La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha urgido ese lunes al Gobierno a tomar medidas que inyecten liquidez a sus empresas, ya que la drástica caída de ingresos que sufren está poniendo en riesgo su viabilidad.

El presidente de Confebus, Rafael Barbadillo, ha explicado que solamente tres partidas (personal, combustible y financiación de la renovación de flota) representan más del 85 % de sus costes y que las tres precisan de tesorería suficiente para hacerlas frente, mantener vivas las empresas y cumplir con las obligaciones de servicio público.

Entre las medidas "urgentes" que reclaman están la eliminación de la morosidad de las administraciones públicas con el sector, el pago de los contratos de transporte escolar de los centros de educación públicos suspendidos por el cese de la actividad educativa y la prórroga de los contratos que vencen este curso.

También el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y autónomos de hasta seis meses sin intereses, la ampliación de la exoneración del cien por cien de las cotizaciones de la Seguridad Social de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) a las empresas de más de 50 trabajadores. una moratoria fiscal del IVA y el impuesto de sociedades y de los préstamos derivados de la renovación de flotas, entre otras.

Para poder garantizar el sostenimiento de los servicios que se están prestando actualmente, Confebus pide una partida económica de ayuda a los operadores y advierte de que sin ella "resultará difícil garantizar la continuidad de las líneas regulares, si la situación de excepcionalidad continúa más semanas".

El transporte de viajeros por carretera, uno de los sectores más afectados por el estado de alarma, comenzó a notar ya en el mes de febrero los efectos del coronavirus, con la caída de la demanda en los circuitos turísticos para personas procedentes de Asia, que ya estaban afectadas por las medidas de confinamiento, y la cancelación de congresos como el Mobile World Congress.

Le siguieron la cancelación de viajes de fin de curso a Italia, excursiones y viajes en general, el cierre de la actividad docente y la suspensión de los viajes del Imserso.

Finalmente el estado de alarma decretado el 14 de marzo se ha traducido para ellos en una caída de la demanda de entre el 90 % y 100 %, si bien no ha parado del todo por ser un servicio público de movilidad.