El alcance de las ayudas al alquiler sobre viviendas de titularidad privada para los colectivos más vulnerables ha enfrentado al Gobierno con los colegios oficiales de agentes de la propiedad, que tras acusar al Ejecutivo de "abrir la puerta a procesos expropiatorios" finalmente han retirado sus palabras.

Tras una jornada de reproches y declaraciones por ambas partes, el presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Gerard Duelo, ha dado por buenas las aclaraciones que le ha hecho personalmente el director general de Vivienda y Suelo, Francisco Javier Martín, y ha atribuido a una "confusa redacción" de la orden ministerial su interpretación inicial.

La controversia comenzó poco después de que el BOE publicara el pasado sábado, 11 de abril, la orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que desarrolla las ayudas al alquiler para los colectivos más vulnerables aprobadas a raíz de la crisis del coronavirus.

En ella, el ministerio que dirige José Luis Ábalos faculta a las comunidades autónomas a poner a disposición de víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o sin hogar una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, para que la ocupen en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho.

A continuación establece que "cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes".

Desde su publicación varios medios interpretaron este párrafo como que el Gobierno está facilitando la ocupación por la fuerza de viviendas, los procesos de expropiación, incluso que con él queda abolida la propiedad privada.

Un debate que fue creciendo en las redes sociales y que el propio Ábalos intentó cortar el lunes por la noche en rueda de prensa, cuando subrayó que la orden "no permite la expropiación de viviendas vacías ni de segundas residencias", ni supone "ningún ataque a la propiedad privada".

Su intento no tuvo éxito, ya que este martes el presidente de los agentes inmobiliarios (que representa a 46 colegios de toda España y unos 10.000 agentes) sostenía en un comunicado que la nueva norma "sí abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada a través de procesos expropiatorios" y cuestionaba su constitucionalidad.

En declaraciones a Efe, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, le replicó que dicha orden "no regula absolutamente nada ni sobre el derecho a la propiedad ni sobre la propiedad privada, ni permite la expropiación ni regula nada de manera inconstitucional".

Gerard Duelo argumentaba que la orden "incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada" y que "no describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas".

"Más bien parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias en las que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el artículo 33.1 y que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida", criticó.

Estas palabras le sirvieron para que el secretario general de Vivienda, David Lucas, le reprochara su "gran desconocimiento del Derecho" y su "desconocimiento jurídico de lo que es esta orden en relación con el Real Decreto (que desarrolla) y con el contexto en el que se está produciendo".

Lucas lamentaba "profundamente que en vez de valorar la garantía que se está estableciendo en esta orden ministerial y en el Real Decreto del derecho a una vivienda digna a mujeres maltratadas, a personas desahuciadas, sin hogar y especialmente vulnerables, se hayan encargado de soltar bulos y tergiversar".

Pocas horas después, un nuevo comunicado de Gerard Duelo daba por buena la explicación del ministerio: "la aclaración efectuada por el director general cierra la puerta a las expropiaciones que la confusa redacción del apartado 3 del artículo 4 de la mencionada orden parecía dejar entrever", se excusaba.

"El Ministerio ha querido tranquilizar y trasladar que la intencionalidad del precepto no pretende una ocupación inconsentida de propiedades privadas por parte de la Administración del Estado y abrir procesos expropiatorios con ese objetivo", señala la nota.

En ella, el presidente de los agentes inmobiliarios se da por enterado de que lo que pretende la orden es "autorizar a las comunidades autónomas a utilizar fondos del Plan Nacional de la Vivienda (2018-2021), con la finalidad de obtener del sector privado viviendas en alquiler y dar así solución habitacional a dichos colectivos con la máxima prontitud y agilidad".