionó a la SGAE por abuso de posición dominante. La justicia ratificó esa sanción y le obligó a bajar ese porcentaje al 8,5%. Eso dio una bala a Producciones Rocknrock. En 2019, la Audiencia de Barcelona resaltó “el carácter excesivo de las tarifas generales que aplica SGAE, que se aprecia que están muy por encima de las que se aplican en otros Estados” y fijó que el 3% de la taquilla como suficiente. Esa es la cifra que, por ejemplo, se abona en Reino Unido.
La SGAE acudió al Supremo convencida de que revocaría esa decisión, un peligroso precedente para otros promotores. Pero el pasado 7 de noviembre, el Tribunal Supremo avaló la decisión: “La Audiencia justifica por qué las tarifas aplicadas a los contratos de licencia convenidos entre SGAE y la demandada eran nulos, como consecuencia del abuso de posición de dominio con que había sido impuesta la tarifa del 10%, que había motivado la sanción de la CNMC; y también justifica los criterios que sigue para aplicar una tarifa que considera equitativa, de un 3%”.
La SGAE quita hierro a la decisión. Según un portavoz, los servicios jurídicos de la entidad consideran que ”se limita a un caso concreto de 2013”. Y añade: “La legislación cambió, la tarifa bajó al 8,5% y ahora la SGAE la consensúa entre los principales actores (promotores de conciertos y demás gente del sector)”.
Sin embargo, la abogada que ha ganado el caso, Montserrat Pareja, resalta la importancia del fallo. “La sentencia confirma que la tarifa no era equitativa y que la modificación al 8,5% tampoco lo es y creo que sigue sin serlo porque los criterios para determinar la equidad. La SGAE sigue teniendo la batuta al fijar la tarifa”, explica.
La duda radica en el alcance de la sentencia. Aunque la SGAE lo circunscribe a la gira de 2013, Pareja cree que puede abrir una vía de agua: “Sigue existiendo una posición dominante por parte de SGAE, que sigue fijando a su criterio sus honorarios. Lo ha bajado al 8,5% pero sigo pensando que no es equitativa y los argumentos que da la Audiencia y el Supremo son aplicables. Muchos promotores están intentando explorar esta vía, pero no existía jurisprudencia. Al confirmarse esto, puede abrirse una brecha”.
En un momento de gran eclosión de festivales, los litigios entre la SGAE y los promotores no son infrecuentes. La SGAE, por ejemplo, ha logrado ganarle al Starlite de Marbella el pago de 364.000 euros por derechos de autor. En este caso, como en el de la gira heavy, el promotor alegó que la tarifa era unilateral y anunció su intención de acudir al Supremo.
El pastel es suculento. Los ingresos de la SGAE [PDF] por conciertos se han disparado tras la pandemia: 28,4 millones en 2022 (un 118% más que el año anterior). En total, según su memoria [PDF], repartió 316,3 millones, un 27,4% más que el año anterior. Eso ha aumentado también los conflictos con los promotores. En un sector muy desigual, los empresarios intentan rebajar al máximo el pago de derechos de autor y centrarse en los cachés que negocian directamente con las bandas. La SGAE argumenta que sus programas no solo reparten derechos entre los grandes creadores sino que, entre otras cosas, ayudan a los más precarios. El año pasado, destinó 649.852 euros a ayudar a 815 autores.
Pareja señala que los conflictos vienen a menudo por el sistema de cobro a la música en directo: “Nadie discute que los derechos de autor son sagrados, pero la SGAE cobra el 8,5% de la taquilla sin tener en cuenta si ha tenido pérdidas o beneficios. En estos casos, la inversión es brutal y el riesgo y ventura es muy elevado. Los escenarios, los cachés… son brutales. Tengo clientes con pérdidas que tienen que pagar además el 8,5% de los derechos de autor. En todo caso, debería ser sobre el beneficio neto”. Y añade una duda: “Si la entidad británica les paga a los autores el 3%, siempre me pregunto qué pasa con el dinero restante”.