A Victoria Rosell, magistrada en ejercicio que conoce muy bien su gremio -sufrió la persecución de un colega que finalmente fue condenado por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial y está en prisión-, le provocó este comentario en X, antes Twitter: “Debe ser broma. Algunos preparadores lo han legalizado. Pero otros han tenido de 20 a 120 alumnos, presencial y on line, a 200-300 €/mes en B. Echen cuentas”.

A mí, no sé bien por qué vericuetos de la memoria, lo del informe me ha recordado dos de mis erratas favoritas. Una, aquella que salió hace muchos años en el BOE -hubo quien creyó que intencionadamente, por algún trabajador de talleres del Boletín- en la que se hablaba del Conejo General de Joder Judicial (sic). La segunda, la de aquella entidad que en uno de los primeros artículos de sus Estatutos proclamaba que era “una organización sinónimo de lucro”. Sinónimo, no sin ánimo.

El proyecto del Ministerio de Justicia establece la obligatoriedad de los preparadores de obtener licencia para poder formar a los futuros jueces y fiscales, con lo que tendrían que aflorar esa actividad, declarar sus ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Es decir, salir de la economía negra de la enseñanza, aunque sus muy comprensivos mayores lo disfracen de “fines generosos de colaboración”.

Si el Consejo General del Poder Judicial no lo entiende, tenemos un problema grave, un problema que nos va a provocar mucha indignación y ninguna risa a casi todos los contribuyentes. ¿La ley es igual para todos salvo para los magistrados, jueces, fiscales, etc. que preparan a opositores y cobran por ello?