Por ello consideraban fundamental la creación de una ley para romper poco a poco esa tendencia.

Cuando en el reparto de carteras del gobierno de coalición, Sumar se quedó con la de Cultura, se solidificó que el derecho cultural sería uno de los ejes fundamentales de su ministerio. Lo subrayó con la creación de una nueva dirección general de Derechos Culturales que recayó en Jazmín Beirak, hasta entonces diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y gestora cultural y experta en la materia. En su nombramiento, Beirak confirmó que la prioridad era ese enfoque en los derechos para impulsar el “acceso equitativo a la producción y el disfrute de la cultura en todo el territorio, la expresión de la diversidad cultural, la protección de la libertad de creación y producción o la promoción del plurilingüismo”. Entre sus funciones se encontraba el desarrollo de lo que pasó de ser Ley a ser Plan de Derechos Culturales.

Un plan que ha comenzado a andar este miércoles con el anuncio de un proceso de escucha que se alargará hasta diciembre para luego establecer las medidas concretas que lo integrarán y con la que quieren que la Cultura se convierta en una “línea estratégica integrada”. Pretenden dar un “nuevo prisma a las políticas públicas” y crear “un nuevo paradigma que permita atender a cuestiones que antes estaban menos trabajadas en modelos previos”. 

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la reunión del Grupo Coordinador de Sumar, en el Espacio Rastro, a 13 de junio de 2024, en Madrid (España).

Un plan que atenderá a trece ejes, entre los que destaca la desigualdad territorial, de género, y la defensa contra la censura. Un “trabajo de diagnóstico para recabar propuestas” para el que se crearan grupos de trabajo de quince personas entre expertos y agentes del tejido; además de personas realizando entrevistas y cuestionarios, con 20 personas por eje. Lo que en total supone un total de 500 personas para este nuevo plan que espera presentar en mayo de 2025. Además, en septiembre habrá una plataforma online para que los ciudadanos puedan contribuir en su creación.

Todas estas personas serán remuneradas en una partida ya contemplada; pero para el Plan de Derechos Culturales, desde Cultura confirman que se requiere “un aumento presupuestario” en el que se encuentran trabajando. Confían, para su implantación, en una legislatura larga y que la medida arraigue para que tenga continuidad. Para ello necesitarán también la colaboración de las CCAA. 

Respecto a la censura, y a la espera de terminar el proceso de escucha, desde el ministerio avanzan que ya han pensado en cómo pueden intervenir para garantizar la libertad de expresión, y para ellos dentro del plan pretenden abordar “las condiciones materiales que son proclives al ejercicio del control o la censura”. Subrayan que muchas de las cancelaciones han tenido en común la ausencia de un contrato previo firmado, por lo que se favorecía esa censura, por tanto pretenden abordar modificaciones como la incorporación de pre contratos o de cartas compromiso para atacarlo no solo desde “la dimensión ideológica sino desde las condiciones materiales”.

En el acto de presentación Jazmín Beirak ha pedido dejar de pensar en las instituciones como “proveedores de cultura” y más como “facilitadores” que dan las condiciones para desarrollar una vida cultural plena y un tejido cultural. Entender la cultura como “un derecho” como se hace en el derecho internacional, y eso requiere que la gente pueda acceder a la cultura, pero también a la creación, “protegiendo contra la censura” y en otras cuestiones como “contribuir al diseño de las políticas culturales”. 

En esencia, este plan pretende “garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder y disfrutar de la cultura en condiciones de igualdad, promoviendo la diversidad cultural y protegiendo los derechos de los creadores y trabajadores del sector”. Un plan que han definido como ambicioso, tal como han explicado las coordinadoras de dos de los grupos de trabajo que colaborarán en la elaboración del plan: Beatriz Barreiro, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos; y Dagmary Olivar, investigadora y gestora cultural.

Los distintos aspectos que abarcará el plan se organizarán en trece ejes temáticos, que orientarán la formación de los grupos de trabajo. Son los siguientes: ‘Desarrollo local y comunitario’, ‘Educación y cultura’, ‘Mediación cultural’, ‘Igualdad de género’, ‘Diversidad étnico racial’, ‘Diversidad lingüística’, ‘Discapacidad’, ‘Desigualdad’, ‘Cultura intergeneracional’, ‘Sostenibilidad, ‘Derechos digitales’, ‘Evaluación de las políticas culturales’ y ‘Adecuación normativa, buenas prácticas y gobernanza’.

Con este plan se asume que “no todo el mundo puede acceder en misma manera, ya que hay obstáculos económicos de raza o género”. Como subrayó Barreiro, durante mucho tiempo se ha considerado a la cultura un bien de segunda categoría, pero la nueva concepción de la cultura dentro de los derechos humanos hace que esto vaya a cambiar. Desde el Ministerio quieren que la cultura se convierta en algo “transversal”. “La cultura no es transversal, no es un sector, tiene que ver con la educación, con la redistribución del capital cultural, con generar público o con vincularla con la salud”, explican desde el ministerio. El cambio de paradigma pasa por “entender que el principal destinatario de las políticas publicas es la ciudadanía”, algo que es claro en otros sectores, pero no siempre en la cultura.

Para Urtasun esto confirma también cómo entiende su cartera la cultura, no como un menú cerrado, sino como “un espacio de libertad y fraternidad que crea las condiciones para ensanchar nuestra democracia”, y por ello cree que este plan es “una herramienta fundamental que abre una ventana de diálogo con la sociedad” y que coloca a España en la “vanguardia de las políticas culturales de Europa”.