Los peritos cedidos por el Banco de España a la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular desgranarán ante el juez durante toda esta semana los detalles del informe, conocido la pasada primavera, en el que descartaban que la entidad fuera inviable en la ampliación de 2016.
Según el calendario que maneja el juez José Luis Calama, los dos expertos, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández, expondrán desde este lunes y hasta el viernes las conclusiones de su trabajo, de más de 400 páginas, en el que apreciaban, no obstante, ciertas dudas sobre el tratamiento contable y la calidad de las tasaciones del banco.
Aunque fueron designados a finales de 2017, poco después de la admisión a trámite de las primeras querellas contra el presidente Ángel Ron, su sucesor, Emilio Saracho, sus respectivos consejos y la firma de auditoría PwC, no fue hasta el pasado abril cuando los peritos remitieron al juzgado su escrito.
En él, ambos aseguran que no puede decirse que el Popular fuera inviable en la ampliación de capital de 2016, en la que los inversores suscribieron acciones por valor de 2.505 millones de euros, pues a diciembre de ese año "su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones".
A pesar de que "era previsible que sus accionistas sufrieran pérdidas por el reducido margen para cumplir con los requerimientos de solvencia" exigidos por el Banco Central Europeo (BCE), el banco disponía "además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios".
Con todo, los expertos inciden en que "con independencia de otros posibles déficits de provisiones", el importe de la ampliación hubiera debido ser mayor para lograr sus objetivos; de hecho, los anunciados para 2018 "sí eran alcanzables mediante operaciones de desinversión que el Consejo adoptó posteriormente".
Cuantía al margen, los dos dudan de "algunas de las hipótesis" contenidas en el folleto de la operación, las cuales "eran demasiado optimistas", especialmente aquellas sobre la evolución de la cartera de dudosos, lo que "invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia" del documento.
El informe también indica que las cuentas de 2015 "no respetaban determinados aspectos del marco contable" del Banco de España, como se demostró tiempo más tarde, cuando la "corrección parcial de algunos de ellos causó las pérdidas a diciembre de 2016".
Además, ponen en el punto de mira las tasaciones seguidas por el Popular hasta finales de 2016, esto es, durante la presidencia de Ron, en las que se produjeron casos de "sobrevaloración" por "la debilidad del control interno".
En este sentido, aunque la metodología escogida por el Popular cumplía con la normativa internacional, el peritaje advierte de que su sistema contravenía la "propia política contable establecida por el Consejo", que rechazaba el uso de compañías que no figurasen en el registro.
El interrogatorio a los peritos abre una nueva fase en la causa después de que el pasado jueves el ex consejero dominical del banco, Jaime Ruiz Sacristán, cerrase la ronda de declaraciones de los investigados.
