El Tribunal Supremo (TS) de Madrid ha vuelto a desestimar el recurso de la Comunidad de Madrid para frenar la nulidad de la venta de 2.935 viviendas públicas al fondo de inversión Azora, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).

Según la providencia a fecha de 9 de marzo a la que ha tenido acceso Efe, el Alto Tribunal ha inadmitido el incidente de nulidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la sentencia del 12 de diciembre, que ratificó la anulación de la resolución del 29 de agosto de 2013 de la venta de estas viviendas protegidas por valor de 211 millones de euros.

La Comunidad de Madrid ya recurrió el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), que también anulaba la posterior comunicación del Ivima, en relación con la enajenación de las viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles, por las consecuencias directas a los inquilinos afectados.

El TS ha inadmitido las alegaciones del letrado de la Comunidad de Madrid y el último recurso que le queda al Gobierno regional es el de amparo ante el Tribunal Constitucional, que interprondrán una vez reciban la providencia del TS, según han indicado desde la Consejería de Vivienda.

Fuentes del área han explicado a Efe que la Comunidad de Madrid planteó un incidente de nulidad el pasado mes de enero ante el Tribunal Supremo al entender que el auto que anulaba la venta de las 3.000 viviendas "podía estar lesionando los intereses de más de 1.000 familias que ejercieron su legítimo derecho a la compra de su vivienda, cumpliendo todos los plazos y requisitos legales marcados por la ley".

"La Comunidad de Madrid debe de garantizar y proteger los derechos de aquellos que compraron de buena fe. Todos eran conocedores de las condiciones de acceso y plazos de protección de las viviendas que ocuparon", han subrayado.

Tras conocer la providencia, las familias afectadas por la venta de estas viviendas han solicitado a Díaz Ayuso "que deje de prolongar su inaceptable situación e inicie el proceso de recuperación de los inmuebles y la restitución de sus derechos como beneficiarias de vivienda pública".

"La Comunidad de Madrid debería poner fin a esta agonía, que durante siete años", ha resaltado en un comunicado el presidente de la Fravm, Quique Villalobos.