La senda de estabilidad, es decir, los objetivos de déficit y deuda con los que se ha calculado el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, serán aprobados este jueves en el Congreso de los Diputados, toda vez que ERC ha anunciado que lo facilitarán con sus votos (no han desvelado aún si con apoyo o abstención), lo que significa que contarán con más síes que noes. 

"Hoy tenemos un gobierno en España que prioriza el diálogo a las porras", ha dicho el portavoz republicano Joan Margall, que en todo momento ha circunscrito su apoyo  de este jueves al diálogo abierto hace unas horas entre el Gobierno y la Generalitat y no a la propia senda de estabilidad y al techo de gasto que, según ha dicho, no les gusta.

Por su parte, el portavoz de JxCat, Ferrán Bel, ha anunciado también que darán sus votos, pero ha advertido de que a su juicio es un error vincularlo a la continuidad de la mesa de diálogo, porque en ese caso les obligaría a votar a favor de todas las iniciativas del Gobierno para que continúe. 

La ministra de Hacienda, María Jesús  Montero, se había comprometido además a flexibilizar la regla de gasto para darle un mayor margen a comunidades autónomas y ayuntamientos, tal y como reclaman, ha recordado, formaciones como ERC, EH Bildu, Compromís o Más País. 

Montero ha defendido en su intervención la senda de corrección del déficit público para los próximos años –1,8% del PIB en 2020, 1,5% del PIB en 2021, 1,2% del PIB en 2022 y 0,9% del PIB en 2023– para adaptarla a la realidad "económica, social y política" del país. Se trata del primer trámite en la Cámara Baja que debe cumplimentarse para acabar aprobando unas cuentas públicas que sustituyan los vigentes, diseñados por Cristóbal Montoro.

Ahora al Ejecutivo le tocará aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos de 2020 para poder iniciar un trámite que suele prolongarse tres meses y que podría durar hasta finales de marzo o principios de abril, fecha en la que el Gobierno tiene que mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas. El proyecto deberá amoldarse al techo de gasto ya aprobado (y que no se somete a votación parlamentaria, solo se informa del mismo) y que es de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales, donde seguramente deberán tener cabida algunas de las reivindicaciones de grupos minoritarios con los que Sánchez debió comprometerse para conseguir su voto en la investidura. La intención es que los nuevos presupuestos estén en vigor este verano. 

Según Montero, las señas de identidad de las cuentas públicas serán "la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad", respetando los compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público de la UE.

El modelo de crecimiento, según dijo, estará basado en la inversión en I+D+i y en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias como la dependencia, la pobreza infantil y el acceso a una vivienda digna. El compromiso del Gobierno en la lucha contra la desigualdad también se reflejará en los PGE mediante un mayor énfasis en los programas destinados a eliminar la brecha salarial o en políticas que avancen en la conciliación laboral y familiar y en recursos para combatir la violencia de género.

Por primera vez las cuentas públicas incorporarán un informe orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, otro al impacto de género y un tercero a las políticas de infancia, juventud y familia.