El embrollo del IVA no cobrado por las administraciones públicas correspondiente a un mes de 2017 se complica. Si el viernes pasado fueron las comunidades autónomas las que recibieron la noticia de que no recibirán los 2.500 millones que reclaman, ahora algunos ayuntamientos del PP amenazan con ir a los tribunales por su propia factura. Los grandes ayuntamientos reciben una parte menor de ingresos por IVA.

El alcalde de Zaragoza, el conservador Jorge Azcón, ha elevado a 750 millones de euros la cantidad global que deberían haber ingresado las entidades locales por la liquidación de un mes de 2017 en el que el dinero que les correspondía por el principal impuesto indirecto no les llegó: primero por la entrada en vigor de un nuevo sistema (el SII) y después por la ausencia de presupuestos generales del estado para 2019.

El asunto se tratará en el Consejo de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). En esta reunión la ministra de Hacienda, María Jesús, y de Administraciones Públicas, Carolina Darias, comunicarán a las administraciones locales sus objetivos de estabilidad presupuestaria para este año como paso previo a la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020.

En el caso de los ayuntamientos, el Gobierno no contaría con el margen de relajación de los objetivos de déficit público con el que se ha compensado a las comunidades para paliar las cantidades no liquidadas (según Hacienda la ley se lo impide y además las CCAA ya lo han gastado el año pasado, por lo que simplemente no les computará a efectos de déficit público). En el caso de las entidades locales, tanto el año pasado como este se prevé equilibrio presupuestario, por lo que no habría, supuestamente, déficit que compensar. 

Para comprender el enredo contable por el que dejó pagarse a las comunidades, y también afectó a los ayuntamientos, la mensualidad del IVA correspondiente a diciembre de 2017 debemos remontarnos a la implementación ese año del llamado Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. Entre otras cuestiones, esta medida que adoptó Montoro implicó que el plazo de pago de las autoliquidaciones pasara del 20 de cada mes al 30. El pago del IVA mensual de diciembre de 2017 entró en caja en enero de 2018. De manera que, en tales términos de caja, en 2017 solo se contabilizaron once meses de ingresos de las autoliquidaciones de IVA, sin que ninguna comunidad autónoma del PP protestara por este cambio.

En 2019 llegó la hora de liquidar el ejercicio 2017 (es decir, ver si los anticipos ingresados por el estado central a las autonomías eran mayores o menores de lo efectivamente recaudado por IVA, y compensar las diferencias). Esta operación siempre se hace con un decalaje de dos años, y ya estaba María Jesús Montero al frente del Ministerio. La solución que se ideó para resolver el problema fue articular un cambio normativo en el IVA a través de los Presupuestos de 2019 que supuso adelantar la autoliquidación que se abona en diciembre del día 30 al 20, generando así el efecto contrario que en 2017. De esa forma, en términos de caja, en el año que acaba de terminar se contabilizarían los ingresos de 13 meses, compensando así los once meses de 2017. Esta solución no pudo aplicarse ya que el proyecto de presupuestos fue rechazado.